(Reuters) El gigante Grupo México creará un fideicomiso de 2,000 millones de pesos (151.4 millones de dólares) para remediar los daños causados por el derrame de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, dijeron autoridades que han calificado el hecho como el peor desastre ambiental de la minería moderna del país.
El derrame, ocurrido a inicios de agosto en la gigantesca mina Buenavista del Cobre en el norteño estado de Sonora y que fue provocado por fallas imputables a la empresa, de acuerdo al Gobierno, alcanzó al Arroyo Tinajas, el Río Bacanuchi y el Río Sonora.
El fideicomiso, cuyos recursos serán entregados en montos de 500 millones de pesos, se destinará a reparar los daños ambientales, así como a los provocados en el patrimonio y a las actividades productivas de los habitantes en las zonas afectadas.
«La constitución de este fideicomiso es independiente de las sanciones económicas que conforme a derecho sean procedentes y de otros procedimientos distintos a los iniciados en materia ambiental», dijo el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra, en conferencia de prensa.
Estas sanciones alcanzarían un total de 44.5 millones de pesos (3.37 millones de dólares).
Grupo México, uno de los mayores productores de cobre del mundo y con operaciones también en infraestructura y transporte, dijo en su momento que el derrame había sido provocado por lluvias «inusuales» que sobrepasaron un dique en construcción, versión que fue desmentida por las autoridades.
«En caso de que el monto de 2,000 millones de pesos no sea suficiente para la reparación total del daño las empresas (subsidiarias de Grupo México involucradas) aportarán la cantidad adicional que el comité técnico del fideicomiso determine para cumplir este objetivo», añadió Guerra.
Inicialmente, Grupo México había creado una reserva de 300 millones de pesos (22.7 millones de dólares) para cubrir daños y sanciones derivadas del desastre en su mina Buenavista del Cobre ocurrido a inicios de agosto.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que la concesión de la gigantesca mina no está en peligro por ahora y mientras la empresa cumpla con sus obligaciones.
El funcionario dijo además que la creación del fideicomiso ahorra meses de trámites y conflictos con la empresa.
«Con esto se logra aplicar la ley (…) y al mismo tiempo garantizar la operación sustentable de una inversión que genera empleos», destacó.
A finales de agosto, investigadores de la Procuraduría General de Justicia (PGR) catearon a oficinas de Buenavista, mientras que legisladores instalaron una comisión especial para dar seguimiento al caso y dijeron que pedirían la cancelación de la concesión.
«En lugar de acudir a un juicio largo se está llegando a una obligación de la empresa que va más allá de lo que prevé la ley de responsabilidad ambiental», dijo Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia.