(La Tercera) Gobierno, sindicatos y empresarios, alistan la estrategia que seguirán a contar de esta semana -y según está previsto hasta mediados de año- en el Congreso por la reforma laboral.
Pasadas las seis de la tarde de hoy, los ministros de Hacienda y Trabajo darán el puntapié a la discusión, explicando en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados los alcances de la propuesta. Si bien el proyecto se enfoca en la negociación colectiva a nivel de empresa, a través del informe financiero la autoridad detallará que la iniciativa también tendrá impacto en las arcas fiscales.
De acuerdo a fuentes de gobierno, las modificaciones implicarán al Estado un desembolso cercano a $3.600 millones, equivalente a unos US$ 5,8 millones. Una de las materias que dará origen a este gasto, es la consulta a terceros que realizará la Inspección del Trabajo en caso de que empleadores y trabajadores no logren acuerdo al momento de definir de servicios mínimos.
Durante la huelga, el proyecto establece que los sindicatos deben proveer equipos de emergencia para cumplir “servicios mínimos de la empresa, que permitan atender las operaciones indispensables para evitar un daño actual e irreparable a los bienes (…)”. Si las partes no logran concordar qué servicios serán garantizados, podrán solicitar la intervención de la Inspección del Trabajo. Antes de emitir un pronunciamiento, esta institución deberá solicitar informes técnicos a organismos públicos o privados.
También requerirán recursos fiscales el nuevo fondo de relaciones laborales colaborativas y la institucionalidad de arbitraje.
Más allá de los costos, el presidente de la comisión de Trabajo, Tucapel Jiménez (PPD), afirma que hoy propondrá sesionar dos veces por semana -lunes en Santiago y martes en Valparaíso- iniciando el calendario de audiencias el lunes 12 de enero, con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
“Escucharemos a todos y veremos si podemos mejorar el proyecto, en caso de que se detecten errores o imperfecciones como redacciones que no queden claras”, acotó. Según anticipó, espera terminar la fase de audiencias antes de que finalice marzo, mes en que deberá entregar el liderazgo de la instancia al diputado PC Lautaro Carmona.
Disconformidad
Si bien recién hoy se dará cuenta del ingreso del proyecto al Congreso, los gremios ya lo tienen en sus manos desde hace una semana.
Esa ventaja les permitió desplegar a sus técnicos en el análisis de “la letra chica”, preparando el debate que será pausado por el receso legislativo de febrero.
Aunque el análisis del sector privado indica que la reforma favorece a los sindicatos, la CUT no quedó del todo conforme. Así lo precisó el vicepresidente de la multisindical, Nolberto Díaz, quien afirmó que realizarán “varias observaciones” al texto.
“Hay cosas que entran en contradicción con principios que se habían discutido”, se limitó a declarar, argumentando que definirán sus planteamientos hoy, en la reunión del comité ejecutivo. Arturo Martínez, secretario general de la organización, agregó que se trata de “una agenda laboral que perpetúa la deuda con los trabajadores”.
Uno de los temas que no gustó en la dirigencia sindical fue la afiliación del 30% de los trabajadores que se exigirá para que sindicatos y empleadores puedan ampliar el abanico de temas a negociar. En el acuerdo de voluntades firmado con la CPC en 2012, comentan, el requisito era 65%.
Al contrario, empresarios defienden que el proyecto constituye una “reforma estructural”, que restringe a los trabajadores la libertad de afiliación sindical y afecta la capacidad de adaptación de las firmas. Los temas que más preocupan y que buscarán eliminar, son la titularidad sindical y la prohibición del reemplazo en huelga.
“La adaptabilidad pactada, por ejemplo, no compensa las rigideces que introducen los otros aspectos de la reforma. Las cosas que podrían ganarse se ven más que anuladas por la titularidad y la prohibición de reemplazo en huelga”, sentencian en el empresariado.