(Pulso) “Seguimos trabajando a full como ha dicho la Presidenta, en una de las cuatro áreas prioritarias que señaló ayer (miércoles), así que no hay más novedad”, dijo ayer el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, respecto de una posible incertidumbre tras el anuncio de cambio de gabinete por parte de la primera mandataria.
De hecho, Díaz confirmó que en los próximos días se presentarán nuevas indicaciones al proyecto, antes de que termine la votación en particular en la comisión de Trabajo de la Cámara.
“Ha habido conversaciones (con los parlamentarios de la Nueva Mayoría) para eso es el proceso legislativo, pero cuando estamos en medio de este proceso el Ejecutivo habla a través de las indicaciones. Ya hay acordada varias indicaciones que vamos a presentar en su momento”, señaló la autoridad.
Y según trascendió, una de esas indicaciones tiene que ver con la definición de servicios mínimos en tiempos de huelga.
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Si bien el Ejecutivo ya ingresó una modificación que eliminó la referencia original que definía estos servicios cuando se producen daños a bienes materiales de la empresa, manteniéndolos en caso de “un daño grave e irreparable” a la infraestructura de la empresa, las críticas de los parlamentarios oficialistas se han mantenido durante el debate, ya que sostienen que no garantiza una huelga efectiva.
Es por ello que, tras negociaciones con los parlamentarios de la Nueva Mayoría que integran la comisión de Trabajo de la Cámara, el Gobierno habría determinado ingresar un nuevo cambio en esta materia, restringiendo el concepto de servicios mínimos a turnos de emergencia.
Así lo confirman fuentes del Ministerio del Trabajo, quienes aseguran que esta modificación se debe a la necesidad de acotar aún más la denominación y precisar su alcance, para que no exista una interpretación errónea de este derecho.
De esta manera, el concepto de turnos de emergencia, si bien mantendrá “el daño grave e irreparable a la infraestructura de la empresa”, estará asociado a efectos en terceros, es decir, seguridad social y daño al medio ambiente, pero no a sustentar el proceso productivo de la empresa. También se agregará la causal de trastorno público,
Lo anterior, según señalan dichas fuentes, básicamente para proteger operaciones como las del Metro, que fue una de las mayores preocupaciones de los diputados oficialistas.
Este cambio, dicen fuentes conocedoras del proceso, también se le planteó al diputado independiente Gabriel Boric, el que habría apoyado esta modificación.
La nueva definición, aseguran fuentes del proceso, sería afinada con expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la próxima semana. Una vez resuelto el tema, sería informado a los parlamentarios.
De hecho, el diputado DC Patricio Vallespín dijo que el martes pasado ya se había acordado que “esa definición (de servicios mínimos) se perfecciona y es más garantizadora del derecho a huelga, porque sólo se va a referir a casos que afecten a terceros”.
En esta misma línea, el diputado PPD Cristián Campos indicó que “nosotros esperamos que la definición sea lo más restrictiva posible, incluso de lo que la OIT señala, porque el concepto de servicios mínimos es muy general”.
Otras indicaciones que presentaría el Ejecutivo tienen que ver con mecanismos de incentivo para la negociación con Federaciones y Confederaciones, donde estarían contemplados los pactos de jornadas laborales. De acuerdo a fuentes del proceso, la idea es considerar incentivos para los trabajadores y empleadores, sobre todo pensando en las Pymes.
Es por ello que también se estaría considerando incentivos mayor accesibilidad a compras públicas y franquicias Sence.
La presentación de estas nuevas indicaciones en la comisión de Trabajo de la Cámara estará supeditada a los tiempos de tramitación, por lo que en Trabajo no descartan que de tener plazos muy ajustados, estos cambios se presenten en el Senado.
Por su parte, los diputados oficialistas insistirán en que el IPC sea vinculante al piso mínimo de la negociación colectiva y la negociación supra empresa, aunque desde el Gobierno ya han descartado esta posibilidad.
Díaz y la adaptabilidad
Ayer el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz, participó de un diálogo con la red “Makers Liderazgo Femenino” en las Oficinas de PwC Chile. Ahí el dirigente sindical explicó a las mujeres ejecutivas las incidencias de la reforma laboral.
En la oportunidad, Díaz también se refirió a la necesidad de avanzar hacia turnos de emergencia, en la actual concepción de servicios mínimos. “Hablar de servicios mínimos es imprudente, porque es una definición amplia que restringe el derecho a huelga. Nosotros hemos hablado de servicios esenciales o turnos de emergencia, es decir, aquello que ponga en riesgo la salud de la población, el medio ambiente o la comunidad en su entorno”.
Además señaló que la posibilidad de apoyar las normas de adaptabilidad laboral dependerá de la cobertura que se le dé a la negociación colectiva.
“Nosotros no queremos pactos de jornadas laborales sin el fortalecimiento del movimiento sindical. No se puede pretender avanzar en estos pactos si no se avanza en lo sustantivo de la negociación por rama. Si reconocemos los derechos colectivos, los derechos a sindicalizarse, a derecho a huelga sin servicios mínimos, entonces discutamos, pero no se puede hacer una cosa sin otra”, dijo Díaz.
Las mayores dudas presentadas por las ejecutivas se centraron en las presiones que podría ejercer la huelga sin reemplazo sobre el empleador, además de que la reforma deje afuera mayor empleo para mujeres y jóvenes, productividad y capacitación.