(Andina) Perú es el primer país en América Latina en implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), afirmó este viernes el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.
Esta implementación le permite no solamente garantizar el adecuado uso de los recursos recaudados por la extracción minera, sino que además brinda la seguridad que requieren los inversionistas para invertir.
Esta iniciativa, dijo, busca que las industrias extractivas trabajen responsablemente y que los impuestos que paguen sean destinados convenientemente a la ejecución de obras de desarrollo en distintas localidades.
“Perú es el primero en implementar la EITI en la región, ejemplo que ya están siguiendo otros países candidatos como México y Honduras”, declaró al Diario Oficial El Peruano.
Shinno sostuvo que el estándar EITI es similar a los procesos de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), en el sentido de que busca certificar un proceso de recaudación de recursos.
“En la medida en que el país asegure que se transparenta todo lo que recibe, se incrementará la confianza de los inversionistas, especialmente de la gran minería la cual está plenamente involucrada en esta iniciativa pues sabrán cómo se gastan los impuestos que pagan en beneficio de las comunidades”, añadió.
Regiones
El viceministro de Minas aseveró que dos gobiernos regionales ya apostaron por la iniciativa EITI.
“Estamos hablando de Moquegua y Piura las cuales, vía ordenanzas regionales, establecieron sus condiciones EITI. Moquegua lo hizo en mayo y Piura en este mes”, anotó.
Así, indicó, el Perú se convierte en el primero de los 45 países que cuentan con este proceso y se implementa en los gobiernos regionales.
Alcance de la iniciativa
El estándar del EITI es una normativa internacional que asegura más transparencia sobre los recursos extractivos como el petróleo, gas y minerales que tiene los países.
Está supervisado por una coalición de gobiernos, empresas, organizaciones civiles, inversionistas y entidades internacionales.
Además, esta garantiza una total divulgación de los ingresos que el gobierno recibe del sector extractivo y contribuye al desarrollo sostenible.