(Pulso) A eso del mediodía de ayer, los abogados de Julio Ponce, controlador de la cascada sobre SQM, jugaban sus últimas cartas en la Corte de Apelaciones, con órdenes de no innovar que cuestionaban el período probatorio dictado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). El resultado fue el rechazo de 2 a 1 y sólo tras ello, la SVS procedió a informar a todo el mercado el cierre (de parte importante del caso) de la etapa investigativa que tuvo como resultado una sanción por US$164 millones para 9 de los 15 involucrados en el caso, todos sujetos al castigo -en dinero- más grande que conoce la historia económica de Chile.
Tras poco menos de tres años de investigación -y poco menos de un mes de que el regulador cerrara la etapa probatoria-, la entidad fiscalizadora del mercado local hizo públicas las 700 páginas con las que Julio Ponce, Aldo Motta, Patricio Contesse Fica, hijo del gerente general de SQM; Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc, Leonidas Vial, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz y la corredora de bolsa LarrainVial, la más grande del país, eran acusados de haber infringido la ley del mercado de valores, con multas en dinero que partieron en 60.000 (US$2,5 mills.) y llegaron hasta las UF1.700.000 (US$70 mills.); sin perjuicio de nuevas sanciones que el regulador pueda hacer contra el resto de los formulados: Citigroup Global Markets y Linzor Capital, con sus respectivos representantes legales, más Banchile Inversiones y Cristián Araya, ex ejecutivo de la corredora.
El juicio de la SVS
La serie de informes presentados tanto por parte de los formulados no movieron en un ápice el juicio del regulador y que sirvieron para levantar los cargos.
“Del análisis de más de un millón de transacciones bursátiles (ejecutadas entre 2009 y 2011), esta Superintendencia pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones”, fue el juicio de la SVS.
Según el regulador, dicho esquema benefició directa y económicamente a Ponce y al resto de agentes que participaron en éste, a través de sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales -como las denominó la SVS-, “todo en desmedro económico y contra el interés social de las Sociedades Cascada, las que, además, tenían otros inversionistas como los fondos de pensiones y fondos de inversión”.
En la ecuación final, según los cálculos de la SVS, el dicho período las sociedades cascada asumieron sobre costo estimado de UF7.352.300 (equivalente a unos US$300 millones con el tipo de cambio actual), mientras la utilidad estimada con dichas operaciones fue de UF3.125.000 (aprox. US$128 mills.) en el caso de Ponce, cifra similar a la que habría obtenido Guzmán; Leonidas Vial habría obtenido UF1.761.000 entre 2009 y 2010 (aprox. US$70 millones), y Le Blanc UF91.800 en 2011 (aprox. US$3,7 millones).
¿Sirvieron los descargos?
Para efectuar la sanción, la SVS revisó los descargos que presentaron las partes, llegando a conclusiones que, aparentemente, no los beneficiaron.
Por ejemplo, frente a la serie de críticas que hubo respecto de los parámetros de precios de mercado que sirvieron como referencia para identificar dicho esquema (15, 30 y 60 días), el regulador se nutrió de uno de los testimonios de las partes: Juan Carlos Spencer, gerente de la Bolsa Electrónica, quien dijo: “lo que más representa el precio de mercado es el valor de la última transacción realizada en bolsa”.
En base a dicha afirmación, la SVS realizó un análisis utilizando como precio de referencia el precio promedio ponderado del día anterior a la inscripción del remate, dando cuenta igualmente de altos descuentos en las compras de las sociedades relacionadas, instrumentales y vinculadas; y de premios relevantes en sus ventas.
Por otro lado, la defensa de Ponce sostuvo que parte importante de las decisiones tomadas respecto de las inversiones de las sociedades cascada se debieron a los efectos de la crisis subprime, y de la amenaza de la agencia S&P de rebajar la nota a las compañías al establecer un credit watch negativo.
Sin embargo, la SVS, que tuvo acceso a dicho informe, dijo al respecto: “En los distintos informes efectuados por Standard & Poor’s de 10 de septiembre de 2007, 25 de marzo, 27 de junio y 21 de noviembre, todos de 2008, y de fechas 25 de marzo, 27 de abril, 2 de noviembre, todos de 2009, y de 28 de mayo y 6 de diciembre de 2010, dicha entidad clasificadora no hace mención alguna al impacto de la crisis de los años 2007-2009 en la situación financiera de las Sociedades Cascada. “En el período en que las Sociedades Cascada estuvieron al borde del default por la crisis financiera, según la versión de la defensa del Sr. Julio Ponce Lerou, Standard & Poor’s sólo en su informe del 27 de junio de 2008 comunicó al mercado que había puesto en ‘Credit watch’ negativo la clasificación de riesgo del bono internacional de Pampa Calichera, pero no por efectos de la crisis, sino por el aumento significativo de las deudas del grupo controlador”, dice la SVS.
De hecho, en una revisión de las cartas a los accionistas, la SVS constata que Ponce, en calidad de presidente de Norte Grande y Oro Blanco “soslaya de plano la existencia de la crisis financiera”, entregando una visión positiva de dichas compañías al destacar las utilidades obtenidas en 2009, que en Caso de Norte Grande aumentaron 270% anual. En cuanto a Pampa Calichera, Ponce entregó una visión similar a la entregada en su puesto de presidente SQM, señalando “en el complejo escenario económico actual, la solidez financiera de Calichera hace aún más destacable sus logros. Nuestra estrategia de inversión, consolidada en un sector privilegiado debido a su menor exposición a la crisis internacional que hoy afecta a los diversos mercados, permite proyectarnos hacia adelante con confianza”.
El tercer tiempo del Caso
Con las sanciones del regulador se inicia una nueva etapa del caso, esta vez con la SVS en segundo plano y con la irrupción al protagonismo de Moneda y las AFP.
Dichas entidades fueron las más activas en denunciar las irregularidades de la cascada, varias de las cuales esperaban la sanción del regulador para acudir a la justicia con acciones penales y civiles.
Hasta la fecha, Habitat y Moneda presentaron querellas por uso de información privilegiada, entre otros delitos, mientras AFP Capital efectuó una denuncia civil por US$7 millones.
Mientras en Provida “estamos analizando la información que se ha hecho pública y en función de eso definiremos los cursos de acción que correspondan para salvaguardar los intereses de nuestros afiliados”, en Cuprum también se encuentran en dicho análisis, según dijeron fuentes de la AFP a Pulso.
En esta etapa, quien entrará fuertemente a escena será el fiscal José Morales, quien viene investigando la querella madre del caso y a la cual se sumaron los recursos de Habitat y Moneda. Éste tendrá que reconstruir la investigación de la SVS para concluir una investigación que, eventualmente, podría considerar a los directorios de la cascada, no considerados por el regulador a la luz de la fuerte amenaza que supuso la caducidad del “esquema”.