Con la participación de los representantes de la Junta de Vigilancia del Río Longaví y de la iniciativa “Agua que has de beber”, la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía de la Cámara Alta, retomará su trabajo el próximo martes 3 de marzo.
Según la nota publicada en el portal del Senado, la senadora Adriana Muñoz, presidenta de esa instancia, explicó que la idea es que después de haber escuchado a expertos constitucionalistas ahora reciban a las comunidades a objeto de poder recabar la mayor cantidad de información posible para luego ver que decisiones legislativas son más convenientes de adoptar.
“Hemos escuchado dos profesores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile en la misma línea de poder recoger toda la experiencia académica, de investigación, de trabajo universitario que existe en esta área y de esta manera ir recogiendo insumos y opiniones acerca de las mociones que tenemos que tramitar y también la propuesta de una línea posible de modificación constitucional”, explicó la senadora.
Agregó que las exposiciones de los abogados constitucionalistas han sido muy útiles, pues analizaron las materias propuestas en las distintas mociones parlamentarias sobre la materia. “De acuerdo a la legislación comparada, las reformas constitucionales son más bien titulares y nosotros hemos avanzado en varios textos, tanto de dominio, de naturaleza jurídica de acceso al agua como también en manejo y gestión del agua en cuencas, etc. Es muy importante lo que ellos nos han dicho, de cómo ir simplificando una propuesta de modificación a la Constitución”, indicó.
La senadora explicó que al interior de la Comisión están trabajando en definir qué materias se incluirán definitivamente en la propuesta legal que hagan a la Sala.
“Queremos ver si van a estar solamente el tema del dominio, de la naturaleza jurídica, de si es un bien nacional de uso público o de dominio único y exclusivo del Estado. Hemos escuchado a muchos profesionales que proponen que sólo abarquemos eso, marcar una tendencia de desprivatizar el recurso hídrico que el Estado lo está entregando en propiedad a quienes soliciten derechos de agua. Es muy importante que podamos establecerlo en la Constitución y también la forma en cómo se accede. Si se entrega a través de una concesión o bajo qué formula se entrega el agua a los privados. Hay que ver si esas materias las establecemos en la Constitución o quedan en el Código de Aguas”, puntualizó.