(Cámara de Diputados) La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución N° 71, que pide a la Presidenta de la República modificar la ley 19.143 que establece la distribución de ingresos provenientes de las patentes de amparo de concesiones mineras, con el objeto de precisar en su artículo único, letra b), qué se debe entender por desarrollo comunal y, a su vez, determinar qué obras, servicios o acciones quedan afectos a dichos recursos.
La iniciativa fue presentada por los diputados Lautaro Carmona (PC) y Rodrigo González (PPD), quienes explicaron que la norma actual establece que un 50% de los recursos obtenidos corresponderán a las municipalidades de las comunas en las que están las concesiones mineras, para ser invertidos en obras de desarrollo de la comuna correspondiente.
Diversas municipalidades han usado estos recursos a través de presupuestos participativos, ya sea de infraestructura o participación, destinados no solo a obras materiales, sino también a servicios y acciones, que satisfacen de modo directo las necesidades de la población comunal. Todo ello, respaldado en un dictamen de la Contraloría General de la República de 1994.
Municipios como Chañaral o Freirina, en la región de Atacama, «legítimamente han usado estos recursos para financiar instituciones de carácter comunal, tales como Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Clubes de Adulto Mayor, consistentes en implementación de infraestructura, equipamientos, construcción y reparación de sedes, etc.», indicaron los parlamentarios.
No obstante, los diputados indicaron que la Contraloría ha objetado estos gastos, entendiendo que esto beneficia a determinados habitantes y no a la comunidad en general, «interpretación algo ambigua y restrictiva» que no se condice con la jurisprudencia administrativa.
Por ejemplo, señalaron que la municipalidad de Freirina actualmente es objeto de un juicio de cuentas por autorizar la inversión de los recursos mediante presupuestos participativos, «afectando directamente a funcionarios condenándolos a restituir los pagos realizados por este concepto, suma que asciende a más de $50 millones».
El municipio pidió a la Contraloría Regional un pronunciamiento.
El organismo fiscalizador resolvió que no observa inconvenientes en destinar recursos de patentes de amparo de concesiones mineras a los presupuestos participativos, siempre que se trate de obras de desarrollo comunal y que satisfagan en forma directa e inmediata una necesidad de la población comunal, lo que debe ser ponderado caso a caso por el municipio.
Por ello, los parlamentarios piden una modificación legal para explicar en detalle lo que se entiende por desarrollo comunal y qué obras, acciones o servicios pueden realizarse.