(Pulso) Sólo queda un mes y medio para que el gobierno cumpla con el compromiso de enviar la reforma laboral al Congreso. Por eso, desde el Ministerio del Trabajo ya comenzaron la redacción del proyecto de ley, que según fuentes ligadas al proceso, ingresaría al Parlamento durante la última semana de noviembre.
Esta redacción, señalan dichas fuentes, partió con los temas donde hay más consenso entre las partes, por ejemplo, simplificación del proceso de negociación colectiva, la creación del fondo de gestión sindical, y ampliación de temáticas en la negociación.
Las materias más complejas, como titularidad sindical y fin del reemplazo en huelga están para el final, ya que en medio del trabajo de ir armando el texto, el equipo técnico del ministerio continúa reuniéndose con gremios del empresariado y de los trabajadores.
Es así, señalan, que durante el diseño de la iniciativa se han ido incorporando matices que van surgiendo de las conversaciones con los gremios y los partidos políticos. Hacen hincapié que si bien se está escuchando a todos, los titulares comprometidos en el programa de gobierno se mantienen.
De acuerdo a fuentes ligadas al proceso, aún faltan definiciones más concretas respecto a las materias que generan más diferencias entre empresarios y trabajadores.
Por ejemplo, en titularidad sindical el gobierno ya habría decidido prohibir al empleador la extensión de beneficios ganados por el sindicato a trabajadores no sindicalizados. Pero estaría analizando la figura del “adherente”, quien podría recibir estos beneficios pagando la cuota sindical, algo de lo que no sería partidaria la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En el fin del reemplazo en huelga, ya se habría zanjado tener turnos especiales internos, pero aún se estaría evaluando cómo se van a definir estos servicios.
Al mismo tiempo, y para los trabajadores temporeros, se está buscando un tipo de negociación colectiva territorial, es decir, que el grupo negocie condiciones laborales con las empresas de una zona determinada.
Titulares del empresariado
Si bien estos temas son los comprometidos por el gobierno, desde el sector empresarial han detectado temáticas de su interés que no están dentro del debate y que hasta ahora no han sido acogidas por el gobierno, por lo que ven “muy difícil llegar a un acuerdo antes que la iniciativa ingrese al Congreso”, dice uno de los gremios integrantes de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC.
Uno de los puntos en los que coinciden las ramas que componen la CPC es que se deben sancionar las huelgas ilegales. “No podemos permitir que existan paros ilegales, por ejemplo, dentro de las denominadas empresas estratégicas. No puede ser que no haya sanción en esos casos. Hoy no se les ha aplicado la ley a quienes han parado ilegalmente”, dice un dirigente de la CPC.
Como segundo eje se encuentra la posibilidad de hacer cambios a la indemnización por años de servicio. Los empresarios quieren reducir los costos de la indemnización manteniendo e incluso ampliando los beneficios de los trabajadores.
Uno de los gremios de la CPC señala que sería “muy conveniente” avanzar hacia un sistema de seguro donde el empleador cada año deposite lo correspondiente a la indemnización por años de servicio de sus trabajadores, manteniendo el tope de los 11 años como hoy establece la ley.
Esto, se indica, podría ir acompañado con un carácter “ a todo evento”, es decir, que se indemnice tanto por despidos como por renuncias. Para ello, argumentan, también debería existir un aporte del Estado.
“Tenemos que avanzar para que el costo de despedir a un trabajador, por las razones que sea, se pueda solucionar por la vía de un seguro, y que ambos, trabajador y empleador, concurran a ese seguro”, recomienda otro de los directivos de los gremios de la CPC.
En este contexto, dicen que también es importante enfocarse en capital humano, capacitación y productividad. Respecto a este último punto, uno de los dirigentes del empresariado sostiene que “Chile hace tiempo que viene con niveles de productividad bajísimos. Trabajamos muchas horas poco productivas, por lo que tenemos que analizar este tema”.
A esto se agrega la adaptabilidad laboral para los jóvenes, mujeres y adultos mayores. “Hay que facilitar la opción de que todo este grupo de trabajadores tenga acceso al mundo laboral”, comentan. En este sentido, manifiestan, podría existir un tipo de incentivos, más allá de los subsidios existentes, para su contratación.
Otro tema que los preocupa en la eliminación del reemplazo en huelga, es cómo operará para la empresa contratante de un servicio cuando trabajadores subcontratados negocien y vayan a huelga. Desde el gobierno, afirman que este punto aún no ha sido tema de debate.
Lo mismo ocurre con las modificaciones al artículo 161 del Código del Trabajo, que permite despidos por necesidades de la empresa. Desde el empresariado aseguran que la modificación de esta norma sería perjudicial, ya que el tratamiento según el tamaño de la firma es distinto. Pero esta temática tampoco ha sido considerada, hasta ahora, por Trabajo.