(Diario Financiero) El caso Cascadas es por lejos uno de los más complejos que le ha tocado enfrentar al Ministerio Público. Y es que analizar miles de operaciones bursátiles, sacar los patrones comunes e identificar a los responsables de delitos a la Ley de Mercado de Valores no es tarea fácil.
Pero ahora la primera hebra de esta madeja se está comenzando a desenredar.
Es así como la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, encabezada por el persecutor José Morales, se prepara en estos días para solicitar la formalización de los imputados por las operaciones sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en la llamada arista Linzor, y también aquellas que no fueron consideradas en el dictamen del regulador, ya que se encontraban prescritas.
Lo importante de estas últimas es que habrían dejado en evidencia la necesidad de que un tercero, en este caso Linzor (cuyo representante legal era Canio Corbo), participara de las transacciones y así éstas no fueran consideradas operaciones entre relacionadas, ya que esto anulaba el efecto contable que se habría buscado.
Según trascendió, faltaría por concretar las últimas diligencias, principalmente tomar declaraciones a algunos relacionados al caso, para estar en condiciones de formalizar antes de que termine el primer semestre.
Las precursoras
El 23 de diciembre de 2010, Pampa Calichera enajenó un total de 2.500.000 acciones de SQM-A con condición de liquidación PM (pagadero mañana), a un precio promedio ponderado de $ 26.947, siendo la única contraparte de esta operación la Sociedad Oro Blanco.
Todas estas transacciones fueron intermediadas por LarrainVial a través de 13 operaciones OD (órdenes directas) con difusión de apenas tres minutos cada una, siendo todas ejecutadas en la Bolsa Electrónica de Comercio (BEC).
Luego, apenas un día después, se realizaron las misma operaciones, pero ahora en sentido contrario; es decir, de Oro Blanco a Pampa. Eso sí, las acciones fueron un poco más, 2.503.721 papeles, pero con condición de liquidación PH (pagadero hoy), a un precio promedio ponderado de $ 27.800. Es importante señalar que con este tipo de liquidación, no se hacía necesario contar con liquidez para concretar las transacciones.
Y los factores fueron los mismos: intermedió LarrainVial, se realizaron en la BEC, a través de OD con difusión de tres minutos.
El no de EY
La fecha de las operaciones no sería una casualidad: estaban a pocos días de cerrar el ejercicio, al menos en términos contables.
Sin embargo, EY (ex Ernst&Young), en ese entonces auditora de las cascadas, señaló que no podía incorporar la utilidad de las operaciones, ya que se trataba de una transacción entre partes relacionadas.
En marzo de 2011 la consultora cuestionó el registro de esta «utilidad», siendo esto informado al gerente general de Pampa, Aldo Motta. Además, quedó registrado en el acta de directorio que si hubiese participado un tercero, no se habría considerado operación entre relacionadas.
La primera consecuencia de lo anterior fue que 2010 se convirtió en el último año auditado por la consultora.
La segunda, es que entró en escena esta nueva arista, dando origen a otra derivada del Caso Cascadas, ya que, supuestamente con el objetivo de encubrir estas transacciones, el Ministerio Público sostiene que fueron falsificadas actas del directorio de las sociedades involucradas. De hecho, por esto último ya fueron formalizados Aldo Motta y Claudia Morales, por entregar información falsa a la SVS.
Esto por haber infringido el artículo 59 A de la Ley del Mercado de Valores relativas a los que maliciosamente proporcionen antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la superintendencia, a una bolsa de valores o al público en general.
Las condenas que arriesgan estos ejecutivos irían desde presidio menor en su grado medio, a presidio mayor en grado mínimo.
Además, Motta fue multado por el regulador en más de US$ 25 millones por infracciones a la Ley de Mercado y Valores y la de Sociedades Anónimas.
La operación cuestionada
La SVS acreditó que Linzor Asset Management, por intermedio de su representante legal, Canio Corbo Atria, prestó al fondo TRF, para que operara como puente entre dos sociedades (Pampa Calichera-Global Mining y Oro Blanco), siendo así funcional al objetivo de aparecer como un tercero, evitando que se considerara operación entre relacionadas.
La operación Linzor parte cuando Global Mining Ltd. -controlada por Pampa Calichera-, dueña de cinco millones de acciones de SQM-A, a través de Banchile Corredores, vendió en $ 27.100 cada uno de los papeles al fondo de inversiones Linzor, el 29 de marzo de 2011. Éste, por su parte, el mismo día volvió a vender la misma cantidad de títulos a Oro Blanco, pero en $ 27.138 cada uno.
Luego, Pampa Calichera considera las utilidades surgidas de esta operación como ganancias de la empresa, representando 70% de las utilidades de esa sociedad durante 2011. Sin embargo, la SVS le ordenó reversar esas ganancias.