(Pulso) Varias novedades trae la reforma laboral presentada recientemente por el Gobierno al Congreso, la cual comenzará su tramitación el próximo 6 de enero en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Una de ellas está en el arbitraje que hoy rige para las empresas estratégicas. Si bien no se modifica la forma en que se determinan estas empresas sin derecho a huelga, el proyecto renueva uno de los puntos más complejos para la resolución de conflictos y además incorpora este sistema a los procesos de negociación colectiva tradicional.
Así, el arbitraje tras la aprobación del proyecto será definido en el Código del Trabajo como un procedimiento a través del cual la organización sindical y el empleador podrán someter la negociación colectiva a un árbitro para decidir en casos excepcionales.
Uno de los principales cambios está en que la nómina de árbitros, que no se renueva desde que su creación en 1980, se transformará en un cuerpo colegiado.
En cuanto a la elección de los árbitros que hoy son designados, el proyecto plantea que se efectuará por acuerdo de las partes, es decir, los sindicatos y el empleador, quienes podrán elegir 3 profesionales incluidos en la “Nómina Nacional de Arbitros Nacionales” (se inscribirán cumpliendo una serie de requisitos. Podrán ser personas naturales).
De no existir acuerdo, será la Inspección del Trabajo la que determine quienes participarán del proceso.
Para Pedro Sepúlveda, presidente de uno de los sindicatos de Aguas Andinas (empresa estratégica), que tuvo arbitraje en 2010, el mayor problema que actualmente presenta la nómina de árbitros es el momento en que fueron determinados. “Casi todos son árbitros de derecha y por ende, tienen un sesgo que ha llevado a que resuelvan a favor de las empresas”, sostiene.
Ahora, si bien asegura que es un buen paso el cambio en la designación de árbitros en resolución de conflictos, señala que la reforma sigue reafirmando el actual modelo, el cual a su juicio debe terminar para dar paso a una huelga efectiva para los sindicatos de estas empresas.
“Si hoy se establecen servicios mínimos, es suficiente para permitir la continuidad de producción de una empresa. Ya no se justifica que sigan existiendo las empresas estratégicas”, indica Sepúlveda. También agrega que se debe revisar el mecanismo por el cual se define este tipo de empresas, ya que si bien eso está a cargo de tres ministerios (Economía, Trabajo y Defensa), sigue siendo la Contraloría la que tiene la última palabra, lo que califica como “impresentable”.
En tanto, Luis Herrera, secretario general de la Federación de sindicatos de Trabajadores del sector Eléctrico y Afines de Chile (Fentech), comparte la visión de Sepúlveda respecto al arbitraje actual. Por una parte, sostiene, se está sujeto a un tercero que no tiene claridad respecto a la situación de la compañía, y por otro lado, “los árbitros que son designados tienen una visión respecto al modelo económico que ha imperado por muchos años, y por ende definen respecto a lo que esté ocurriendo en el mercado y no responden a la situación de la empresa”.
En este sentido, Herrera también considera avanzar hacia una huelga efectiva, ya que según su visión hoy el arbitraje, pese a los cambios que presenta la reforma laboral, no garantiza la protección de los derechos de los trabajadores.
Tarifas
En el costo del arbitraje también hay cambios. En octubre de 2012 el Ministerio de Economía estableció una tarifa mínima de 40 UTM ($1,7 millón) por arbitraje y un máximo de 140 UTM, dependiendo de la cantidad de trabajadores por empresa. Esta tarifa se estableció por los altos costos que se cobraba. “Nosotros tuvimos arbitraje en el año 2010 y el costo, a modo de referencia, en primera instancia fue de $10 millones por cada una de las partes, un costo muy grande para nosotros”, señala Sepúlveda.
No obstante, el establecimiento de tarifas provocó que los árbitros no quisieran participar de procesos de arbitraje. “Tras esta resolución, nosotros tuvimos dos arbitrajes en CGE, donde los árbitros se demoraron 6 a 7 meses en establecerse por el concepto económico involucrado”, cuenta Herrera.
Ahora el proyecto propone que la remuneración de los árbitros sea determinada por un arancel anual que fijará la Dirección del Trabajo para el año siguiente y el costo será de cargo fiscal, salvo que el procedimiento arbitral afecte a empresas grandes (más de 200 trabajadores), en cuyo caso el costo deberá ser asumido por la empresa.