Comisión de Minería despachó proyecto que ajusta plazos para planes de cierre de Mediana Minería

La ministra de Minería, Aurora Williams, explicó que, actualmente, los plazos fijados por la ley son muy acotados, lo que pone en riesgo la viabilidad de algunos proyectos y hasta su inicio.

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados despachó esta semana el proyecto del Gobierno que permite un ajuste en los plazos determinados para fijar los planes de cierre de la Mediana Minería.

La iniciativa, que modifica la Ley 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, y el DL 3.525, de 1980, que crea el Sernageomín, reconoce la necesidad de perfeccionar la forma de cálculo de la vida útil de los proyectos mineros, determinar la oportunidad para comenzar a constituir la garantía financiera, respecto de proyectos de hidrocarburos e introducir ajustes al procedimiento de evaluación de los proyectos de cierre.

Asimismo, el proyecto faculta al Sernageomin para requerir la información geológica básica de carácter general, de acuerdo a las especificaciones que se determinen mediante el reglamento respectivo; y plantea promover un ambiente propicio que estimule y posibilite de mejor manera la ejecución de aquellos proyectos de inversión que contribuyen al desarrollo y crecimiento del país, así como de fortalecer la institucionalidad en materia minera.

La ministra de Minería, Aurora Williams, explicó que, actualmente, los plazos fijados por la ley son muy acotados, lo que pone en riesgo la viabilidad de algunos proyectos y hasta su inicio. Precisó que la reforma incorpora un acápite especial, de manera que el plan de cierre no sea una situación que implique costos y que se torne en una situación engorrosa, especialmente si se considera que hoy los planes de explotación deben incluir también los de cierre.

Aurora Williams informó que, dentro de las indicaciones aprobadas, se da cuenta de un alza del límite superior para la mediana minería, lo que en la práctica implica ampliar el espectro de faenas mineras, de 63 a 79 empresas, que se acogerán al nuevo régimen especial que se crea en esta ley y que apunta a la interpretación de lo que entiende por vida útil del proyecto minero (este cálculo define las garantías que las empresas tienen que entregar o prever en materia de cierre de faenas).

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