(Pulso) La aplicación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios ha generado más de una polémica en el desarrollo de varios proyectos de inversión. Por lo pronto, el gobierno anunció que se traspasará, a contar del primer semestre de 2015, la tutela del proceso al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y, posteriormente, a la nueva secretaría de Estado de Asuntos Indígenas, que se creará mediante un proyecto de ley que se enviaría en el primer trimestre de 2015.
A propósito, Hermann von Mühlenbrock, presidente de la Sofofa, planteó la semana pasado que estos cambios generarán una mayor judicialización, y que “no sería un buen cambio, porque (lo que va a generar) es confundir absolutamente un tema ambiental con un tema que está bajo un tinte más social”.
No obstante, el subsecretario de Desarrollo social, Juan Eduardo Faúndez, insiste en los beneficios que generarán los cambios que realizará el Ejecutivo.
“Vamos a tener personal calificado para hacerse cargo de esta temática, que es un tema no menor. Esto está garantizado con la asistencia que brindará la Unidad de Consulta y Participación y, obviamente, los equipos de la Conadi a nivel nacional y regional. Desde esa perspectiva, trabajando acotadamente en los plazos y siguiendo de manera adecuada la metodología, evitaríamos una judicialización negativa de los procesos”, sostiene la autoridad.
¿Se piensa modificar la Ley 19.300 que expresamente establece situaciones de afectación directa (impacto significativo) a poblaciones protegidas, esto es, comunidades indígenas?
Nosotros siempre hemos hablado de revisión, no hemos hablado ni de derogación ni de cambio. Queremos ser súper francos en que este es un proceso que requiere una profundidad mayor, asociada a la realidad que nos toca enfrentar. Desde esa perspectiva, lo que nosotros estamos trabajando es en darle garantías tanto a las comunidades como al sector empresarial de que van a existir reglas claras que permitirán el desarrollo de proyectos de inversión de buena manera desde el inicio.
Para que exista consulta indígena se requiere que haya afectación directa o impacto significativo por un proyecto de inversión en alguna comunidad indígena, cuestión que se estudia justamente en el proceso de elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental. Sacando la consulta del SEIA, igual se va a requerir que se estudie la afectación directa, ya que de lo contrario, habría que hacer consulta prácticamente a todo.
Uno de los beneficios de generar la consulta previa fuera del Decreto Supremo 40 es que lo hace personal calificado. Segundo: no estará centrado en los tiempos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque estará antes. Tercero: dará la posibilidad de cambiar los proyectos antes de entrar a evaluación ambiental. Estamos trabajando para otorgar plena garantía para que este proceso se lleve de buena manera y, desde luego, que los estudios que señalan afectación o no afectación continuarán como se ha generado hasta ahora, pero con una celeridad en los tiempos mayor, y con un profesionalismo mayor.
Lo que queremos decir es que vamos a optimizar los tiempos, pero también vamos a generar una estrategia de acogida en estos temas con la máxima celeridad posible.
¿Cómo se asegura que no se generará más burocracia si se considera que la consulta indígena se duplicará debido a que se llevará a cabo fuera del SEIA como dentro de la participación ciudadana de este organismo?
Hay que despejar algunos mitos de la consulta indígena. Cuando hay proyectos que ingresan al SEIA y tenían afectación directa se realizaba igual una consulta. Por lo tanto, el escenario de la realización de la consulta no ha variado. Lo que nosotros estamos haciendo es generar todas las providencias necesarias para que este proceso se lleve de buena manera. En consecuencia, burocratizar significaría crear cosas más sobre las existentes. Lo que estamos haciendo es un proceso de buena manera, antecediendo a la entrada al SEIA. A fin de cuentas, lo que da seguridad en términos concretos es que es un proyecto de consulta, que una vez que ingrese al SEIA el proyecto de inversión pueda llegar a buen puerto y se pueda ejecutar, que es lo que nos interesa.
¿No cree que se genera un riesgo al adelantar estos cambios sin contar hoy con la institucionalidad definitiva como es el ministerio de Asuntos Indígenas?
El SEIA no desaparece y, por el contrario, se va fortalecer. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros hemos creado la Unidad de Consulta y Participación y la vamos a fortalecer en el ejercicio de 2015. Junto con eso también estamos capacitando al interceptor a lo largo y ancho del país para que tengan un conocimiento adecuado de lo que significa la realización de un proceso de consulta. La Conadi está capacitando a sus organismos técnicos para brindar las asistencias tal cual está mencionado en los reglamentos que nos rigen.
¿En la práctica, la empresa va a tener que obtener el consentimiento previo de la comunidad para poder desarrollar un proyecto?
Al contrario, lo que estas medidas van a generar son certezas y reglas claras para que todos los actores involucrados puedan sentirse satisfechos.
¿Coincide en que existe un negocio de la judicialización actualmente?
Lo que queremos es que todos los actores puedan sentirse beneficiados en términos positivos. Queremos regularizar este proceso para no dar pie a que sectores o grupos puedan lucrar con el respeto a las comunidades.
¿Hoy existe especulación al menos en esto?
No podría asegurarlo. Pero lo que queremos es generar certeza, certidumbre. En el marco de nuestras competencias, la idea es ir avanzando aceleradamente en regularizar todos los procesos que se tengan que hacer, generar confianza tanto para las comunidades como para los inversionistas. Hay que entender que los cambios, en vez de burocratizar significan normar y dar certeza para que todos los actores del Estado de Chile y sus ciudadanos se vean lo más beneficiados posible.