(La Tercera) Más allá de la comisión de Trabajo se extendió el martes pasado el debate por la reforma laboral. Una vez culminada la sesión, a eso de las 21 horas, los diputados de la Nueva Mayoría que forman parte de dicha instancia bajaron hasta el comedor de la vicepresidencia de la Cámara. Ahí se dieron cita por más de una hora con sus pares del Senado, la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
A la cena también asistieron los asesores que componen el círculo de hierro de ambas carteras. Si bien se trató del segundo encuentro entre Blanco y los legisladores -de cara a la elaboración de las indicaciones que deben ser presentadas a más tardar el 13 de abril- fue el primero junto a Arenas.
Para algunos parlamentarios se marcó el inicio del “debate más complejo y profundo” sobre los cambios que en su mayoría son de exclusiva facultad del Ejecutivo. Si las indicaciones no cuentan con su patrocinio serán declaradas inadmisibles.
Con esa realidad en mente, diputados y senadores oficialistas plantearon abiertamente sus inquietudes, reparos y propuestas. Los ministros, acotaron los participantes, tomaron nota sin descartar a priori ninguno de los planteamientos, incluyendo la posibilidad de abrir la puerta a la negociación ramal. Así, este tema que emergió y tomó fuerza entre los diputados oficialistas durante las jornadas de comisión, fue abordado por primera vez con el Ejecutivo. La autoridad se comprometió a entregar respuestas este lunes.
“Entre los diputados de la Nueva Mayoría hay acuerdo de que hay que avanzar en la negociación ramal de alguna forma, así como también hay que tomar algunos aspectos de los empresarios. Debemos buscar un equilibrio de todo lo que hemos escuchado”, dijo el diputado PPD Tucapel Jiménez.
El lunes pasado, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa anunció que pedirán “que se reponga la negociación por federación y confederación, y que sea vinculante”. De todos modos, públicamente la ministra Blanco ha dicho que la negociación colectiva que impulsa el gobierno se suscribe en el ámbito de la empresa, misma línea que ha seguido Hacienda.
Los legisladores también solicitaron establecer la existencia de servicios esenciales y no servicios mínimos como estipula el proyecto. La redacción actual de la iniciativa es vista por algunos como una “letra chica” que eleva la posibilidad de reemplazo en huelga.
Dentro de las materias de “fácil acuerdo” que enumeraron, están las modificaciones que aseguran se requiere en materia de sanciones sindicales, “quitar el apellido” de “pacífica” a la huelga, y reducir el rol que la iniciativa da a la Dirección del Trabajo para lograr que la negociación colectiva se concentre realmente entre empleador y trabajador.
“Hay acuerdo en modificar la huelga pacífica, resguardando que no existan situaciones de violencia, pero sin afectar el fuero de dirigentes ni limitar su capacidad negociadora. También en modificar los procedimientos y simplificar negociación colectiva, corrigiendo la debilidad que tenía para que el protagonismo lo tuviera empleador y trabajador y no una instancia pública como es la Dirección del Trabajo”, señaló el diputado DC Patricio Vallespín.
El parlamentario DC agregó que también instaron a recortar de un año a seis meses el período de entrada en vigencia de la normativa, así como que el piso mínimo de la negociación colectiva incorpore el reajuste por IPC. También aspiran a que el proyecto sea aprobado por la sala de la Cámara Baja antes del 21 de mayo, y que incluso podría salir del Congreso entre agosto y septiembre.