Un tribunal trasandino envió dos exhortos a autoridades locales para que entreguen antecedentes sobre sus gestiones en la disputa que existe entre Antofagasta Minerals y Glencore, por el botadero minero Cerro Amarillo, que tras un mal informado cambio de límites territoriales, ahora figura del lado argentino y en terrenos que pertenecen a la minera extranjera.
En la nota publicada por La Segunda se señala que a raíz de la demanda civil y querella criminal presentada por Glencore en San Juan, Argentina, un juez federal de ese país remitió (a mediados de marzo) dos exhortos a la Corte Suprema de Chile, para que requiera informes de los ministerios de Minería y Relaciones Exteriores, en una causa trasandina caratulada: Xstrata Pachón con Minera Los Pelambres (AMSA).
El primer exhorto pide que el Ministerio de Minería informe al tribunal argentino si en 2014 recibió una solicitud de su par trasandino para reunir a la Comisión que ve el Tratado sobre Integración Minera, para analizar la situación del botadero.
Además, el juez federal solicitó «copia del intercambio epistolar que hubiere existido entre ambas autoridades» por el caso y que el Ministerio de Minería chileno le informe si conoció las quejas que Xstrata Pachón (Glencore) entregó a la comisión binacional, según detalla la nota del vespertino.
En un segundo exhorto, el juez argentino Miguel Gálvez pide a Relaciones Exteriores que «remita copia de las actuaciones vinculadas» a una nota cursada en 2011 por Minera Los Pelambres.
Ambas peticiones fueron acogidas por la Corte Suprema.
Las razones
En la publicada por La Segunda, Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, matriz de Los Pelambres, explica que «fuimos víctimas de errores que no fueron nuestros», agregando que «la cartografía oficial de Chile sólo fue modificada, en esa parte, en 2008 por el IGM, con instrucciones de la Dirección de Fronteras y Límites (Difrol). Pero en la cartografía georreferencial — que ocupan las empresas— permaneció la versión anterior y no se advirtió a nadie de los cambios… hasta ahí el botadero estaba en Chile y las autoridades chilenas (ambientales, tribunales, Sernageomin) seguían otorgándonos permisos».
Junto a lo anterior, el ejecutivo señala que «en 2011 nos dimos cuenta del problema (el 60% del botadero estaba en Argentina) y dejamos de operarlo».
Por ello la minera nacional estaría dispuesta a destinar unos US$15 millones en un «cierre ambiental» del lugar, lo que implicaría un acuerdo con Glencore y con ambos gobiernos.
Respecto a dicho punto, Hernández manifiesta que “no sabemos qué quiere Glencore… este tema tiene una solución práctica (el cierre ambiental del botadero). Ahora, esto se puede transformar en un problema más grande si ellos quieren, pero no es nuestra intención», recalcando que “estas acciones de Glencore no sólo nos afectan a nosotros, sino que también al Estado de Chile», porque «Glencore ha nombrado en los tribunales argentinos a varios ex gerentes de Pelambres, quienes van a declarar lo que sucedió: que se actuó en base a lo que dictaron los funcionarios públicos y el Estado de Chile».