La Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas y el Ministro del Medioambiente, Pablo Badenier, anunciaron la revisión de los Decretos 66 y 40 -que regulan la consulta indígena y tramitación ambiental de proyectos en el SEIA, respectivamente-.
La Ministra de Desarrollo Social explicó que – en el caso del D66- desde el 3 de septiembre de este año, se inició el proceso de realizar Consulta Previa a los 9 pueblos indígenas de nuestro país, para proponer la creación de una nueva institucionalidad indígena, cumpliendo de esta forma los compromisos presidenciales de instaurar una nueva relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas. Esta nueva institucionalidad propone crear el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo o Consejos de Pueblos Indígenas.
En el proceso se consideraron los estándares contenidos en el convenio 169 de la OIT y, en su primera etapa, se realizaron 58 jornadas planificación de este proceso a lo largo de todo el país durante las primeras semanas del mes de septiembre, donde participaron más de 7 mil personas.
La Secretaria de Estado sostuvo que “como gobierno pudimos escuchar innumerables demandas y reivindicaciones históricas durante este proceso, sin lugar a dudas, la que más se repitió fue la necesidad de revisar lo que establece el Decreto Supremo 66 del Ministerio de Desarrollo Social y el Decreto Supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente. Es así, como haciendo eco a la solicitud de los pueblos indígenas y atendiendo a sus requerimientos es que ratificamos la decisión de revisar ambos reglamentos”.
Reiteró que esta ha sido una demanda solicitada por las comunidades que participan en la Consulta.
Además, expresó que “esta es una señal muy potente de respeto a los pueblos indígenas y de establecer claridades en lo que significa generar proyectos de inversión en el país. Creemos que las reglas claras siempre van a ser mejor y, por tanto, acá tenemos dos bienes que se fortalecen y mejoran”.
Consulta indígena
Por su parte, el Ministro de Medioambiente, Pablo Badenier, destacó “la decisión que tomó el primer gobierno de la Presidenta Bachelet en 2008, de ratificar el convenio 169. Fue una gran decisión, fue un paso sustantivo el poder reconocer los derechos de los pueblos indígenas y también generar todos los mecanismos de resguardo frente a eventuales afectaciones al desarrollo los pueblos”.
Sin embargo, agregó, “nosotros creemos que el gobierno anterior, por el apuro de dictar reglamentos a fines de su administración, mezcló peras con manzanas. No es posible que en un reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) hoy día esté considerado el desarrollo de procesos de consulta indígena. Eso no genera procesos de consulta óptimos del punto de vista de sus resultados”.
A juicio de ambos Secretarios de Estado, los procesos de consulta indígena de proyectos de inversión pública y privada deben ser previos al ingreso al SEIA, dado que los procesos de consulta deben estar debidamente garantizados.
Al respecto el ministro concluyó que “eso genera mejores procesos de participación indígena, en términos de que serán desarrollados por personal capacitado y preparado en temática indígena, no se restringe a los plazos propios de una evaluación ambiental de proyectos, pero fundamentalmente creemos que cuando se hacen procesos de consulta indígena previo al ingreso al SEIA, la capacidad y posibilidad de incidir sobre el diseño y emplazamiento de esos proyectos es mayor”.