(El Mercurio) Es un botadero del tamaño de un Parque Bicentenario y medio, pero está en la frontera de Chile y Argentina, a cuatro mil metros de altura. Ahí, en Cerro Amarillo, se depositaron durante siete años rocas y tierra de Los Pelambres, la principal minera del grupo Luksic. La compañía suponía que operaba en su propio territorio, pero no era así: en 2012 se precisó el límite fronterizo por la subcomisión binacional encargada de estos menesteres. Y se supo que gran parte de la mole de piedras, rocas y otros materiales está en Argentina, en la propiedad de la firma Glencore -cuya sede principal está en Suiza-, que reclama por el daño ambiental que estos escombros han producido en la zona. Exige que Los Pelambres saque el material, lo ponga en Chile y pague por los daños causados.
La minera de los Luksic responde que todos los permisos indicaban que estaba operando en Chile, ya que los mapas oficiales sostenían aquello y solo se cambiaron en la versión en papel -en la digital siguieron igual- en 2008. Agregan que ese material es inocuo para el medio ambiente y que si empiezan a mover camiones para traerlo de vuelta al país, sí se generará un problema ambiental.
La disputa lleva varios años, pero está escalando. En 2014, Glencore -que en dicha zona cordillerana, por el lado argentino, lleva a cabo el proyecto Pachón, de US$ 3 mil millones de inversión- presentó una demanda civil contra Los Pelambres, alegando el daño ambiental y pidiendo un cierre del lugar. La firma de los Luksic reclamó al juez explicando el carácter binacional de la controversia, y posteriormente ha entregado antecedentes para probar que no hay tal contaminación.
Este año, la controversia pasó a otra etapa: el 20 de marzo, la multinacional interpuso una querella criminal en el Juzgado Federal N° 1 de la provincia de San Juan y afecta a ejecutivos del grupo Luksic y a ex gerentes. En la denuncia penal a la que tuvo acceso «El Mercurio» se señala: «Quienes podrían tener responsabilidad en calidad de autores o coautores de los hechos señalados son aquellos funcionarios de la compañía que formen, que determinen, la voluntad social de la misma (por ejemplo, el directorio y su presidente), como así también las responsabilidades podrían derivarse en aquellos individuos, dependientes de la compañía, que tomaron protagonismo directo en la operación (niveles gerenciales y aún más bajos, pero con capacidad de decisión, y con conocimiento de los sucesos)».
Y precisa: «Hablamos concretamente de los señores Ignacio Cruz Zabala, designado en 2006 y bajo cuyo mandato como gerente general de la firma se construyó la «escombrera» (botadero); Alberto Cerda Mery, reemplazante de Cruz Zabala en mayo de 2012; y de Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, designado en abril de 2013 y por cuya omisión de remover el irregular depósito se sigue concretando la usurpación de territorio y aguas, y la contaminación». Las penas estimadas en esta acción penal van desde tres a 10 años de prisión por el delito más grave, que es violación a la ley de residuos peligrosos.
Ambas partes se han armado para enfrentar la pelea. Luksic contrató en Buenos Aires al bufete Bomchill y en Chile ha formado un equipo que comanda Andrés Jana, experto en litigios internacionales, miembro de la defensa chilena frente a Perú en La Haya, y ahora para el reclamo boliviano en el mismo tribunal. Integran también la defensa de Los Pelambres las ex senadoras Soledad Alvear y Olga Feliú -ex canciller, la primera, y actual presidenta del Colegio de Abogados, la segunda-, además del académico y experto en derecho internacional Hugo Llanos.
La suiza Glencore tiene a Pedro Pablo Gutiérrez como defensor en lo civil en Chile. En Argentina contrataron al bufete Marval, O’Farrell & Mairal, que la representan en la arena civil, mientras que el estudio García Santillán & Olmedo son sus abogados en lo penal.
Sobre la última acción de Glencore, Andrés Jana, abogado de Los Pelambres, señala: «Esta demanda es infundada e irresponsable, porque la empresa actuó de buena fe y conforme a los permisos que le fueron otorgados por las autoridades».
Pedro Pablo Gutiérrez, representante de Glencore, sostiene: «Los Pelambres ha constituido en forma ilegal una escombrera violando la frontera e innumerables normas argentinas. Debe responder».
Glencore dice que hay daño ambiental y Luksic lo niega
Tal como está la situación, es clave definir si hay daño ambiental, si este existe, de qué tipo es y cuál es su gravedad. Glencore sostiene que sí lo hay, que el botadero o escombrera sepultó varias lagunas existentes en la zona, que depositó ilegalmente 50 millones de toneladas de escombros; entre ellos, más de 400 neumáticos de camiones mineros y otros residuos.
Gutiérrez concluye que «la única solución posible es el retiro del botadero».
Antofagasta desestima tal daño ambiental. El pasado 30 de enero, funcionarios de Chile y Argentina hicieron una visita conjunta al sector Cerro Amarillo y tomaron muestras a las aguas aledañas al botadero, tanto en el lado chileno como en el argentino. Por indicación del Sernageomin (Servicio Nacional de Geología y Minas), llevaron estas muestras a la consultora SGS. Los resultados fueron revisados y avalados por Sernageomin y se dieron a conocer a fines de abril. Revelan que el PH de las aguas tomadas en territorio argentino es de 9,7, es decir, no son ácidas y no contaminan. Estos antecedentes fueron entregados al juez federal argentino de San Juan el pasado 15 de mayo.
Respecto de este informe, Glencore señaló: «Se refiere solo a la laguna más alejada de la escombrera y evita referirse a las lagunas argentinas que están más cercanas al botadero y que sabemos están acidificadas».
¿Remover o cierre?
Antofagasta señala que remover los escombros genera más daño que hacer un cierre «ambiental» del botadero, es decir, adoptando resguardos como una cubierta exterior, cierre perimetral y canal de escurrimiento de las aguas. Eso tiene un costo de US$ 10 millones o US$ 15 millones. Pero retirar el material y llevarlo a Chile cuesta al menos US$ 100 millones. En el grupo Luksic deslizan que Glencore ha manifestado extraoficialmente su disposición a llegar a un acuerdo que no involucre traer el material de vuelta a Chile. Pero en la multinacional minera lo niegan y enfatizan que quieren sacar los escombros de su propiedad, porque les complica la tramitación de la licencia ambiental de su proyecto minero Pachón en Argentina y, además, porque una segunda etapa de esa iniciativa supondría sacar la producción por el lado chileno y por la zona donde está ahora el botadero.
El rol de los gobiernos de Chile y Argentina
Las cancillerías de ambos países intentan poner paños fríos al conflicto, acotando que es un problema entre privados. Pero si Los Pelambres decidiera sacar los escombros, debe contar con autorizaciones de Argentina y al menos un paso aduanero para los camiones que irían vacíos y volverían a Chile con el material del botadero. En la minera de los Luksic también les complica asumir todo el costo económico de un hecho así, cuando, dicen, siempre han actuado conforme a la ley.
EL botadero cerro amarillo tiene 51 hectáreas en el lado argentino. No hay consenso de su tamaño: Los Pelambres dice que son 27 millones de toneladas de material, y Glencore, 50 millones.