(El Mercurio) La pérdida de competitividad de la industria minera en Chile, sector que aporta la mayor cantidad de recursos al fisco, es una realidad que podría seguir acentuándose. Esto, ya que a los altos costos de producción por los elevados precios de la energía, los costos de mano de obra, los problemas de productividad, la baja ley del mineral y la caída del precio del cobre, se sumará la eventual derogación del Estatuto de Inversión Extranjera, el DL 600.
El Consejo Minero solicitó al estudio de abogados Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner un informe sobre las implicancias y alternativas que existen ante los cambios propuestos por la administración de Michelle Bachelet en materia de incentivos a los flujos de capital foráneos.
El documento, además, recoge experiencias comparadas con países que compiten con Chile en la recepción de inversión minera.
«El Mercurio» tuvo acceso a algunas conclusiones del estudio y estas no son auspiciosas. Es más, demuestran que se deja en una desventaja competitiva evidente a la minería chilena.
Los abogados concluyen que la derogación del DL 600 significará para inversionistas provenientes de Australia, Canadá, Estados Unidos y Japón, la imposibilidad de acogerse a regímenes de invariabilidad tributaria en Chile. También privará a quienes provengan de países no amparados en los acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI), y a los que no cuenten con Tratados de Libre Comercio (TLC) con Chile, de la posibilidad de acogerse al régimen de invariabilidad tributaria e igualdad de trato.
Otra advertencia que realiza el informe es que los inversionistas extranjeros perderán el recurso de reclamación por discriminación que contemplaba el DL 600, e incluso los APPRI y los TLC suscritos por Chile podrían perder su vigencia en caso de que cualquiera de sus partes -y no solo Chile- decida ponerles fin.
¿Y los otros países?
El informe revisa los distintos regímenes con los que operan en esta materia nueve países que compiten con Chile, y concluye que en materia de protección a la inversión extranjera, tras la derogación del DL 600, el país se encuentra en una posición de «inferioridad competitiva» en relación con Perú, Australia, Estados Unidos, Zambia, República del Congo e Indonesia. Esto es, con seis de los nueve países estudiados.
Lo anterior es particularmente preocupante si se considera que varias de estas naciones cuentan con minería menos longeva -o con menos años de explotación- que la chilena y, por lo tanto, de menores costos asociados.
Perú, por ejemplo, cuenta con una legislación doméstica de protección a la inversión extranjera, a diferencia de Chile sin DL 600. Esta es en sí una ventaja competitiva, ya que se aplica a todos los inversionistas extranjeros, amparados o no en un APPRI o un TLC. Además, ese país ofrece regímenes de invariabilidad tributaria a favor de estos inversionistas, con lo que no cuenta Chile. Y la minería peruana es, si no la principal, una de las mayores competencias directas nuestras en el sector.
El resto de los países analizados por Philippi también ofrece este tipo de ventajas a los inversionistas.
La pregunta ahora está precisamente en qué ventaja ofrecerá a los distintos inversionistas la industria minera chilena. Esto porque, además de nuestra destacada estabilidad institucional, es probable que los distintos interesados busquen algún otro beneficio en el sector que más aporta a las arcas fiscales.
1974 Año de data de vigencia del Decreto de Ley 600.
2016 El 1 de enero de ese año se eliminará el DL 600.
13 Son los integrantes de la comisión asesora que propondrá un nuevo mecanismo pro inversión extranjera. Está integrada por Christian Larraín, Rafael Aldunate, Rodrigo Álvarez, Jorge Carey, Carolina Fuensalida, Ricardo Vásquez, Jaime Estévez, Jovino Novoa, Sebastián Guerrero, Guillermo Vásquez, Patricio Palma, Andrea Repetto y José Pablo Arellano.
El mecanismo alternativo que busca la comisión transversal
Fue en el proyecto de reforma tributaria donde el Gobierno tomó la decisión de eliminar el DL 600.
Esta medida fue criticada por una serie de gremios, principalmente el Consejo Minero y Sonami, bajo el argumento de que Chile perdería competitividad frente a otros países, considerando los mayores costos de energía y el alza de impuestos.
Dado este escenario, el protocolo de acuerdo de la reforma tributaria consideró la creación de un nuevo mecanismo para promover la inversión extranjera y se creó una comisión transversal para estudiar el tema.
A fines de septiembre sesionó por primera vez en dependencias del Ministerio de Economía la instancia que propondrá recomendaciones al Ejecutivo en un plazo de 120 días.
La idea es que esto se traduzca en un proyecto de ley que se tramitará en 2015.