(Diario Financiero) Las comisiones de ética y transparencia del Senado y la Cámara, trabajan con celeridad en la elaboración de la nueva reglamentación que deberán redactar para el ejercicio del lobby en la actividad parlamentaria. Ello, tras la entrada en vigencia de la Ley 20.730, que regula dicha actividad. Dicho texto legal establece que cada órgano del Estado, de acuerdo a su propia autonomía e independencia, debe adecuarse a la nueva normativa, apelando a sus propios métodos. Así, ambas cámaras vienen trabajando hace dos semanas un borrador de reglamento, que está siendo discutido en detalle por sus miembros.
La idea final es que tras la aprobación en cada instancia, se convoque a una comisión mixta, para luego pasar a la Sala, para su aprobación final. Los temas centrales que se están abordando se refieren, por ejemplo, al registro viajes, reuniones y los donativos o regalos que podrá recibir cada parlamentario. Cada uno de estos ítems se deben clarificar, para luego ser entregados, los antecedentes al Consejo para la Transparencia. Tras este proceso de registro existirá un procedimiento de reclamación, sobre algún hecho que vulnere el reglamento para llevar adelante el proceso final que puede desembocar en una determinada sanción. Sanción que puede llegar a una multa y a una anotación en la hoja de vida de cada parlamentario, no contemplando castigos mayores, como la suspensión o expulsión. La comisión de ética, de cada cámara, es quien será la encargada de regular y fiscalizar todo este proceso.
Cambio de paradigma
Algunos parlamentarios, que no pertenecen a las comisiones que trabajan en el texto, al ser consultados sobre qué saben de esta nueva ley y cómo les afectará, confiesan no estar al tanto de los verdaderos alcances que tendrá en la cotidianeidad de sus labores. Es por ello que, desde la Secretaría de la Cámara de Diputados, explican que se llevará a cabo un proceso de capacitación, para que cada diputado o senador sepa a qué atenerse. Así también, a todos los sujetos llamados pasivos (que reciben al lobbysta) y que incluye a asesores y otros profesionales que trabajen directamente en la labor parlamentaria.
El presidente de la comisión de ética de la Cámara, Romilio Gutiérrez (UDI), explica que esta ley, y futura nueva reglamentación será un verdadero cambio de paradigma en las relaciones de los parlamentarios, con la ciudadanía y quienes representan sus intereses: “Se va a producir una cambio significativo en la relación de parlamentarios y, con gestores o lobbystas. Hasta hoy es una gestión desconocida por la ciudadanía, y ahora se podrá conocer públicamente la agenda de parlamentarios y profesionales sujetos a esta normativa legal y las reuniones de lobbystas que hacen gestiones en diversos temas”. El parlamentario explica que uno de los puntos importantes de esta ley es que cambiará la percepción que existe en la gente común, respecto a esta actividad, que muchas veces se aprecia como algo “secreto y turbio”. “Esta ley hará más transparente la gestión de todo el Congreso y fortalecerá y esclarecerá sus funciones”, enfatiza el diputado.
El presidente de la Cámara Baja, Aldo Cornejo (DC), agrega que esta apuntará a mejorar la mala imagen que se tiene de la actividad parlamentaria. “El secretismo y la opacidad en esta materia sólo han contribuido al desprestigio de la labor parlamentaria. Esperamos que con esta nueva ley, cada quien responda por lo que hace de frente a la ciudadanía, pero con información real y transparente”.
La implementación
El presidente de la comisión de ética y transparencia del Senado, Hernán Larraín (UDI), explica que, para elaborar la normativa, se tomo la experiencia norteamericana y europea. En la primera se registran actividades (reuniones viajes), mientras que en la segunda lobbyistas. Acá en Chile, clarifica el parlamentario, se optó por una fórmula mixta. Larraín sostiene que esta ley es un gran avance en la materia, y que, sin duda, marcará un cambio de práctica en la actividad de los parlamentarios. También, advierte, que en su etapa de implementación pueden surgir algunas complicaciones burocráticas y de logísticas, que ciertamente se pueden ir resolviendo con el tiempo y con la jurisprudencia que también se vaya creando: “La complejidad viene de una suerte de burocracia que se va crear. Van a haber trámites, formularios, una actividad a parte de las reuniones mismas; una actividad previa y posterior para transparentar. La ley propone una logística distinta. Es un tema que representará cambios de hábitos significativos”, sostiene el senador.