En la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, explicó el proceso de consulta previa indígena para los anteproyectos de ley sobre el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas.
La consulta y su fuente normativa, establecida en el Convenio 169 de la OIT, es un mecanismo de participación que facilita el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente.
Según consigna el portal de la Cámara de Diputados, Faúndez detalló ante la Comisión de Desarrollo Social la metodología utilizada, las fases y los plazos para la consulta. Dijo que en una primera etapa, se logró una participación del 86,5 % en 56 localidades del país, con representantes de comunidades y organizaciones indígenas, y autoridades tradicionales de los pueblos Aymara, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Mapuche, Rapa Nui, Kawashkar y Yagan.
El personero destacó que «aquí estamos sentando unas bases interesantes de cómo se relaciona el Estado con nuestros pueblos indígenas que es lo que más nos interesa».
El Consejo de Pueblos y el Ministerio de Pueblos Indígenas se están analizando en forma separada, detalló el subsecretario. «Sin embargo hay una metodología que también es motivo de discusión y de adecuación en base a las realidades de los distintos pueblos indígenas, que lo que pretende es generar participación, metodología, la entrega de la información, una deliberación y obviamente después la fase de diálogo para llegar a consensos que permitan terminar una etapa adecuada para el desarrollo de este proyecto».
Asimismo, explicó que el Ministerio de Desarrollo Social entrega asesoría a los distintos órganos del Estado cuando deciden realizar la consulta indígena.
El diputado por La Araucanía, Fuad Chahin (DC), planteó una postura distinta, señalando que se debiera suspender este proceso y escuchar también las críticas al mecanismo, además de separar las consultas porque las comunidades no sólo quieren representación política en el consejo de pueblos indígenas.
«Lo importante aquí es que el gobierno, y así se lo hemos planteado, pueda suspender el proceso para poder escuchar algunas críticas que han nacido en los diálogos con las comunidades en la etapa de planificación», sostuvo, para de esa forma mostrar voluntad política para recoger esas observaciones y generar correcciones a la metodología y al contenido de la consulta.
«Por ejemplo se ha planteado que se separen los procesos, y que primero se consulte el Ministerio y después se consulte el Consejo de Pueblos en conjunto con la norma que se pretende impulsar para que puedan tener representación garantizada en el Parlamento. Yo creo que el problema que hoy día tiene el proceso es más bien político y por eso es que es importante suspenderlo, poder canalizar estas inquietudes, acoger las que se estimen pertinentes para poder resolverlo», añadió.
Dijo que no pueden pasar cinco años más estudiando el procedimiento, y que debe pasarse a los temas de fondo, por lo que es necesario tener el mejor proceso de consulta posible.
Consulta ciudadana
La presidenta de la instancia parlamentaria, diputada Alejandra Sepúlveda (Ind), valoró el avance respecto a la consulta establecida en el Convenio 169, agregando que la metodología también podría usarse para consultar a la ciudadanía sobre temas trascendentes.
«Nos interesa que la metodología que hoy día se esté utilizando pueda venir el subsecretario a explicarla permanentemente, no sólo hasta el final. Y además porque esta metodología a nosotros nos puede servir no sólo para los pueblos originarios, sino también para lo que tiene que ver con distintos proyectos de inversión que son importantes para toda la ciudadanía, para cualquier proyecto, e incluso para los estudios de impacto ambiental, que lamentablemente muchas veces adolecen de la participación ciudadana».
La consulta previa indígena, los equipos para su realización y la difusión, entre otros aspectos, tuvieron un presupuesto inicial de $1.000 millones. Existe un plazo para la realización de la consulta que oscila entre 100 y 125 días hábiles. El subsecretario Faúndez explicó que este período está sujeto a modificaciones de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo.