(La Tercera) El Ministerio Público decidió abrir una investigación penal por la pérdida de un juego de copias de actas de directorio de una de las sociedades cascadas en la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
La investigación fue iniciada luego que en días pasados la SVS le remitiera a la Fiscalía Centro Norte antecedentes sobre la documentación extraviada. El fiscal José Morales pesquisa ahora la existencia de un posible delito tipificado en el Código Penal y que sanciona crímenes o delitos cometidos por empleados públicos.
El Código Penal sanciona el delito de infidelidad en la custodia de documentos a los empleados que, entre otras cosas, sustraigan o destruyan documentos o papeles que le estuvieren confiados por razón de su cargo. Los infractores de este delito arriesgan penas de reclusión menor y multas económicas.
Para pesquisar este delito, el Ministerio Público ya ha despachado hacia la SVS una serie de consultas relativas a los procedimientos empleados en la custodia y cuidado de documentos que el organismo recibe en el curso de sus fiscalizaciones.
La investigación de Morales se suma a un sumario administrativo instruido por la SVS por la desaparición de los documentos, lo que habría ocurrido durante la primera mitad de 2012.
Formalización
No es la única arista que José Morales está revisando a raíz de las polémicas actas de las sociedades cascada. El fiscal investiga el delito de entrega de información falsa a la SVS a raíz de discrepancias entre actas enviadas por Oro Blanco y Pampa Calichera al regulador y otras que uno de los ex directores, Pablo Guerrero, remitió a Morales.
Las actas entregadas oficialmente por las sociedades a la SVS estaban fechadas el 29 de marzo de 2011 e incluían un párrafo que consignaba que una millonaria operación de compra y venta con acciones de SQM había sido aprobada telefónicamente el día anterior por tres directores, uno de ellos Guerrero.
Las que proporcionó este último, sin embargo, estaban fechadas el 28 de marzo y no hacían mención a la autorización telefónica ni a la compraventa que se realizó al día siguiente. La operación en cuestión consistió en la venta, por parte de Calichera, de cinco millones de títulos de SQM-A a Linzor Total Return Fund (hoy CHL Asset Management). Linzor revendió ese mismo día los títulos a Oro Blanco. La SVS custionó esta transacción y es una de las cuales gatilló más tarde parte de las multas cursadas por este caso.
En esta causa, Morales ya ha interrogado a Pablo Guerrero y, como imputados, al gerente general de las cascadas, Aldo Motta, y la abogada Claudia Morales.
Aunque el fiscal tendría decidido formalizar a estos dos últimos, estaría aún a la espera de un informe que solicitó a la SVS sobre el efecto que habría tenido en su fiscalización la eventual adulteración de los documentos de Oro Blanco y Pampa Calichera. Una vez que esa respuesta sea recibida, lo que podría ocurrir esta semana, Morales pediría a un tribunal audiencia de formalización.