(El Mercurio) La llamada «arista SQM» del caso Penta, que implica que el propio fiscal nacional, Sabas Chahuán, estará a cargo de la investigación por el supuesto financiamiento irregular a campañas políticas, llevó al directorio de la compañía minera a convocar ayer a un directorio extraordinario.
Dicha instancia definió crear un comité ad hoc para investigar las acusaciones y enfrentar esta crisis. El comité especial quedó integrado por tres miembros del directorio: el socio de Claro & Cía., José María Eyzaguirre Baeza; el empresario y socio de Ultramar, Wolf von Appen, y el ex ministro y empresario Juan Antonio Guzmán.
La compañía -presidida desde 1987 por Julio Ponce Lerou, principal sancionado en otro escándalo corporativo, el caso Cascadas- llamó a esta reunión extraordinaria para «analizar las materias que han sido divulgadas por la prensa durante las últimas semanas y que dicen relación con casos de connotación pública», según informó SQM en un comunicado.
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El directorio acordó, tras un intenso debate, delegar en dicho comité «toda la autoridad necesaria para llevar a cabo su cometido instruyéndole que, a su discreción, requiera toda la asesoría externa independiente que estime apropiada y que, una vez realizada su tarea, informe al directorio de SQM sus conclusiones y eventuales cursos de acción».
Eso implica, entre otras cosas, concentrar la estrategia legal en SQM y no en Julio Ponce. La determinación de este comité se realizó 48 horas después de que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se hiciera cargo de la investigación del caso Penta con todas sus aristas, con la ayuda de tres fiscales: Carlos Guajardo, Emiliano Arias y Pablo Norambuena.
La reunión extraordinaria de directorio se efectuó pese a que varios miembros de la mesa están fuera del país, como el vicepresidente Wayne Brownlee, CEO de PCS.
El directorio de SQM está integrado además por Alejandro Montero, Patricio Contesse Fica y Hernán Büchi.
Según señalaron cercanos a la compañía, la determinación se adoptó debido al daño reputacional que este caso podría generar para SQM, en especial porque la firma maneja ADRs en Estados Unidos.
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Los tenedores de estos papeles poseen el 23,52% de la propiedad. SQM es controlada por Julio Ponce y sus sociedades relacionadas, en alrededor de 30%, y el otro socio relevante es la canadiense PCS, cuya participación accionaria es muy similar.
El otro frente de conflicto
El presidente de SQM, Julio Ponce, fue protagonista en meses recientes de otro proceso de alta exposición pública, el caso Cascadas. La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sancionó a Ponce y a otros profesionales de la compañía, como Patricio Contesse Fica, actual director de la minera no metálica, y Aldo Motta, gerente de las Cascadas, por crear y operar un «esquema» que generó perjuicios a los accionistas minoritarios de las sociedades aguas arriba de SQM, Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande.
Por esta imputación, el presidente de SQM recibió una multa de US$ 69,5 millones. Todos los implicados del caso sumaron sanciones pecuniarias por US$ 164 millones.