(El Mercurio) Por estos días, la Cámara de Diputados, en particular su comisión de Recursos Hídricos, discute una reforma al Código de Aguas, la principal normativa legal en materia de aguas en nuestro país, que data de 1981 y fue reformada por última vez en 2005.
El tema no es fácil, pues de él están pendientes agricultores, empresas eléctricas, industrias y particulares, y porque abordará temas polémicos: el plazo de los derechos de aprovechamiento de agua, las causales de extinción de este derecho y -tal vez lo más complejo- qué cambios a nivel constitucional se abordarán a este respecto. Porque entre los privados ha cundido la duda sobre si las modificaciones impactarán los derechos de propiedad existentes.
El Gobierno sigue el tema al alero de un comité permanente de ministros-integrado por los titulares de Minería, Energía, Agricultura, Medio Ambiente, Obras Públicas y la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón-, y en el que Reinaldo Ruiz, delegado presidencial para los Recursos Hídricos, es miembro permanente.
En junio, el Gobierno pidió un plazo de dos meses para introducir indicaciones a la discusión que mantienen los diputados. El plazo para que el Gobierno enviara sus indicaciones a dicha Cámara venció este lunes, pero según cuenta Ruiz, las indicaciones finalmente no arribaron al Congreso.
A mitad de semana explicaron en la Cámara las razones: «El director general de aguas, Carlos Estévez, se hizo presente en la comisión (de Recursos Hídricos) y explicó por qué no habíamos tenido tiempo de introducir las indicaciones. En el Comité de ministros, que sí se había reunido en la semana, nos dimos cuenta de que cualquier proyecto que tenga implicaciones ambientales tiene que ser visto por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y el Comité de Ministros acordó convocar a una reunión especial, en un plazo bien breve, para estudiar estas iniciativas, de tal manera que cumplamos con todos los pasos».
Durante los próximos días, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, debería convocar al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, compuesto por los mismos secretarios de Estado que integran el Comité de Ministros encargado del tema del agua, más Hacienda; Salud; Economía; Fomento y Reconstrucción; Vivienda y Urbanismo; Transportes y Telecomunicaciones, y Planificación.
Esta mesa ampliada debería revisar el proyecto y hacer sus observaciones, todo esto en un plazo que no debería pasar de comienzos de septiembre, agrega.
Ante el escepticismo de algunos actores sobre los tiempos con que el Gobierno está manejando el tema, Ruiz señala: «Queremos hacerlo bien. No queremos que después haya un reclamo, que alguien diga que nos saltamos este paso». Agrega: «Nada más lejos de la realidad esto que han dicho algunos, que queremos chutear este tema. No es la intención de nadie, por lo menos desde el Gobierno».
Ruiz adelanta que para agilizar la tramitación de las indicaciones, el Gobierno ha barajado la opción de hacerse cargo de otras materias a través de otros proyectos de ley, de manera que en la Cámara se discutan varios temas de manera simultánea.
Razones para extinguir el derecho de agua
El delegado presidencial para los Recursos Hídricos fue designado oficialmente a fines de marzo, con la misión de enfrentar tres aspectos relacionados con el agua: las sequías, ordenar la institucionalidad -que Ruiz califica de «dispersa»- y hacer propuestas para el ordenamiento jurídico.
A fines de junio Ruiz entregó a la Presidencia un documento que se refería a estos tres puntos.
De los tres mandatos que le encomendó la Presidenta Bachelet, el ordenamiento jurídico es el que ha generado más polémica. El 21 de mayo la Presidenta Bachelet anunció su intención de incluir en la Constitución al agua como un bien de uso público. Este anuncio encendió las alarmas entre quienes estiman que podría dar pie a expropiaciones de derechos de aprovechamiento de agua, que hoy tienen privados.
Ruiz lo niega tajantemente y habla de causales de extinción del derecho, partiendo por el mal uso del mismo. «Si a una persona se le entrega una determinada cantidad de derechos de agua, 10 litros por segundo, y saca 20 litros por segundo, se le puede denunciar, habrá una multa y sigue con su derecho. Personalmente me parece que si alguien está cometiendo un delito con un derecho que el Estado le concedió, el Estado tiene todo el derecho a decir ‘devuélvelo'», plantea.
Hoy, el Código de Aguas ya consagra este recurso como un bien de uso público, pero la Constitución defiende el derecho de propiedad, lo que en los hechos hace que impere este último derecho, explica Ruiz.
La idea del Gobierno es reformar la Constitución para que «al menos haya equivalencia en el Código y la Constitución», dice.
Agrega que se evalúa la opción de presentar, también a comienzos de septiembre, al Congreso el proyecto de reforma a la Constitución referido al agua.