x

Ocho temas críticos que el Gobierno debe resolver antes de fin de año

Entre las materias relevantes que identifica LyD están la reforma laboral y la educacional, y los cambios al Código de Aguas. En éstos y otros puntos, el organismo ve que la orientación del Ejecutivo puede generar un impacto negativo sobre la economía.

(Pulso) Tres son los meses que le quedan al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet este año para cumplir con parte de la apretada agenda de compromisos adquiridos en su programa de gobierno y también con aquellos propios de una administración.

En esta “carrera contra el tiempo”, La Moneda debe sortear discusiones en torno a, por ejemplo, la Ley de Presupuestos para el año 2015, hacer frente a la desaceleración que está viviendo el país con medidas a corto y mediano plazo, y promesas de campaña como reformas a la educación y el mundo laboral.

En este contexto, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) analiza ocho temas clave que deben tener definiciones relevantes en lo que resta de este ejercicio.

Ve con ojo crítico mucho de lo que ya se sabe -por anuncios o prensa- sobre ellos y pone especial atención al impacto que muchas de estas medidas puedan tener en la estabilidad económica del país y su camino al desarrollo.

Reforma Laboral: ¿Rigidez o agenda de capacitación?

Para el think tank, la titularidad sindical, el fin de reemplazo en huelga y la sindicalización obligatoria “son contrarios a la flexibilidad laboral”.

Destacan que el resultado de estas reformas sería dar un poder en algunos casos “excesivo” a un grupo de trabajadores minoritarios frente a otros, en general más vulnerables, que verían afectadas sus opciones de acceder a un empleo formal.

LyD precisa que entre 2010-2012 hubo “una evidencia contundente” de que la mejor reforma laboral es el crecimiento económico y el dinamismo de la inversión. “El gobierno, por el contrario, cae con estas reformas en la lógica de la lucha de clases, que en el mediano plazo se vuelve en contra de los propios trabajadores”, asegura.

En cambio, sostiene, sí parece muy positiva la idea de implementar capacitación laboral en jóvenes y mujeres vulnerables, “dado que esta política es la más efectiva en el corto plazo para lograr mejorías en distribución del ingreso en un plazo menor que lo que se puede lograr con una mejoría en la calidad de la educación. Es importante impulsar esta agenda”.

Ley de Presupuestos y desaceleración: ¿Dinamizar con gasto público?

Según LyD, el gobierno tiene la intención de utilizar el gasto público para revertir la desaceleración “y sobreejecutaría el presupuesto (2014) en cerca de US$1.000 millones”, mientras que para 2015 la reforma tributaria también permitiría financiar una tasa elevada de crecimiento del gasto fiscal, aunque advierte que eso podría ir en contra del destino tienen tales recursos.

Agrega que si bien en el corto plazo esta política fiscal expansiva tiene algún efecto dinamizador, su impacto es muy moderado en un contexto de tipo de cambio flexible. “El mayor gasto público, por su impacto en tipo de cambio y/o tasas de interés, tiene un efecto de crowding out (desplazamiento) de gasto privado, por lo que su impacto macro es muy menor”, acota.

En este aspecto, sentencia, el mayor aporte de la política fiscal es mantener la regla estructural, de tal forma de no afectar la clasificación de riesgo y permitir condiciones favorables para el financiamiento externo del sector privado.

Educación: Incertidumbre y no mejor calidad

Para LyD, pese a que el 54% de las familias chilenas elige la educación particular subvencionada, el proyecto de ley que pone fin al lucro, selección y copago, “amenaza este tipo de enseñanza y no mejora los problemas existentes en la educación”. Asimismo, ve anuncios confusos en iniciativas como desmunicipalización, mejoras a docentes y educación superior.

Para el primer caso, dice, “se habla de que se crearían 60 servicios locales de educación para administrar hasta 150 colegios municipales cada uno, sin embargo, este anuncio da cuenta de la improvisación, pues no hay 9 mil colegios municipales, sino 5 mil”.

En política nacional docente, agrega, se regularía la carrera docente, formación inicial, habilitación profesional y carrera directiva. No obstante, “hubo un intento de agenda corta a los docentes (con aumento de remuneración mínima y disminución de horas lectivas, entre otros ítems) que fue rechazada por el Colegio de Profesores”.

Y en educación superior, “no hay claridad” en cómo se ejecutará el compromiso. Asegura que la gratuidad al 70% más vulnerable para el 2018 y total al 2020, además de poder consumir gran parte de los recursos de la reforma tributaria a la educación, “es regresiva, pues beneficiaría en mayor medida a los quintiles superiores de ingreso”.

Salud: ¿Habrá mejora al sistema?

Esta última parte del año, la comisión presidencial de salud debiese entregar su informe a la Presidenta con una propuesta de reforma al sistema de aseguramiento privado. A la fecha, comenta LyD, las noticias dan cuenta que el texto abordará mucho más allá de su mandato y se presentaría un cambio completo al sistema.

Precisa que esta instancia busca avanzar -en su mirada más extrema- a un sistema en que el 7% de cotización vaya a un fondo de único asegurador, “lo que constituye una amenaza a la calidad del servicio que se recibe, tanto para afiliados al sistema público como al privado”, asegura.

Prevé que los actuales cotizantes de las Isapres, luego de su aporte obligatorio, “deberán destinar recursos adicionales para mantener la calidad de los planes que hoy tienen, por lo que se podría considerar una amenaza a la clase media. Además, el sector público podría verse tensionado con la llegada de nuevos asegurados y amenazada la ya baja calidad y oportunidad de las prestaciones”.

En tanto, la solución “menos extrema”, acota, es destinar parte del 7% a un fondo único, pero poder seguir usándolos en un plan base ya sea en Fonasa o Isapres, y otra parte a un fondo “mancomunado” encargado de solidarizar la prestación de algunas enfermedades/prestaciones definidas de manera centralizada.

Ante ello, LyD asegura que el resultado en el corto plazo “terminaría siendo el mismo que contar con un seguro único en salud, ya que ni los prestadores ni aseguradores privados lograrían financiarse. La amenaza es la misma en ambos escenarios: todos pierden y se restringe la libertad de elección de las personas”.

Energía: ¿Se logrará reducir los precios?

En la presentación de la Agenda de Energía, el gobierno “adquirió importantes compromisos” de reducción de precios de la energía eléctrica, dice el think tank. En esa línea está el proyecto de ley que modifica el marco legal para las licitaciones de suministro de electricidad para clientes regulados.

Según LyD, esta iniciativa era esperada para perfeccionar el sistema de licitaciones, sin embargo, un análisis más detallado revela “que una serie de propuestas ahí formuladas son cuestionables y contrarias a los objetivos buscados”.

También se espera que este año ingrese un proyecto de ley para establecer mecanismos para que la comunidad reciba beneficios de los proyectos energéticos que se instalen en su territorio. “Será importante analizar los detalles de las mismas para evitar que se traduzcan en alzas de costos”, dice.

Lo más contradictorio de esta agenda, añade LyD, el que habiendo formulado metas para alcanzar precios de energía más bajos, el gobierno decidiera el rechazo del mayor proyecto hidroeléctrico del país (HidroAysén) y esté promoviendo la aplicación de un impuesto “verde” que elevará el precio de la energía de clientes libres y regulados.

Junto con resolver lo anterior, añade, “la autoridad deberá abordar la creciente incorporación de ERNC, ya que la gran mayoría de los proyectos aprobados son fuentes intermitentes cuyos costos de integración (asociados a respaldo y transmisión) no han sido hasta ahora debidamente internalizados”.

Agua: ¿Cuál será el rol del Estado?

En esta materia, la Presidenta Bachelet ha anunciado su intención de reconocer constitucionalmente el agua como un bien nacional de uso público, aún cuando esta condición -manifiesta LyD- ya está consignada en el Código Civil y en el Código de Aguas.

A lo anterior, afirma, se suman propuestas de reformas constitucionales y legales hechas desde 1992 a la fecha, “iniciativas que apuntan en la dirección equivocada, ya que buscan debilitar el sistema de derechos actualmente vigente y aumentar la injerencia del Estado en la asignación, uso y caducidad de los derechos de aprovechamiento del agua”.

Y añade: “Tales disposiciones en nada contribuyen a resolver los problemas que ha provocado la sequía y la mayor intensidad y competencia por el uso del recurso, sino más bien representan una fuente importante de incertidumbre para miles de agricultores, hidroeléctricas, sanitarias y mineras que requieren de este insumo para su actividad productiva”.

Ejemplifica que en tiempos en que la inversión ha caído drásticamente (7% el primer semestre 2014), parece “del todo inconveniente” generar factores adicionales de riesgo que ahuyentan la inversión y, con ello, postergan el desarrollo del país.

Previsión: ¿Se tomará el camino de un mayor ahorro?

Para LyD “no hay duda de que el sistema previsional de capitalización es una fuente de crecimiento económico por su positivo impacto en el ahorro y el desarrollo del mercado de capitales”.

Cree que si las propuestas previsionales apuntan a un mayor ahorro, podrían terminar siendo un aporte al desarrollo. “La solución de fondo al problema de pensiones por debajo de lo esperado es una sola: mayor ahorro, ya sea voluntario u obligatorio, tanto por mayores tasas de cotización como por la prolongación de la vida activa.

Si, por el contrario, “se decide avanzar hacia un sistema de reparto, la futura reforma previsional terminaría siendo un elemento muy contrario a la necesaria recuperación económica, como también un problema muy serio para las futuras generaciones”, precisa.

Reforma constitucional: Falta de definiciones

Para LyD, lo que primero debe hacer el gobierno en este tema es clarificar el procedimiento a seguir.

Plantea que algunos líderes de la Nueva Mayoría continúan presionando por una Asamblea Constituyente, buscando esquivar el proceso de reforma que establece la Constitución y que pone al Congreso Nacional como el actor central. “Esta falta de definición en un tema tan relevante contribuye a generar incertidumbre en nuestro país”, argumenta.

Asimismo, añade, desde la perspectiva del contenido de la reforma, debieran precisarse aquellos establecidos en el programa, especialmente el eje central: consagrar un estado social de derecho sobre la base de garantizar derechos universales, constitucionalizando el estado de bienestar, “modelo que no sólo reemplaza uno exitoso de desarrollo de los últimos 30 años basado en la libertad y la responsabilidad individual, sino es uno que la evidencia comparada ha mostrado como deficitario”, asegura el centro de estudios.

Comentarios

Conectate con