Los senadores Alejandro Guillier, Lily Pérez y Antonio Horvath presentaron una iniciativa legal que busca sancionar a las empresas que incurran en actos impropios y malas prácticas de cualquier ámbito con sanciones que pueden llegar hasta la pérdida de la concesión sobre el recurso natural que administran.
En el comunicado enviado por los parlamentarios se destaca que el proyecto de ley busca incorporar a la Ley N° 20.393 referida a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sanciones a ciertos delitos de carácter tributario; y establecer penas asociadas tanto a dichos delitos como al resto de los que ya se encuentran considerados en la referida ley, consistentes en la prohibición de adquirir determinadas concesiones, de usarlas y gozarlas a cualquier título, ya sea por un tiempo determinado o a perpetuidad, contemplando incluso la pena de caducidad de las concesiones mineras vigentes.
La Senadora Lily Pérez señaló que “tal como hemos apoyado la labor del Ministerio Público en investigar con fuerza aquellos políticos que están involucrados en financiamiento ilegal de sus campañas u operadores que han financiado ilegalmente partidos políticos, nosotros creemos que aquellas empresas que han recibido concesiones del Estado y que hayan sido también vinculadas a este tipo de casos deben perder las concesiones.
Por su parte, el senador Horvath valoró la iniciativa de la bancada, indicando que «los recursos naturales por esencia son de todos los chilenos, y cuando estos se concesionan, ese derecho que tienen todos los chilenos sobre ellos no se puede ver menoscabado, por lo tanto si se entrega una concesión y se hace un mal uso de ella o los negocios son de carácter ilícito, lo lógico es que pierda la concesión y sean sancionados como corresponde, por lo que me parece que es una iniciativa oportuna y necesaria».
Mientras que el senador Guillier manifestó la necesidad de que la iniciativa sea prontamente tramitada, asegurando que “no hay que olvidar que en la génesis de la Ley N° 20.393, uno de los propósitos definidos para su aprobación fue adecuar nuestra normativa para permitir el ingreso de Chile a la OCDE. Pues bien, transcurrido un tiempo y, habiendo dado un primer paso acotado o restringido a determinados tipos penales, como son el lavado de dineros, el financiamiento del terrorismo y el soborno o cohecho activo a empleados públicos nacionales o extranjeros, debemos ampliar el alcance de dicha ley, la que, a la fecha, ha tenido muy escasa aplicación. De esta manera, estaremos corrigiendo una situación de impunidad que se observa actualmente ante determinadas conductas ilícitas de un grupo reducido de empresas, pero que genera el más absoluto rechazo e indignación de la sociedad en su conjunto”.