(Pulso) El 31 de marzo vence el plazo para que las 27 medidas normativas y de gestión contempladas en el plan de inversiones presentado por el Ministerio de Hacienda en noviembre pasado estén materializadas, con el fin de destrabar proyectos privados.
[Agenda de productividad estará plenamente desplegada el 2015]
El documento, elaborado por el comité de ministros del área económica, considera acelerar inversiones por US $6.000 millones hacia fines del primer trimestre, e incluía algunas modificaciones al Código Minero, las que sin embargo hace unas semanas fueron desestimadas. Así lo confirmaron fuentes del empresariado y del propio Ministerio de Hacienda a PULSO.
Los cambios normativos eliminados se refieren a dos modificaciones al Código Minero que causaron recelo inmediato en el mundo empresarial cuando se anunciaron.
El primero está relacionado con la institución del amparo minero. “Se analizará la posibilidad de aumentar los montos de las patentes y establecer un pago progresivo cuando no se utilicen las concesiones de exploración o explotación”, dice el documento del plan de inversiones.
Y el segundo, buscaba establecer causales reales de caducidad a fin de evitar especuladores.
Pero estas medidas fueron fuertemente criticadas por los gremios que componen la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
“Nos preocupan las modificaciones al Código Minero. Creemos que esa medida no apunta en la correcta dirección, toda vez que lo que haría es producir incertidumbre en ese sector y, por lo tanto, restar inversiones”, señaló el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz, una vez conocido el plan.
Palabras que en su momento fueron apoyadas por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, quien sostuvo que “ya quieren meterle mano al Código Minero, y comenzamos a manipular las cosas que generan mayor incertidumbre. Mientras no se hagan cargo de la realidad, de modernizar el Estado y que la justificación se haga sobre la base de cambiarlo todo para que quede todo igual, al menos desde mi perspectiva genera incertidumbre y preocupación, porque no se está tratando el fondo del problema”.
Estas palabras calaron hondo entre las autoridades, las que reevaluaron el tema.
La decisión de Hacienda y específicamente del comité pro inversión, de eliminar estas medidas del plan de inversiones, se dió luego de diversas reuniones sostenidas entre los representantes técnicos de los gremios que componen la CPC y el secretario ejecutivo de la instancia gubernamental, Patricio Tapia.
Fuentes del empresariado aseguraron que en las últimas reuniones entre los gerentes de estudios de las ramas y el coordinador macroeconómico de la CPC, Claudio Seebach, Patricio Tapia estuvo presente con la idea de efectuar las modificaciones necesarias para evitar mayores incertidumbres al sector privado.
De hecho, señalaron que Tapia mantiene constantes encuentros con este equipo de técnicos, tanto en la CPC como en el Ministerio de Hacienda, e incluso comentaron que existe una “línea directa” entre ambos (con Seebach), con el propósito de llegar a la meta con los compromisos adquiridos en noviembre pasado.
De hecho, ya para la próxima semana este plan tendría que tener un 50% de avance. Por lo menos así lo señaló el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, el 18 de diciembre pasado, luego que el comité de ministros económicos se reuniera con la Presidenta Bachelet para informar que hasta ese momento el estado de avance era del 20%.
Ahora bien, desde el empresariado insistirán en desechar también las normas relacionada con la Ley Lafquenche.
Faenas mineras, única prioridad
Desde el Ejecutivo afirmaron que en lo referente a la agenda con minería, sólo pondrán énfasis en materias fuera del plan de inversiones como regular el cierre de faenas mineras, un tema de preocupación del mundo privado.
De hecho, el miércoles pasado en el Senado se aprobó de manera unánime la idea de legislar del proyecto que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, junto con el decreto ley que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).
Ahora el texto que ingresó el 3 de octubre del año pasado con urgencia, está en segundo trámite constitucional y volverá a la Comisión de Minería y Energía del Senado para recibir las indicaciones hasta el lunes 12 de enero. Éstas posteriormente serán analizadas por los integrantes de dicha instancia parlamentaria.
Esta iniciativa busca cambiar la fórmula de cálculo que hoy existe para definir el cierre de un proyecto minero, y el Sernageomin será el encargado de velar por este proceso y definir sanciones ante la complejidad de establecer la vida útil de tales faenas.