(El Mercurio) Se acabaron el verano y las vacaciones, y con ello, regresa en gloria y majestad la actividad legislativa, de cara a la abultada cartera de proyectos de la agenda económica del Gobierno.
Algunas iniciativas ya están en el Congreso y se avecina su tramitación. Otras están en carpeta e ingresarán en el corto plazo.
Pero en uno y otro caso, la discusión de los proyectos hará que retornen las reuniones de coordinación con los parlamentarios oficialistas y que se reanude el desfile de dirigentes gremiales que -en aras de conseguir cambios en los proyectos que estiman perjudiciales- acudirán a exponer en las comisiones legislativas especializadas.
El abanico de proyectos que esperan su turno de debate es amplio, y va desde la reforma laboral, la reestructuración del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), hasta el proyecto sobre inversión extranjera -tras la derogación del DL 600- y la tarificación del gas natural.
El listado es extenso, pero existen proyectos que al interior del Gobierno están calificados como prioritarios y para los cuales el mandato de la Presidenta Bachelet a sus ministros es que se conviertan en ley, incluso, antes del 21 de mayo en algunos casos.
Así quedó refrendado esta semana, luego del comité político que sostuvo el miércoles la Presidenta en La Moneda -en el que participó el ministro de Hacienda y jefe del equipo económico, Alberto Arenas-, y luego el jueves, en la reunión que a primera hora sostuvo el comité de ministros del área económica.
Primero en la lista está la reforma al Sernac, pues el mandato de la Presidenta al titular de Economía, Luis Felipe Céspedes -reafirmado en las reuniones de coordinación de esta semana-, es que esta iniciativa sea ley antes del 21 de mayo, de modo de poder lucirlo en la cuenta anual de ese día ante el Congreso y el país.
La reforma laboral también está entre los prioritarios. Y por ello, esta semana el equipo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) retomó sus labores y se contactó con cada una de las seis ramas productivas. ¿El objetivo? Afinar la estrategia con la que el empresariado enfrentará este proyecto, que de acuerdo con los plazos fijados por los ministerios de Hacienda y del Trabajo finalizaría su primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados a más tardar el 21 de mayo.
Y pese a toda esta carga legislativa, puede que en el segundo semestre de este año se sume un nuevo «macroproyecto»: el que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a cargo del Ministerio del Medio Ambiente. En los próximos días, la Presidenta Bachelet convocará a una comisión asesora que sesionará en la primera parte del año. De ahí podría surgir un nuevo proyecto de ley o cambios administrativos al sistema actual. Algunos representantes de esta comisión son René Muga (Asociación de Generadoras), Javier Hurtado (Cámara Chilena de la Construcción), Javier Vega (Sofofa), Paulina Riquelme (CPC-Sonami), Joaquín Villarino (Consejo Minero), Álvaro Sapag (Quiñenco), Rodrigo Benítez (ex subsecretario del Medio Ambiente) y Flavia Liberona (Terram), entre otros.
Se reabre la discusión por el polémico cobro de estacionamientos
En materias que lidera la cartera de Economía, podría abrirse una nueva discusión respecto del polémico cobro de los estacionamientos, a casi tres años de que el ex titular del Sernac Juan Antonio Peribonio planteara -a inicios de 2012- que no correspondían estos cobros en centros comerciales.
En ese entonces Peribonio argumentaba que los centros comerciales estaban impedidos de cobrar los estacionamientos e incluso planteó la posibilidad de ampliar la medida a clínicas, cines y hoteles, pues consideraba que este servicio era parte de las prestaciones que debían dar a los clientes.
Sin embargo, pronto el gobierno de la época tuvo que echar pie atrás, pues quedó claro que el Sernac no tenía las atribuciones para obligar a este cambio y hoy este servicio solo puede velar por que las tarifas cobradas sean las informadas.
Pero en noviembre ingresó al Congreso una moción por parte de un grupo de diputados liderados por el DC Fuad Chahín. Y esta ha encendido las luces de alerta en la industria.
El proyecto busca establecer por ley que los estacionamientos de clínicas u hospitales, centros comerciales, malls , strip centers , supermercados y otras entidades similares sean gratis la primera media hora, y que esto no podrá condicionarse.
Chahín explica que la iniciativa considera que, tras ese plazo y hasta las dos horas de permanencia, quedará liberado el pago si se presenta una boleta debidamente emitida por alguno de los proveedores presentes en el complejo comercial o de salud. Y solo pasadas las dos horas de estadía, procede el cobro, pero por minuto y no por rangos o tramos de tiempo o redondeando la tarifa al alza.
Si bien el Ministerio de Economía no ha dado un patrocinio formal a esta iniciativa, desde la cartera liderada por Luis Felipe Céspedes señalan que se trata de una propuesta «bien inspirada» y que «recoge varias de las ideas» que la cartera ha venido trabajando en esta materia.
Entre los privados cunde la preocupación, pues aun sin patrocinio del Ejecutivo, la iniciativa ha seguido avanzando en su tramitación y el martes se vota el primer paquete de indicaciones. Los privados consideran que el Gobierno ha sido «poco claro» y «zigzagueante» en la discusión de este tema y ven necesaria una definición en una materia tan polémica y sensible a los consumidores.
Manuel Melero, presidente de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, sostiene que solicitará reuniones este mes con las autoridades de Economía, Vivienda y Transportes para analizar los efectos de este proyecto. Agrega que los centros comerciales no se oponen a la gratuidad la primera media hora, pero que sí rechazan establecer gratuidad hasta las dos horas de permanencia presentando una boleta.
Uno de los argumentos de este gremio es la complejidad de implementar este sistema. Sostienen que hay comercios que no emiten boletas electrónicas y además, como el sistema de cobro se valida en máquinas (no es manual), exigiría que todos los locales estén en línea con el dispositivo donde se valida el código de barras.
Energía: ley que fija beneficios a lugares donde se hacen proyectos eléctricos
En los próximos días el vicepresidente de la Asociación de Generadoras, René Muga, se reunirá con la Comisión Nacional de Energía. También está agendada una reunión con el ministro Máximo Pacheco. Ambas citas buscan retomar el trabajo con la autoridad, de cara a las iniciativas más importantes de la agenda legislativa energética. ¿Cuáles son? «Para este año, nosotros en Energía tenemos tres proyectos grandes: asociatividad, transmisión y eficiencia energética», detalló el ministro Pacheco.
La ley de asociatividad es clave, dicen en el ministerio, porque contribuye a destrabar las inversiones en energía. Esta definirá mecanismos para que la comunidad reciba parte de los beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en su territorio. Se mencionan instrumentos como pago de patentes, tarifas eléctricas más bajas, esquemas de valor compartido. Pero, dice René Muga, aún no hay claridad sobre qué mecanismo se empleará y si estas compensaciones serán parte de los requisitos para obtener un permiso ambiental. De hecho, este tema ha complicado las relaciones entre las carteras de Medio Ambiente y Energía, dicen en el Gobierno. Las empresas en general son partidarias de la idea que está tras el proyecto, pero no de que ello signifique más impuestos o suponga más costos a la generación eléctrica. Por ello esperan ver el texto final antes de manifestar abiertamente.
El otro proyecto clave es el de la transmisión. Según el ministro, implica «hacer una ley que regule todo el sistema de transmisión», es decir, que se planifique con un mayor horizonte de tiempo y se posibilite la interconexión nacional (entre el SING y el SIC) e internacional. Muga señala que hoy el transporte de energía se ha convertido en el «mayor cuello de botella del desarrollo eléctrico y es un tema urgente de abordar».
La ley de eficiencia energética, en tanto, busca establecer sistemas de incentivos al ahorro para los sectores residenciales, comerciales e industriales, así como estándares para todo el país.
Estos tres proyectos tienen un cronograma ya definido en la Agenda Energética. El envío del proyecto de Asociatividad está planificado para fines de 2015, pero Energía espera adelantarlo. El de Transmisión está previsto para el segundo trimestre de 2015 y el de Eficiencia Energética, para el cuarto trimestre del año.
No contento con ello, la cartera comandada por Máximo Pacheco tiene otros tres proyectos en trámite legislativo: aquel que amplía el giro de Enap para poder incursionar en proyectos eléctricos, otro que tarifica el servicio de gas natural residencial y el de los colectores solares.
El proyecto que aumenta el radio de acción de la petrolera estatal, que ya está en la Cámara de Diputados, ha sido discutido en la Comisión de Minería y Energía, y el ministro Pacheco espera que la próxima semana sea visto en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Aunque las empresas en general no ven con buenos ojos el proyecto, solo una -Colbún- ha hecho públicos sus reparos, aduciendo que Enap no tiene mayores ventajas para incursionar en un nuevo negocio y que además, sin una reforma a su gobierno corporativo, se presta para mucha injerencia en el mercado y podría generar una competencia desleal a los privados.
Otra ley que está en trámite es aquella que establece un sistema tarifario para los servicios de gas natural domiciliario, iniciativa que fue ingresada al Parlamento el 30 de enero. Por ello, primero pasará a la sala de la Cámara de Diputados y luego a la Comisión de Minería y Energía, en su primer trámite constitucional. Aunque el proyecto era muy rechazado al inicio por la principal distribuidora del país, Metrogas, el escenario cambió cuando la española Gas Natural Fenosa compró CGE y con ello entró a la filial de esta, Metrogas. Según trascendió, las condiciones de entrada fueron conversadas con el Ejecutivo y por ello las reformas no serán tan lesivas para la compañía, mientras que el Gobierno garantiza la capacidad de expandir el gas natural de red.
El cierre de faenas mineras y la pelea por las «rocas»
En marzo, el Ministerio de Minería finalizará la tramitación de la ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, que entre otras cosas establece que las empresas deben provisionar el costo de finalizar una explotación, así como detallar cuántos años estará un yacimiento en operaciones.
Dicho proyecto también incluye una reforma al Servicio Nacional de Geología y Minería. La idea es que las empresas que realicen exploraciones entreguen los datos a este servicio y aporten muestras -minerales o «rocas»-, de modo de levantar una especie de archivo geológico. Al Consejo Minero no le gusta demasiado la propuesta porque esa información es estratégica para las compañías y estima que puede darse un mal uso a esos datos. Así lo ha hecho ver en sus comunicaciones al Congreso.
Este proyecto pasará en las próximas semanas a su tercer trámite constitucional y volverá a la Cámara de Diputados.
Nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas
Tres proyectos tiene para este año el Ministerio de Desarrollo Social. Pero por lejos el más importante, y que buscan enviar el primer semestre de este año, es aquel que crea otra cartera dedicada en exclusiva a las comunidades originarias. El Ministerio de los Pueblos Indígenas y los Consejos de los Pueblos, del que la actual Conadi pasaría a ser un servicio relacionado que ejecutará la política indígena.
A los privados, y más allá del nombre de la nueva cartera, les inquieta el cambio anunciado por el Gobierno, en el sentido de trasladar a esta nueva repartición el proceso de Consulta Indígena, en el marco del Convenio 169. Y en el tema de fondo hay inquietud de que se considere la consulta a los pueblos indígenas como vinculante.
Hoy, este procedimiento -que pide la opinión de las comunidades respecto del efecto que les causa un proyecto de inversión- se canaliza a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La duda de los privados apunta a por qué disociar en dos entidades la evaluación de un proyecto, lo que podría retrasar dicho proceso de análisis y aprobación de una iniciativa.
Los otros textos que se enviarán al Congreso son aquel que constituye una Subsecretaría de la Discapacidad y el que reforma el Servicio Nacional de Mayores (Senama). Ambos se encuentran en trabajo de diseño y presupuestario.
Dudas que abre el nuevo Código de Aguas
Se trata de la reforma que sucede a la laboral en orden de relevancia y que tiene impactos en una serie de sectores productivos: son los cambios al Código de Aguas, que el Gobierno ingresó al Congreso el segundo semestre de 2014 a través de una indicación a un proyecto que se venía tramitando desde marzo de 2011 y que lideran varias carteras, entre ellas Agricultura y el MOP.
Esta indicación implica declarar que las aguas son de interés público, pero además establece plazos de caducidad de los nuevos derechos de agua que sean otorgados posterior a la reforma. Prohíbe, además, derechos de agua en glaciares y fortalece la Dirección General de Aguas.
El sector privado no ha planteado aún una postura única, pese a la preocupación que han expresado por estas modificaciones legales. Y es que los intereses son diversos y comprenden rubros muy distintos, desde la agricultura hasta la minería.
Uno de los gremios más duros en su postura frente a este tema ha sido la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), entidad que no está de acuerdo, entre otras cosas, con quitar la condición de propiedad privada al denominado derecho de aprovechamiento de aguas. La SNA sostiene que este derecho es adquirido por los agricultores grandes, medianos y chicos, y que forma parte de la idiosincrasia del país. Es más, ha señalado que muchos de estos derechos están entregados en garantía a los bancos junto a los predios. De modo, estiman, que quitarle la condición de propiedad privada -tal como lo propone el Gobierno-, es hacer un cambio radical en la forma en que se ejerce el derecho y que esto no se condice con el marco constitucional vigente.
La CPC encargó un informe constitucional al ex presidente del Tribunal Constitucional Juan Francisco Colombo y con este insumo en mano el comité hídrico de la entidad espera aunar posturas entre los distintos sectores durante este mes para dar a conocer un planteamiento único del sector privado antes que finalice marzo.
Nuevo Sernac antes del 21 de mayo
Que el 21 de mayo de este año sea ley. Es la premisa con que está trabajando el Ministerio de Economía en la discusión del proyecto que reforma el Sernac, que ingresó en junio de 2014, experimentó dos veces cambios en la comisión de Economía de la Cámara y que actualmente se encuentra en la comisión de Constitución.
El próximo paso es la comisión de Hacienda y luego debe votarse en la sala para que después ingrese al Senado.
Esta iniciativa -que el Ministerio de Economía define como «prioritaria»-, busca que el Sernac pueda no solo fiscalizar, sino también actuar de mediador, normar y sancionar en casos de protección a los consumidores. Además, refuerza su capacidad operativa incrementando su presupuesto -que pasará de $8.668 millones a $24 mil millones.
Pero uno de los aspectos más polémicos de este proyecto es la facultad que se le otorga al Sernac de elaborar normas, algo que los privados no ven con buenos ojos.
Según las últimas indicaciones aprobadas, para dictar normas e instrucciones generales, el director del Sernac deberá considerar la evaluación que haga un consejo técnico, de modo de contar con la visión de un tercero independiente, y que no todas las facultades se concentren en el mismo Sernac.
Pero el problema es que dichas recomendaciones del consejo no son vinculantes y los privados consideran que debiesen serlo.
Otro proyecto que depende de Economía y que iniciará su primer trámite legislativo esta semana, es el que crea la nueva institucionalidad para la inversión extranjera.
Esta iniciativa también es liderada por la cartera de Hacienda e ingresó el 30 de enero al Congreso. Por ello, está literalmente en su etapa inicial: ni siquiera tiene número de boletín, el que se le asignaría la próxima semana.
Este proyecto no debería suscitar problemas y en el Gobierno esperan un trámite expedito, pensando además en que esta nueva institucionalidad que reemplazará al DL 600 -según quedó a firme en la reciente reforma tributaria-, debe comenzar a operar el 1 de enero de 2016.
En el sector privado coinciden con el Ejecutivo, ya que la iniciativa recogió varias recomendaciones que hizo una comisión asesora transversal y además estableció un plazo de cuatro años antes de que se produzca el cambio. O sea, si el Congreso aprueba el proyecto tal como está y la nueva institucionalidad comienza a operar el 1 de enero de 2016, los inversionistas extranjeros podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2019 autorizaciones de inversión extranjera en los términos del DL 600.
Conciliación entre SII y los contribuyentes
El Ministerio de Hacienda es el que está liderando el proyecto de modernización de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), iniciativa que ingresó el 30 de enero al Congreso y es parte de los compromisos del protocolo de acuerdo de la reforma tributaria.
La próxima semana se le asignará número de boletín y el Gobierno espera que sea ley durante este año.
En el sector privado, esta iniciativa ha tenido una buena recepción, pues permite que el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los contribuyentes puedan llegar a un acuerdo antes de ir a juicio, en caso de discrepancia.
Los abogados Óscar Ferrari y Pedro Troncoso explican que la iniciativa contempla una etapa de «conciliación» previa a un juicio, lo que permitirá ahorrar costos al fisco y a los particulares.