(Pulso) A las 11 de la mañana de hoy, en el salón Montt Varas de la Moneda, la Presidenta Bachelet anunciará la creación de una comisión transversal que estudiará perfeccionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

La idea del Gobierno es generar un informe con propuestas que optimicen la tramitación ambiental de proyectos de inversión y de paso acotar el fenómeno de la judicialización, generando lazos entre las empresas y las comunidades.

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Para la oportunidad se enviaron invitaciones a los principales gremios del país, como el Consejo Minero, el cual será representado por su presidente ejecutivo, Joaquín Villarino; a la Asociación Gremial de Generadoras; el gerente de estudios de la CChC, Javier Hurtado; el gerente de estudios de Sofofa, Javier Vega, y por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio y de la Sonami, acudirá la abogada experta en institucionalidad ambiental Paulina Riquelme.

La Moneda invitó al ex director de la Conama, Álvaro Sapag (actual gerente de Sustentabilidad de Quiñenco), y al ex subsecretario del Medio Ambiente de la administración de Sebastián Piñera, Rodrigo Benítez (socio de un estudio de abogado). También a la directora de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien expondrá una visión sustentable de los proyectos de inversión.

El resultado de la comisión concita especial interés de parte de la  Presidencia, dado que la reformulación al instrumento que administra los permisos ambientales es  una promesa de campaña de la mandataria.

De acuerdo al programa, “es necesario evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA,) a la luz de los objetivos iniciales que nos movieron a presentar la reforma a la institucionalidad ambiental en nuestro Gobierno, e impulsaremos con decisión los cambios necesarios que aseguren a todos los ciudadanos, organizaciones y empresarios, una institucionalidad validada desde el punto de vista técnico”, expone el texto.

Algunas de las inquietudes que serán planteadas por los gremios tienen que ver con analizar el rol del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) y su real capacidad para enfrentar la tramitación de proyectos complejos.  Otro elemento que es visto con preocupación es la unificación de criterios.