.(Diario Financiero) Proyectos de inversión detenidos o retrasados a raíz de dificultades motivadas por los problemas de implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son un desafío común que enfrentan los países que han ratificado este documento.
Esa fue una de las conclusiones de un foro realizado recientemente en Dinamarca a raíz de la conmemoración de los 25 años del protocolo, explicó Matías Abogabir, ex encargado de asuntos indígenas del gobierno y director ejecutivo de la consultora Local.
Proyectos como la mina El Morro en Chile, la hidroeléctrica Agua Zarca en Honduras o los cerca de US$ 8.000 millones de inversión que se han retrasado o pospuestos por conflictos socio-ambientales en Perú son muestra de este fenómeno.
Abogabir comentó que aunque en otros países no hay registro de una judicialización como la que exhibe Chile, es generalizado entre los 22 países que han ratificado el tener inconvenientes.
En Colombia se levantó un estudio sobre los cuellos de botella en torno a la consulta.
En él se señala que ante la falta de una ley que regule adecuadamente los procedimientos, hay «incertidumbre jurídica para el sector privado ante la latente posibilidad de variación en la jurisprudencia y/o cambios en la concepción e interpretación de las normas al interior de los organismos del Estado» respecto a este tema.
En Guatemala, de 33 proyectos hidroeléctricos identificados en un catastro, doce tienen conflictividad.
El único gran proyecto hidroeléctrico que impulsan en Costa Rica sufre un gran retraso por inconvenientes con comunidades indígenas, aunque en este caso, el problema es mayor, porque la iniciativa considera la reubicación de unas mil personas.
Factores
Abogabir indicó que este problema deriva de aspectos más generales del mundo indígena.
«La implementación del convenio no ha sido fácil en ningún país. En ninguno es un tema resuelto», aseguró.
Esto se debe a que existe desconocimiento por parte del gobierno, pueblos indígenas y empresas de los reales alcances y las responsabilidades que conlleva el convenio.
A esto se suma que hay expectativas muy altas de sus resultados, especialmente respecto de que la consulta sea vinculante. En ese sentido, Abogabir comentó que la OIT fue clara en señalar que el acuerdo no es un requisito pese a ser una finalidad.
Otro desafío común es la representatividad de las organizaciones indígenas. Hay preocupación porque se dialoga con un grupo y después éste termina no siendo representativo o se divide, explicó Abogabir.
Finalmente, en la mayoría de los países, la consulta de proyectos de inversión se ha visto relacionada con la discusión de demandas «ancestrales» de las comunidades, con lo que se termina afectando el desarrollo del proyecto.
Por todo esto, el profesional comentó que muchos de los entes presentes, como ONGs, representantes de los gobiernos y de las empresas, plantearon la necesidad de que la OIT sea más activa en guiar la implementación del convenio, acompañando procesos de consulta, por ejemplo.