(El Mercurio) La decisión es tajante. Tras analizar durante un mes las mejores alternativas en torno al destino del proyecto de oro y cobre el El Morro, sus propietarios Goldcorp (70%) y New Gold (30%) anunciaron que retirarán el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa ubicada en la Región de Atacama y empezarán desde cero.
El proyecto consideraba una inversión total por US$ 3.900 millones, y a la fecha ya se habían desembolsado US$ 242 millones, monto que será asumido como pérdida. Esto, sin considerar los cerca de US$ 460 millones por la compra del proyecto a Xstrata en 2010.
El 7 de octubre la Corte Suprema revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de El Morro. Si bien en ese momento se dijo que el fallo fue consecuencia del incumplimiento del Convenio 169 de Consulta Indígena, la realidad es que el Tribunal ordenó ejecutar un nuevo reporte a la Conadi, lo que frenó la iniciativa.
Así lo señaló en ese entonces Eduardo Villacorta, vicepresidente senior para Centro y Sudamérica de Goldcorp, en entrevista con «El Mercurio». «El fallo no es contra GoldCorp, es contra una institución del Estado. Nosotros seguimos lo que la autoridad nos dijo. Suscribimos un proceso ya preestablecido por la autoridad competente», dijo.
La decisión
Tres alternativas barajaban los controladores de El Morro. Según comentan fuentes cercanas, durante gran parte de octubre y hasta ayer viernes evaluaron entre los escenarios: irse de Chile, retrotraer el proyecto a la etapa anterior a la paralización por parte de la Corte Suprema, o bien empezar de cero.
Finalmente esta última opción prevaleció. Luego de un profundo análisis, y tras la incertidumbre luego de la decisión de la Suprema, Goldcorp decidió dar vuelta la página e iniciar un nuevo capítulo, retirando el EIA del sistema de evaluación. Así, reformularán el proyecto desde su concepción, lo que podría incluso llevar a modificaciones en el tamaño del yacimiento, comentan fuentes cercanas a la compañía.
Pero esto tiene un costo. Además de las millonarias mermas, la decisión implica asumir las pérdidas del trabajo realizado en los últimos seis años -cuando empezaron a elaborar el EIA -, periodo en el que la institucionalidad ambiental y las normativas sectoriales fueron modificadas, indican. «Se establecieron procesos y normas más exigentes y además el Estado chileno suscribió el Convenio 169 sobre Consulta Indígena», puntualizan.
Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, estima que en el mejor de los escenarios se deberá esperar al menos tres años para que el proyecto se empiece a construir y cuatro a cinco para que comience a operar. «Esto, claro está, si la Corte Suprema no vuelve a cambiar de criterio y si el Gobierno no persevera en la idea de modificar la actual reglamentación de la consulta», advierte.
Desde la empresa señalan que esto los lleva a hacer una reflexión profunda en cuanto a la necesidad de establecer un vínculo con las comunidades aledañas al proyecto con mayor solidez, implementando un diálogo fluido, permanente y constructivo. Esto permitirá desarrollar un proyecto en armonía con el entorno social y ambiental.
Añaden que confían que estas experiencias serán de utilidad para generar reglas claras y estables para el futuro, fortaleciendo así la institucionalidad requerida para garantizar las inversiones y los derechos de todos los actores.
El Morro es uno más de los múltiples proyectos, tanto de minería como de energía que se encuentran paralizados, aplazados o con temas judiciales pendientes en la Región de Atacama. Esto ha provocado un aumento de los niveles de cesantía en la zona y algunas manifestaciones contra la autoridad.
Villarino dijo que esta era «una pésima noticia para el país. Corrobora, una vez más, que no existe certidumbre alguna sobre la aplicación del Convenio 169. Éste, más que un cuerpo legal para proteger derechos de los pueblos originarios, se ha transformado en una herramienta obstruccionista de grandes proyectos».