(Pulso) El próximo lunes 22 de diciembre será la última sesión programada de la comisión transversal que debería proponer recomendaciones sobre la nueva institucionalidad para atraer inversión extranjera. No obstante, hasta ayer había una división clara entre las partes que impedía concretar el objetivo para el cual fueron convocados.
La instancia, cuya conformación es parte del Protocolo de Acuerdo de la Reforma Tributaria firmado en el Congreso, tiene como mandato emitir un informe con sugerencias en un plazo de 120 días desde su creación, el cual vence el 8 de enero. Estas conclusiones servirían de base para el envío de un proyecto de ley al Congreso.
Aunque el objetivo es que dicho informe sea una alternativa consensuada por los expertos, ésta aún se encuentra en discusión y algunos incluso creen que no llegarán a una idea común.
El actual Decreto Ley 600 (DL 600) dejará de regir el 1 de enero de 2016 si se aprueba un proyecto que reemplace esta herramienta. El DL 600 fue creado en 1974 para dar seguridad a los inversionistas extranjeros a través de una “invariabilidad tributaria”, es decir, que si ingresa sus capitales por esta vía paganado impuestos por un 35%, no se ve afectado a ningún cambio tributario local. El Gobierno actual considera que el sistema respondía a otra realidad y ahora Chile no tiene que brindar ese tipo de garantías.
El comité integrado por Christian Larraín, Rafael Aldunate, Rodrigo Álvarez, Jorge Carey, Carolina Fuensalida, Ricardo Vásquez, Jaime Estévez, Jovino Novoa, Sebastián Guerrero, Guillermo Vásquez, Patricio Palma, Andrea Repetto y José Pablo Arellano, ya se ha reunido en siete oportunidades, incluso extendiendo la planificación contemplada en un principio.
En estos encuentros se han planteado diversos puntos de vista que no encuentran un punto intermedio. Por ello, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se ha reunido con varios integrantes de la comisión para intentar unificar posturas solicitando despachar un uniforme que sea unánime. Pero el grupo continua dividido.
Los representantes más oficialistas de este grupo son partidarios de la idea de derogar el actual decreto y los principales argumentos apuntan a que Chile es un país OCDE; que cuenta con una importante red de acuerdos de Libre Comercio, así como acuerdos de atracción de inversiones; y que muchos capitales ingresan utilizando el Capítulo XIV del Compendio de Normas del Banco Central, y no por DL 600. “Se considera que no se necesitan mayores beneficios al inversionista extranjero”, asegura uno de los integrantes de la comisión. Entre los más cercanos a esta posición estarían Guillermo Vásquez, Andrea Repetto, Ricardo Vásquez, José Pablo Arellano, Jaime Estévez y Patricio Palma.
Esta postura es compartida por el Gobierno, visión que fue expresada en la comisión de Hacienda cuando se discutió la Reforma Tributaria, apuntando a evitar la “invariabilidad tributaria” y a la igualdad de trato con los inversionistas nacionales.
En la vereda contraria, los expertos de oposición no ven con buenos ojos la eliminación total del DL 600. Según algunos integrantes de la instancia, este grupo tiene una postura más cercana a un contrato de ley, es decir, mantener el sistema vigente tal cuál como está, o al menos rescatar algunos puntos del contrato.
Uno de estos integrantes asegura que pese a no compartir la derogación de la invariabilidad tributaria, considera que “es casi un hecho que será desechada”.
Aunque el principal fundamento de este grupo se ha centrado en la invariabilidad tributaria, advierten que el DL 600 incluye garantías que permiten la llegada de más inversiones extranjeras.
Según datos del Comité de Inversiones Extranjeras a 2011, el 56,5% del total de inversión materializada utilizaba este instrumento.