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Fiscal pide formalización de dueños y ejecutivos de Penta más ex subsecretario

Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín enfrentarán cargos por delitos tributarios y soborno; la ex autoridad de Minería, por cohecho y lavado. 

(El Mercurio) Un escrito solicitando una audiencia para realizar la primera ronda de formalizaciones en el denominado caso Penta, donde se investigan irregularidades tributarias y el financiamiento fuera de la ley de campañas políticas, ingresaron ayer por la tarde ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago los fiscales de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Villalobos.

En el documento, se comunica al tribunal que se formularán cargos a los socios fundadores del holding , Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, por el delito descrito y sancionado en el artículo 97, número 4, inciso primero, del Código Tributario, referido a la presentación de «declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda». Ello, por haberse incorporado a la contabilidad de distintas sociedades de inversión del grupo una serie de boletas o facturas ideológicamente falsas -de personas y sociedades que no prestaron servicios-, disminuyéndose la base imponible del impuesto a la renta de éstas.

Entre las boletas y facturas investigadas, hay documentos emitidos por las cónyuges y familiares de los dueños de Penta, así como por personas naturales y sociedades relacionadas con el pago de bonos de ejecutivos y aportes a políticos.

Sobre esto último, hay registro, por ejemplo, de documentos emitidos por secretarias, un abogado y un chofer, entre otros, más facturas de Inversiones y Mandatos S.A. (Jovino Novoa), de Vox Comunicaciones (relacionada con Laurence Golborne), de Cactus Consultores SpA (Andrés Velasco) y otra de Reactor SpA (vinculada con Pablo Zalaquett).

También se les imputará el delito de soborno, del artículo 250 del Código Penal, por los pagos que realizaron, entre marzo de 2010 y octubre de 2012, al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, mientras ejercía como funcionario público. En total, $42 millones.

A este último, en tanto, el Ministerio Público le formulará cargos por el delito de cohecho -independientemente de que no se haya establecido hasta aquí una contraprestación, pues no es requisito para configurar el delito- y lavado de dinero, debido a que recibió estos pagos a través de un tercero para disimular su origen ilícito (ver nota relacionada).

En el caso del gerente general de la sociedad de inversiones Penta S.A., Manuel Antonio Tocornal, será formalizado por el mismo delito tributario que se imputa a los dueños del grupo.

A Samuel Irarrázaval Larraín, cuñado de Délano y representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros (también del grupo), se le imputará haber facilitado boletas por servicios que no se prestaron con el objeto de «cometer o posibilitar» ilícitos de carácter tributario descritos en el artículo 97, número 4 del código que regula esta materia.

El último del listado es el ex senador de la UDI Carlos Bombal, actual asesor del grupo, a quien se le formalizará por el mismo delito que a Irarrázaval.

Para la próxima semana, se espera que la fiscalía solicite nuevas formalizaciones por delitos tributarios -entre ellos la devolución indebida de impuestos- y cohecho. En este segundo grupo de imputados iría Bravo; el contador de Penta, Marcos Castro, y el ex fiscalizador del SII, Iván Álvarez, quien ya enfrenta una acusación por otra causa, el denominado caso fraude al FUT.

 Nuevas peticiones de formalización y declaración de políticos

En los próximos días el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, y su par Pablo Norambuena continuarán tomando declaraciones.

Para hoy se espera el interrogatorio por primera vez del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, cuya defensa esperaba conocer los antecedentes de la investigación antes que aquel declare en calidad de imputado.

La próxima semana seguiría el desfile de citados, entre ellos el ex diputado Alberto Cardemil (RN), y el ex senador Jovino Novoa (UDI), quien este fin de semana regresa de Nueva York.

También la próxima semana la Fiscalía Oriente ingresará un nuevo escrito de formalización en contra de otro grupo de imputados: el ex directivo de Penta Hugo Bravo; el contador del holding , Marcos Castro; y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez.

A Bravo se le imputará la obtención indebida de devoluciones de impuestos a través de dos de sus sociedades, entre 2007 y 2013; el funcionario del SII sería formalizado por cohecho por participar en las devoluciones de impuestos a la renta fraudulentas, por concepto de pérdidas tributarias de Bravo; y Castro sería formalizado por delitos tributarios como representante legal de Penta III.

La imputación al ex subsecretario de Minería

Si bien era esperado que el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner fuera formalizado por cohecho por los pagos de $42 millones que recibió de sociedades de inversión de Penta mientras era funcionario público y estaba en ese cargo, sorprendió que además se le formulen cargos por lavado de activos.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Partido Socialista se querellaron solo por cohecho. Esto, porque en la carpeta investigativa hay antecedentes de que el holding le realizó 14 pagos, de $3 millones cada uno, mientras era subsecretario, entre marzo de 2010 y octubre de 2012, aunque hasta el momento no se ha establecido una contraprestación de esa autoridad, ella no sería necesaria para configurara el delito.

Wagner trabajó 10 años para empresas del grupo Penta. En 1998 ingresó como gerente de Estudios, y luego se desempeñó como gerente de Planificación en Banmédica hasta 2008. Pero el grupo habría decidido continuar pagándole una suerte de remuneración hasta que encontrara un nuevo trabajo. Y en 2010, pese a haber asumido como subsecretario, esos pagos habrían continuado.

Todavía se indaga si en su calidad de funcionario público omitió o infringió deberes de su cargo en favor de los dueños de la mina de hierro Dominga. Esta pertenece a la empresa chilena Andes Iron y está ubicada en la comuna de La Higuera, en el límite norte de la Región de Coquimbo, y uno de sus socios es el controlador de Penta, Carlos Délano.

La ex seremi de Minería de Coquimbo Jocelyn Lizana testificó que Wagner «permanentemente me preguntaba cómo iban los proyectos. Dentro de eso me preguntaba cómo iba el proyecto Dominga en general (…). En ninguna instancia manifestó su intención de inhabilitarse o no intervenir en los temas de Dominga. Deseo agregar que Pablo Wagner tampoco efectuó alguna presión para favorecer a Andes Iron».

Respecto del lavado de activos, se le formularán cargos porque trató de ocultar los $42 millones que le fueron cancelados por los controladores de Penta mientras era funcionario público. Esto, ya que se le pagaron con cheques que iban a nombre de la cuñada de Wagner, quien extendía las boletas para que este pudiera entregarlas, pero el dinero en definitiva era depositado en la cuenta corriente del ex subsecretario.

Se espera que hoy Wagner declare por primera vez en la fiscalía.

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