(Pulso) Una producción de 9,54 millones de toneladas de cobre anuales podría alcanzar Chile en apenas una década más, en caso que desarrolle el máximo potencial de sus proyectos que manejan las empresas. Eso significaría un incremento del 65% respecto del nivel de producción actual, lo que a la vez fortalecería el liderazgo que tiene el país en este competitivo mercado.
Pero antes de que eso ocurra hay un sinfín de temas que no han sido resueltos -en algunos casos, ni siquiera abordados- y que son críticos para el sector. Así lo plantea el estudio “Potencialidades y Desafíos para la Minería del Cobre Chileno a 2035”, elaborado por los académicos Gustavo Lagos, David Peters y José Joaquín Jara, del Centro de Investigaciones Estratégicas de Minería (CIEM-UC).
En el extenso estudio, en el que se abordan los principales desafíos que debe abordar Chile para allanar el desarrollo de esta actividad, se parte señalando que desde 2012 las condiciones para el desarrollo de proyectos de producción minera de cobre han estado “lejos de ser óptimas” y que las posibilidades de que eso se revierta en los próximos años es mínima.
“La potencialidad de la minería chilena del cobre en el largo plazo sigue intacta (…) y es por ello que es relevante analizarla identificando los desafíos que esta tendría si pudiese desarrollarse en su totalidad”, se explica.
El estudio analiza qué pasaría con la producción chilena de cobre si se desarrolla a su máximo potencial durante la próxima década, lo que supone desarrollar toda la cartera de proyectos mineros que manejan las empresas. El listado, se aclara, es mucho más amplio que el que maneja la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y que hasta el año pasado llegaba a casi US$104 mil millones.
Eso sí, en el estudio se señala que la posibilidad de que esto ocurra -que se desarrollen todos los proyectos, el escenario máximo- es prácticamente imposible. Entre las razones para este pesimismo están no sólo las de índole económica como la baja del cobre, sino que también factores internos como la situación energética, el llamado “Barranconazo” (el llamado del ex presidente Piñera para detener el proyecto Barrancones, de GDF Suez) y la judicialización del proyecto El Morro, del desarrollo de Los Pelambres y otros que han reducido, se explica, la confianza en que una vez contando con los permisos ambientales los proyectos puedan construirse y funcionar.
“El escenario que se considera en este trabajo supone la superación de todas estas condiciones y obstáculos, lo que parece muy lejano por ahora”, escriben los autores.
Para que se gatille este escenario máximo o total, se requieren tres condiciones: la primera es un alza de los precios del cobre, la segunda una superación de la incertidumbre regulatoria y la tercera, que los precios de la energía sean inferior a los US$100 por MWh.
[Exportaciones de cobre representaron la mitad de los envíos de Chile en 2014]
Permisos ¿a firme?
El tema regulatorio es una de las principales preocupaciones de los autores del informe. Según el documento, aunque hasta 2004 la mayoría de los recursos de protección contra el desarrollo de proyectos (de todo orden de actividades económicas) había sido resuelto de manera favorable para las empresas, el fallido proyecto Alumysa y la actuación de las autoridades de entonces, que llevaron al titular de la iniciativa, Noranda, a retirarla del sistema de evaluación ambiental, fue la voz de alerta.
“Poco menos de un año después ocurrió la muerte de los Cisnes en el río Cruces, la que se atribuyó a las emisiones de la planta de Celulosa Celco. El impacto de este evento fue gigante en la población, y se sintió en la estructura y organismos regulatorios del país. Sin mediar cambio legislativo o normativo alguno, a partir de 2004 la duración de las evaluaciones de impacto ambiental en todo el país comenzó a crecer, debido a un aumento sistemático del número de preguntas que la autoridad realizaba a los proyectos”, advierten los autores.
Así, el tiempo de tramitación de las iniciativas pasó de los 300 días promedio hasta 2003 a cerca de 500 días. Luego fue la ciudadanía la que comenzaría a ejercer presión, aumentando las exigencias y estándares para los proyectos.
En relación con los precios de la energía, el estudio explica que esto está íntimamente relacionado con la incertidumbre regulatoria, pues los proyectos de generación también se han visto afectados por este nuevo escenario. La complejidad es mayor si se tiene en cuenta que la crisis del gas fomentó la construcción de centrales a diesel que han encarecido los precios en el sistema eléctrico.
Fundiciones, relaves y agua
Otro aspecto relevante es lo que ocurra con las fundiciones. Aunque está vigente y acercándose velozmente la fecha en que entrará en vigencia la norma de emisiones para las fundiciones, esta ya está desacoplada de la situación internacional, pues exige una captura del 95% de las emisiones versus el 99% que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto elevaría el requerimiento de inversiones desde los US$2.000 millones que se estima costaría a la industria nacional cumplir con el Decreto 28, a US$5.000 millones. Todo, en medio de un escenario de alza de costos que podría hacer insostenible el cumplimiento de la norma y obligar a las fundiciones a cerrar.
También preocupa la disponibilidad de agua y la disposición de relaves. Sobre el primer punto existe un consenso en que la industria se verá -ya está ocurriendo- obligada a utilizar agua de mar, mientras que en relación con los relaves el escenario es más incierto. “La generación de relaves crecerá 3 veces con respecto a 2015, y la tendencia es que se recuperará y reciclará más agua de estos que lo que ocurre en 2015. La competencia por terrenos, aunque estos sean de secano en la macro zona central, es un gran desafío que enfrentará la minería del cobre”, se explica sobre este punto.