Las reformas estructurales que impactaron a la baja las expectativas económicas

Todo comenzó con la reforma tributaria. Esa fue la primera reforma estructural económica, y hasta ahora la única promulgada Ley. Sin embargo, ahí también se iniciaron los problemas para el Gobierno, ya que generó una fuerte oposición desde todos los sectores, debilitando las expectativas económicas.

(Pulso) 2013 cerró con un crecimiento de 4,1%, mostrando ya un escenario de desaceleración. Bajo este contexto, el recién asumido Gobierno comenzó a desplegar lo que sería su primer cambio estructural: la reforma tributaria.

Este hecho marcaría desde un comienzo un divorcio entre la visión de La Moneda y el rendimiento que registró la economía. Si bien, en marzo cuando todavía no se conocía el detalle del proyecto, el Imacec ya mostraba signos de debilidad al anotar una variación de 3,1%. El escenario se fue debilitando a medida que el debate  tributario continuaba, y el distanciamiento entre Hacienda y el sector privado se hacía cada vez más evidente.

[Indicador Mensual de Actividad Económica de enero se expande 2,7%]

La economía tomó nota del ruido que estaba causando la discusión y el cambio radical que se estaba discutiendo en el Congreso donde el oficialismo tenía mayoría.  El punto culmine fue en agosto, cuando la actividad tocó fondo y creció sólo 0,3%. Ahí al ver que la economía se desaceleraba cada vez más, el Ejecutivo, y especialmente el ministro de Hacienda Alberto Arenas recapituló, dio un giro en su actuar y comenzó a mantener una posición más dialogante para llevar adelante la reforma tributaria, llamando en reiteradas ocasiones al sector privado a trabajar juntos en un alianza.

Además formó de emergencia un comité pro inversión con el objetivo de acelerar la ejecución de proyectos privados estancados por burocracia. Estas señales poco a poco tuvieron efectos, aunque muy tenues, ya que si bien la actividad recuperó terreno con un Imacec cercano a 3% en diciembre, el año cerró en 1,8% de crecimiento, registrando el tercero más bajo en los últimos 25 años sin crisis externa.

Ahora para 2015 la discusión de la reforma laboral podría ser el foco de incertidumbre.

1.Reforma Tributaria: El capítulo que tensionó la relación con el empresariado

Fue la primera, y hasta ahora la única reforma estructural económica comprometida por el Gobierno, aprobada y despachada por el Congreso. El 31 de marzo de 2014 se presentó la reforma al Parlamento, previa firma de la Presidenta Bachelet y el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.

En un inicio esta reforma, que pretende recaudar 3 puntos del PIB (US$8.300 millones) para destinarla principalmente a educación, cambiaba la base tributaria al eliminar el FUT, ya que las empresas pagarían por la totalidad de las utilidades de sus empresas, y no sólo por las que retiraban como ocurre hoy, lo que implicaba pasar a un sistema de renta atribuida. Todo esto, a partir de 2018.

Pero además la iniciativa contemplaba la retención del 10% de las utilidades; elevar el impuesto de primera categoría de 20% a 25%; y bajar el máximo del Global Complementario de 40% a 35%, entre otras.

Desde el día uno, la Reforma más que adeptos comenzó a tener detractores, no sólo desde la oposición y el empresariado, sino también de expertos ligados al oficialismo y de las propias auditoras, las que tendrían que asesorar a las empresas en esta materia.

El principal problema estaba en que esta iniciativa se diseñó entre cuatro paredes durante la campaña presidencial. El ministro Alberto Arenas; el subsecretario Alejandro Micco; el asesor tributario de Hacienda, Alberto Cuevas; y la economista Andrea Repetto, eran catalogados como las mentes detrás de la iniciativa.

Su paso por la Cámara de Diputados fue difícil, pero fue aún más compleja la relación que se comenzó a configurar con el empresariado. Mientras el ministro Arenas decía que el “corazón de la reforma no se tocaba (el FUT y el cambio de base a renta atribuida)”, el empresariado endurecía su postura, señalando incluso un posible desvío de inversiones y una baja en el crecimiento económico.

A las grandes empresas, se sumaron las Pymes. Incluso llegaron a pagar insertos en medios de circulación nacional desprestigiando el proyecto del Ejecutivo. A esto ,se sumaba que en la comisión de Hacienda de la Cámara otorgó poco tiempo para el debate, dada la celeridad solicitada desde La Moneda.

Sin embargo, a partir de junio de 2014 la Reforma cambió el rumbo. Una vez en el Senado, los parlamentarios de la Nueva Mayoría coincidían en que necesitaba profundos cambios, incluso, públicamente se mostraban a favor de intervenir el “corazón de la reforma”; y así fue. La presión hizo que el ministro Arenas cambiara su tono frente al empresariado y cediera a realizar mesas técnicas con los gremios empresariales para estudiar modificaciones. Pero el gran cambio vino una vez que Hacienda firmara un protocolo de acuerdo con todos los partidos, modificando totalmente el original.

Así el sistema quedó con doble mecanismo: renta atribuida y semi integrado, lo que llevó a elevar la tasa efectiva final de impuestos de un 40% a un 44,5%; y aumentó el impuesto de primera categoría gradual a 27%.

Finalmente la reforma fue despachada del Congreso el 10 de septiembre del año pasado.

2.Por urgencia la agenda de crecimiento para el largo plazo se fue al corto plazo

Poco días antes de asumir formalmente sus funciones, los ministros de Hacienda, Economía, Trabajo, Agricultura, Energía y Minería se reunieron para dar curso a los que luego se trasformó en el Comité de ministros del Área Económica. Este comité tenía como objetivo monitorear el escenario económico e impulsar la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, que tenía como prioridad sustentar las bases de un crecimiento sostenido para el mediano y largo plazo. Con 47 medidas y US$ 1.500 millones para su ejecución.

Si bien en el programa de Gobierno esta era el principal eje para apuntalar el crecimiento, a medida que pasaban los meses y la discusión de la Reforma Tributaria comenzaba a afectar el rendimiento de la economía reflejado en los bajos Imacec y en una caída estrepitosa de las expectativas, más allá de lo que el Gobierno tenía previsto.

Es más, en agosto la actividad tocó piso al crecer sólo 0,3%. Este hecho encendió las alarmas en el Ejecutivo, tanto así que a comienzos de septiembre y ante numerosas críticas por la falta de enfoque en el crecimiento, debió lanzar un nuevo plan, esta vez enfocado en el crecimiento, llamado Plan de Reforzamiento de la Inversión 2014. Así el comité de ministros económicos en cinco meses tuvo una nueva misión: acelerar la inversión pública y recobrar la confianza del sector privado y reactivar la economía hacia 2015.

El plan de reforzamiento para la inversión se desglosa en 13 medidas para mejorar la gestión y 14 para mejorar la normativa con una batería de proyectos privados estancados por US$ 6 mil millones. Con esto el Gobierno pretende mejorar la relación con el sector privado. El plazo de ejecución de las medidas vence el próximo 31 de marzo.

3.Reforma Laboral en primera etapa. Esperan despacho a ley en II semestre

De no estar entre los pilares del programa de Gobierno de Michelle Bachelet, pasó a ser la cuarta reforma prioritaria. El proyecto que moderniza las relaciones laborales, más conocido como reforma laboral, ingresó el 29 de diciembre pasado al Congreso, luego de casi 9 meses de trabajo técnico.

De hecho, entre abril y septiembre se formó una mesa entre los asesores del ministerio del Trabajo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con la idea de avanzar en los detalles de los 9 titulares que contemplaba el programa de Gobierno. Paralelo a esta instancia, la ministra Javiera Blanco se reunió con diversos gremios sindicales y empresariales para presentarles los principales puntos y escuchar las inquietudes. Sin embargo, el camino previo a la presentación de la reforma no estuvo exenta de obstáculos. Si bien, existía un compromiso con la CUT (en el protocolo por salario mínimo) para presentar el proyecto de ley el último cuatrimestre , demoró hasta el último día del año.

Es que la situación económica del país no estaba pasando por un buen momento. En agosto el Imacec llegó a 0,3%, mientras que en octubre la economía sólo alcanzaba un 1,5%. Ello llevó que en noviembre el ministerio de Hacienda interviniera en el diseño del proyecto, para moderar las expectativas en el mercado, y aminorar la incertidumbres que la reforma estaba generando en el empresariado y no repetir el camino de la Reforma Tributaria.

Al final, la reforma laboral terminó no representando a ningún actor. Por un lado fortalece la negociación colectiva y el sindicalismo, a través de materias como el fin del reemplazo en huelga y titularidad sindical, también cedió a demandas del empresariado, como la adaptabilidad laboral y las sanciones en materia sindical. El proyecto se encuentra en primer trámite legislativo, y se espera su despachado a mediados de año.

4.Proyecto de ley del DL 600: de eliminación instantánea a transición de 4 años

Pese a que un principio fue uno de los aspectos que menos atención generó en la Reforma Tributaria, el Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600) mostró una evolución importante. La iniciativa incluía la derogación del Estatuto de Inversión Extranjera, conforme el programa de Gobierno justificado en que el estatuto era poco utilizado y derogarlo significaba ratificar la estabilidad institucional de nuestro país para los capitales externos.

El DL 600 fue creado en 1974 y tenía como principal función atraer inversión extranjera a Chile, manteniendo un régimen de invariabilidad tributaria con una tasa de 42% por un período de 10 años, el cual podría aumentar a un máximo de 20 años para inversiones industriales o extractivas de US$ 50 millones o más.

La extinción del instrumento generó diversas críticas, por lo que en el Protocolo de Acuerdo de la Reforma Tributaria, se determinó crear una comisión transversal que debería proponer recomendaciones sobre la nueva institucionalidad, sin embargo, dicha instancia nunca llegó a un consenso y presentó tres visiones al respecto: eliminar dicha invariabilidad tributaria, mantenerla o modificarla parcialmente.

Tras el informe, el Gobierno envió el 31 de enero un proyecto de ley que contempla la creación de una agencia de inversión extranjera con un Consejo Asesor , a cargo de un director nombrado por el Sistema de Alta Dirección Pública.

Si bien, es probable que el proyecto de ley se apruebe este año, se estableció un período de adaptación de cuatro años para que los inversionistas, es decir, las empresas que quieran realizar proyectos en el país lo podrán hacer bajo las normas del DL 600 por cuatro años más, pero con la salvedad de que la tasa única de invariabilidad tributaria pasaría de 42% a 44,45% que es el nivel de tasa que subió con la reforma.

5.Aunque pisando el freno, Gobierno prepara reforma a las isapres y AFP

No sólo la Reforma Tributaria concentró la atención durante los primeros meses del Gobierno de Bachelet, sino también los cambios que podrían surgir de las recomendaciones de las comisiones asesoras presidenciales para la reforma a las isapres -que comenzó en abril y terminó en octubre- y la de AFP, cuyo informe final se postergó para agosto de este año.

Y si en un primer momento, la renuncia de la ministra de Salud, Helia Molina puso en duda el impulso de estas modificaciones, la nueva titular Carmen Castillo confirmó que la agenda que existía seguirá vigente.

Eso implica que durante este primer trimestre el Gobierno terminará de redactar el proyecto de ley de Isapres, que pretende enviar a la Secretaria General de la Presidencia durante marzo. Esto permitiría cumplir con los plazos que había comprometido la ex ministra Molina de ingresar la iniciativa al Parlamento en julio.

En materia previsional, el Gobierno y los distintos actores del mercado se encuentran a la espera del informe final de la Comisión Bravo. Si bien, el Ejecutivo partió su período ingresando el proyecto de AFP Estatal -que hoy duerme en el Congreso- y convocando al grupo de expertos internacionales y nacionales para realizar el diagnóstico y proponer modificaciones al sistema, los plazos que propuso la Presidenta fueron estrechos: un informe diagnóstico en octubre y las propuestas para enero.

Los plazos fueron modificados y la Presidenta permitió que la Comisión Bravo trabajara hasta agosto próximo. Si bien se valoró la decisión al ser un tema técnico, hay quienes plantean que es difícil que el Gobierno pueda redactar un proyecto antes de que termine el año, lo que aplazaría la discusión de una nueva reforma previsional hasta 2016.

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