(La Tercera) Una segunda querella criminal en el marco de la arista penal del caso cascada, presentó el pasado 27 de febrero la administradora de fondos de inversión Moneda. El libelo, que fue declarado admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el lunes, está dirigido contra “todos aquellos que resulten criminalmente responsables”.
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“La presente querella se refiere a la falsedad de dos actas de directorio, respectivamente correspondientes, una a la sociedad cascada Pampa Calichera y la otra a la sociedad cascada Oro Blanco, ambas supuestamente de fecha 29 de marzo de 2011, en circunstancias que las respectivas sesiones de directorio tuvieron lugar el día anterior, el 28 de marzo de 2011”, dice la querella presentada por el abogado de Moneda, René García, del estudio Etcheberry, García, Bragado & Cía.
La acción legal persigue que los involucrados sean sancionados por los delitos previstos en el artículo 59 letra (a) de la Ley 18.045 sobre el Mercado de Valores, figura penal que castiga con penas de presidio menor en su grado medio, a presidio mayor en su grado mínimo.
El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, formalizó el pasado 20 de enero por la denominada “arista Linzor” a Aldo Motta, gerente general de Pampa Calichera y Norte Grande y ex gerente de Oro Blanco; y a Claudia Morales, secretaria de actas de las sociedades cascada.
En paralelo, y mientras realiza nuevas pericias por la eventual falsificación, el persecutor sigue investigando la arista principal de este caso, que tiene que ver con la denominada causa “cascada”, por la cual Moneda se querelló el 30 de enero de 2014 y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cursó multas el 2 de septiembre de ese mismo año por US$ 164 millones a los involucrados, entre ellos, a Julio Ponce (US$ 70 millones) y el mismo Motta (US$ 24,4 millones).
Perjuicio a la SVS
La querella de Moneda va en línea con los argumentos que ha planteado Morales en esta causa. Según ha dicho el fiscal, la eventual falsificación de actas habría obstaculizado el trabajo de la SVS cuando desarrollaba la investigación administrativa previa a cursar las multas. De hecho, la misma SVS entregó a Morales en diciembre del año pasado un peritaje en el que corroboró dicha tesis, agregando además que la eventual falsificación de los documentos habría sido funcional para las defensas de Ponce y Motta.
“Estas actas de directorio falsas fueron maliciosamente proporcionadas a la SVS (…) cuyos efectos se vieron agravados por el hecho de que, como se verá, dichas actas falsas fueron efectivamente recibidas y tomadas en cuenta por la SVS en importantes actos administrativos”, dice la querella de Moneda.
En esa misma línea, el libelo explica que la “grosera falsificación” apuntaba a “borrar el rastro de la participación criminal de Julio Ponce Lerou en la misma ‘Operación Linzor’”, quien en pleno proceso de su defensa administrativa ante la SVS, dijo a través de sus abogados que “no tuvo participación alguna en lo que se refiere a las operaciones, las que fueron informadas en le sesión de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera de fecha 29 de marzo de 2011”.
Moneda además, pide que la acción legal sea remitida a la investigación que lleva adelante el fiscal Morales y que se cite a declarar a los directores de esa época de ambas sociedades cascada, Julio Ponce Lerou, Patricio Phillips Sáenz, Francisca Ponce Pinochet, Pablo Guerrero Valenzuela, Julio Ponce Pinochet, Aldo Motta Camp, Luis Eugenio Ponce Pinochet y Roberto Izquierdo Menéndez. También, en el escrito se pide citar a Claudia Morales, en esos años secretaria de actas de todas las sociedades cascada.
El fiscal Morales, en tanto, ya citó a declarar a esos directores en el marco de su investigación.