(El Mercurio)Corfo ya tomó una decisión. En el marco del juicio arbitral que tiene con SQM -la minera no metálica controlada por Julio Ponce- por el arriendo de 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, la estatal decidió rechazar la conciliación y pedir el término anticipado del contrato de alquiler, que vence en 2030. La resolución tiene graves efectos para SQM. Según información de Corfo, entre el 60% y 75% de las ventas de la minera, que en 2014 totalizaron US$ 2.014 millones, dependen de productos extraídos en la zona alquilada al fisco, como potasio, litio, ácido bórico y otros.
En la sesión del 11 de junio pasado, el consejo directivo de Corfo estimó que la compañía minera incurrió en «incumplimientos graves» en el contrato, como realizar ventas a empresas relacionadas usando precios de transferencia menores al valor de mercado, impedir la entrega de información relevante para los cánones de arriendo, sobreexplotar el agua de la zona y tener un comportamiento poco «ético». Por esas razones, dicha instancia estimó que en la próxima audiencia del proceso arbitral, fijada para el 9 de julio, se pedirá el término del contrato.
El consejo directivo de la entidad es presidido por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; e integrado por el vicepresidente Eduardo Bitran; más los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de RR.EE., Heraldo Muñoz; y de Agricultura, Carlos Furche. A ellos se suma el representante de la Presidencia, Rafael Guilisasti Gana. Según fuentes gubernamentales, «SQM no es una empresa idónea para tener contratos con el Estado de Chile». Por ello, la corporación propondrá el establecimiento de un comité Corfo en conformidad al artículo 7° del DFL 211, a objeto de administrar, planificar y desarrollar minería no metálica en la zona hoy arrendada a SQM.
La firma señaló que no se va a referir a un arbitraje que todavía está en curso. La compañía reafirmó que ha cumplido cabal y oportunamente con todas sus obligaciones del contrato.
Según documentos de la estatal a los que accedió «El Mercurio», la decisión de Corfo se sustenta en que SQM no quiere cambiar el contrato original de 1993, donde se estipulan condiciones económicas que la entidad fiscal considera poco equilibradas. En la corporación timoneada por Eduardo Bitran advierten que hay «riesgos de operaciones y de gobierno corporativo de la actual situación de SQM que afectan el interés de Corfo», y alertan sobre la «inviabilidad para conciliar el contrato frente a graves incumplimientos éticos y contractuales» por parte de la minera.
Entre las situaciones irregulares detectadas por Corfo están la venta a empresas relacionadas del mismo grupo -como SQM Salar, Servicios Integrales de Tránsitos y Transferencias o SQM Europe- a precios de transferencia y con ello menores que de mercado, así como ventas a la japonesa Kowa, socia minoritaria de Ponce. También reclama por la existencia de un acuerdo entre la minera y CRU (British Sulphur) de exclusividad de entrega de información sobre el mercado internacional de cloruro de Potasio. Esto, a juicio de Corfo, impide la verificación de los precios e influye en los valores del alquiler final. Otro aspecto que la corporación critica es que la firma ha tomado medidas para hacer inviable una licitación competitiva de la zona a futuro, como inscribir derechos de agua del Salar de Atacama.
El conflicto Corfo-SQM data de 2013, cuando en el gobierno del Presidente Piñera la entidad fiscal pidió a la minera aclaraciones en materias técnicas, legales y económicas, y pidió verificar los pagos del contrato. Tras una primera revisión, Corfo detectó diferencias en los criterios para el pago de arriendo y en diciembre de 2013 acordaron un arbitraje, a cargo de Héctor Humeres.
En mayo de 2014 la corporación presentó una demanda para terminar el arrendamiento de la zona del Salar y SQM demandó de vuelta a Corfo. Al final, las partes fueron a conciliación.
Obstáculos
Corfo acusa a SQM de solicitar derechos de agua en la zona del Salar de Atacama y así impedir que en el futuro el área se pueda licitar.
46% de la participación global del mercado de nitrato de potasio tiene la minera, con ingresos por US$ 649 millones.
US$ 18 millones de indemnización pide Corfo, además de que se le paguen US$ 17 millones adeudados.