(Reuters) Gold Reserve, una pequeña minera canadiense que intenta cobrar una indemnización de 750 millones de dólares a Venezuela, tiene en la mira los activos del país petrolero en el extranjero, una estrategia que amenaza las arcas del Gobierno socialista, ya bajo presión por el desplome de los precios del crudo.
La empresa canadiense, que perdió su joya de la corona cuando el Gobierno de Venezuela puso fin a la concesión que tenía para explotar una mina de oro en es país en 2009, busca agresivamente nuevas jurisdicciones para ejecutar la decisión que tomó el panel arbitral del Banco Mundial el año pasado.
La medida la toma Gold Reserve mientras otros casos que presentaron empresas como Exxon y ConocoPhillips ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial están sumidos en demoras legales.
[Gold Reserve intenta cobrar en Luxemburgo laudo en arbitraje con Venezuela]
Sus acciones pueden afectar a los tenedores de bonos.
La minera anunció el lunes que entregó a bancos en Luxemburgo el equivalente a órdenes de embargo relativas al pago de 700 millones de dólares en intereses de bonos y fondos venezolanos, como parte de su creciente campaña para obtener una compensación tras la disputa arbitral.
«Sin duda, también estamos acudiendo a otras jurisdicciones», dijo a Reuters el presidente de la empresa, Doug Belanger. «Cualquier cosa que sea un activo comercial del gobierno de Venezuela está sobre la mesa», comentó.
Gold Reserve tiene en su radar a los países que posean «mejor jurisdicción, una ley favorable y que tengan la mayoría de los activos (de Venezuela)», dijo sin ofrecer más detalles.
Las actuaciones de Gold Reserve ponen más presión sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de las crecientes preocupaciones que surgen en el mercado internacional sobre la capacidad de su Gobierno para cumplir con los pagos de la deuda externa y evitar una eventual quiebra técnica por laudos arbitrales no cancelados.