(Diario Financiero) Una señal potente de la división que existiría al interior del directorio de la minera SQM, entregó ayer la firma en el marco de la investigación del Caso Penta.
Esto porque el gerente general de la compañía, Patricio Contesse, presentó ayer a título personal, según indicaron cercanos a la firma, una «cautela de garantía» en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, para evitar que el Ministerio Público acceda a información de la empresa más allá del año 2009, que es el período que considera la querella que interpuso el Servicio de Impuestos Internos (SII) en esta arista del Caso Penta.
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Casi cuatro horas después de presentado el escrito, la propia SQM emitió una escueta declaración en la que se desmarcó de esta acción.
«Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) informa que SQM no ha presentado ninguna cautela de garantías para evitar la entrega de información al Ministerio Público, que el directorio de SQM se reunirá mañana para evaluar dicha solicitud de entrega y que el Ministerio Público fue oportunamente informado que SQM analizaría la procedencia legal de tal solicitud», comunicó.
Cercanos a la empresa explicaron que esto responde a una división en la mesa de la compañía respecto de la forma de enfrentar esta investigación, que está relacionada con el financiamiento irregular de campañas políticas.
Lo anterior, porque la acción legal de Contesse se produjo después de la creación del comité especial del directorio, que en forma independiente recabaría antecedentes sobre este proceso, ya que según trascendió la instancia estaba dispuesta a colaborar con el Ministerio Público.
De hecho, este lunes los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, que están bajo la dirección del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, se reunieron con representantes del área jurídica de la empresa, y acordaron la entrega voluntaria de antecedentes. De hecho, para ayer estaba programado que SQM proporcionaría una parte de los antecedentes contables solicitados.
El rol de Potash
Conocedores del proceso explicaron que la acción de Contesse generó problemas, porque justamente era una materia relevante que el directorio de la empresa no había dilucidado, lo que explicaría el comunicado aclaratorio.
La mesa de SQM está compuesta por ocho miembros, la mayoría ligados a Julio Ponce.
La minoría, aunque no menos relevante, por el porcentaje de propiedad que representa, le pertenece a la canadiense Potash, cuya representación en la mesa de SQM, en el cargo de vicepresidente, está liderada por uno de sus altos ejecutivos, Wayne Brownlee.
La compañía norteamericana ha manifestado públicamente que sigue con atención este tema y que apoyó la creación de un comité interno de investigación. Esto porque entre sus lineamientos, define claramente cuáles son las agencias que usan para hacer lobby frente a los distintos gobiernos y son bastante específicos para señalar que sus operaciones no hacen aportes a campañas políticas, de ninguna especie.
Este interés de transparencia de Potash habría chocado con la actitud de Contesse de tratar de bloquear el procedimiento del Ministerio Público.
Penalistas explicaron que el escrito presentado por Contesse tendría un afán dilatorio y le ven pocas posibilidades de éxito. Lo que viene ahora es que el tribunal cite a una audiencia para determinar si lo acoge o no.
Pero en el mejor de los casos, si se acepta la solicitud de limitar el trabajo de la fiscalía, bastaría con que el SII ampliara la querella, que actualmente sólo considera el año 2009, en consecuencia que el Ministerio Público quiere acceder a documentación que abarque hasta 2014.
El documento alude al artículo 162 del Código Tributario establece el carácter monopólico y exclusivo que tiene el SII para determinar, soberanamente, cuándo y cómo persigue los ilícitos penales tributarios.
Sin embargo, juristas explican que eso es discutible porque la fiscalía, más allá de fechas o plazos, tiene la potestad para investigar hechos delictivos.
Hace unos días, el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, explicó que «no hemos restringido plazos. Lo que limita a la fiscalía son los hechos a investigar. No la hemos limitado respecto de plazos ni actuaciones, que las tiene que decretar el fiscal en el marco de sus atribuciones».
Algunos puntos de esta arista
Boleta cuestionada
De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, en 2009 la cuñada del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, emitió una boleta de honorarios por $ 7,5 millones para SQM, lo que involucró a la minera en la investigación en una de las aristas del caso Penta.
Allanamiento
El 16 de enero pasado, se produjo un primer allanamiento de las oficinas de la empresa, diligencia que fue encabezada por el fiscal José Antonio Villalobos y en la cual se retiró información contable de la empresa que fue solicitada por el Servicio de Impuestos Internos en el marco de la querella que presentó el 9 de enero en contra de Wagner y su cuñada.
Comité especial
A fines de febrero el directorio de SQM creó un comité especial para investigar este caso.