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Caso cascadas: Fiscalía inicia segunda etapa y cita a mayoría de los sancionados por la SVS

Con la formalización de Aldo Motta el 23 de junio, el Ministerio Público concluiría la causa conocida como Linzor.

(La Tercera) Otra vez frente a José Morales. Luego que el 23 de junio próximo el jefe de la unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte reformalice a Aldo Motta, ex gerente de Pampa Calichera y Norte Grande, por la arista conocida como Linzor del caso cascadas y por otras operaciones, el persecutor volverá a tomar declaraciones a cada uno de los involucrados en la arista principal de la investigación, denominada como operación SQ por algunos querellantes .

De esta forma, Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica (ex gerente de Potasios), Roberto Guzmán (asesor de Ponce), Felipe Errázuriz y Manuel Bulnes (ambos por su rol en la corredora LarrainVial) y Leonidas Vial (por inversiones Saint Thomas y La Viña), declararán “entre junio y julio”, dice una fuente ligada al proceso. En este caso, tanto a Cristián Araya, el ex gerente de Inversiones de Banchile, como a Canio Corbo, ligado a Linzor Asset Management (hoy CHL Asset Management Chile), no se les citará, pues no tendrían nuevos antecedentes que aportar a la causa principal.

Esta nueva ronda de declaraciones de la arista principal son impulsadas por el propio Ministerio Público y no a solicitud de los querellantes, dice la fuente consultada, quien agrega que la negativa, por ahora, del persecutor respecto a sumar nuevos formalizados en la causa Linzor, como al propio Ponce, además de a Contesse Fica y Araya, significa que Morales habría terminado sus pesquisas en esa arista y que se convenció que sólo contra Motta tiene pruebas. Eso, agrega, al menos por ahora.

Las ganancias de Ponce

Con lo anterior se cae parte de una de las principales hipótesis que ha planteado, insistentemente según conocedores del caso, la defensa de la administradora de fondos Moneda, que asegura que Ponce estaba directamente involucrado y al tanto de todo.

En particular, hay un hecho clave que ocurrió el 30 de abril de este año, cuando el abogado Tomás Durán, del estudio Etcheberry, García, Bragado & Cía. que representa a Moneda, llegó hasta la Fiscalía Centro Norte y entregó un documento de 31 páginas firmado por el abogado René García, con la única intención de convencer al fiscal para que, además de formalizar a Aldo Motta el 12 de mayo (fecha que más tarde se corrió para el 23 de junio), se sume a Contesse Fica, pero, por sobre todo, que Ponce se siente frente a un juez. Pero no lo consiguió.

Las llamadas, correos electrónicos y reuniones personales entre los abogados de los querellantes y Morales no se han detenido, cuentan conocedores del proceso. Pero el persecutor siempre ha respondido lo mismo: no tiene antecedentes para demostrar que Ponce sí participó.

En el documento, donde Moneda expone detalladamente cómo se desarrollaron las operaciones Linzor y SQ, de compra y venta de acciones entre sociedades relacionadas con anuncios al mercado de 3 minutos entre una y otra, y con intervalos de movimientos menores a los 40 segundos, la administradora de fondos también destacó que Ponce ganó, para su patrimonio propio, con estas operaciones.

“En la ‘operación SQ’ el imputado obtiene, a través de su sociedad SQ, utilidad total para SQ asciende a la suma de $ 46.027 millones equivalente a US$ 89 millones. En esta sucesión de transacciones criminales participa como autor directo el imputado Ponce Lerou, quien participa directamente en las operaciones del 29 de marzo de 2011, al decidir la operación de venta con su actuación como director, presidente de directorio y controlador de Oro Blanco”, dice el escrito.

Además, la administradora indica que Ponce es el “omnipresente” en todas las operaciones.

“Dado que todas esas compañías (Norte Grande, Oro Blanco e Inversiones SQ) eran finalmente controladas por Ponce Lerou, la pregunta obvia es: ¿cómo se determinaría quién o quiénes serían los vendedores y a qué precio se harían las operaciones? La respuesta es igualmente obvia: lo determinaba a su arbitrio el controlador de las sociedades, Julio Ponce Lerou. En consecuencia, tanto Julio Ponce como sus ejecutivos (Motta y Contesse) sabían que los vendedores de casi la totalidad del paquete accionario que se pretendía comprar serían obligadamente sociedades controladas por Julio Ponce Lerou”.

A pesar de estos argumentos que Moneda ha presentado a Morales, el persecutor no se convenció, al menos hasta ahora, del asidero de las acusaciones. Y ese, comentan entendidos en el caso, habría sido el motivo del rumor que circuló sobre el eventual cambio de fiscal a petición de algunos querellantes. En paralelo, la defensa de Ponce ha sostenido que el intento de Moneda no tiene peso, pues la sanción de la SVS no tendría argumentos de fondo.

“Siempre hemos sostenido que en la acusación de la SVS hay un montón de conjeturas, pero ninguna prueba que lo vincule directamente con el supuesto ‘esquema’”, dice el abogado de Ponce, Jorge Bofill.

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