(El Mercurio) En Chile, el poder de asignar los recursos está hoy en Santiago, en manos del gobierno central, con el 85% de la toma de decisiones; mientras regiones y municipios asignan en forma autónoma la pequeña fracción restante. Pero eso podría cambiar con la meta propuesta hacia 2020: que el nivel central quede a cargo de definir solo el 65% del gasto fiscal y los gobiernos locales eleven del 15% al 35% su participación.
Es el objetivo con que trabaja un grupo transversal de cerca de 40 expertos, recogiendo ideas en todo el país al alero de la comisión asesora presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional, que deberá entregar en octubre un informe final a la Presidenta Bachelet con las propuestas que permitan dar pasos para descentralizar Chile.
El presidente de la comisión, Esteban Valenzuela van Treek, dice que, luego de tres meses de trabajo, a fines de junio entregaron a la Mandataria las primeras medidas concordadas, entre las que destaca la elección de intendentes en octubre de 2016 junto con la elección de alcaldes; y crear una ley de rentas regionales que permita a las regiones participar en la recaudación nacional. Esta iniciativa, que tendría que debatirse en el Congreso a fines de 2014 o en 2015, propone elevar gradualmente el impuesto minero ( royalty ) de una tasa actual promedio de 3,8% a una de 5% en 2020 y el traspaso de estos recursos a las regiones, sin considerar a Santiago (RM).
Los datos oficiales indican que hoy el 80% del royalty se reparte a través de la Dirección de Presupuestos en el aparato público y un 20% se destina a fondos de innovación (US$ 150 millones de dólares), cuya fracción se mantendría con consejos regionales para definir este tipo de proyectos.
Los recursos provenientes del impuesto específico a la minería, explica Valenzuela, podrían significar unos US$ 1.000 millones al año 2020, y se repartirían con la siguiente fórmula: 25% para el o los municipios donde se inserta la minera; 25% para la región respectiva, y un 50% para el nuevo Fondo de Convergencia Regional (FCR) para combatir brechas sociales en las regiones más rezagadas.
«El FCR es un sistema solidario interregional. Lo tiene España y otros países. No es solo inversión física; la idea es que sea más flexible y se pueda invertir en programas pactados con un ministerio. Así, por ejemplo, en Tocopilla, si faltaban especialistas en el hospital por falta de recursos, ahí está este fondo», señala. En las zonas más pobres, agrega, como Maule Sur o La Araucanía, en que hay comunas pobres e índices de salud y desempleo bajo el promedio nacional, se requieren estos programas sociales.
Además, se plantea incorporar varios tributos descentralizados: que los puertos paguen 50% de lo que dan al Estado en las comunas y regiones en que se encuentran; establecer patentes a centrales generadoras de electricidad en la zona en que se insertan; al igual que a las explotaciones forestales y a las sedes de cadenas de retail y otras. Son ideas que los expertos creen que podrían ser incluso consideradas en el trámite de la actual reforma tributaria.
Otra idea sugiere que los gobiernos regionales puedan endeudarse en hasta un 7% de los ingresos que recibe la región al año para desarrollar megaproyectos, ya sea de transporte, conectividad vial u otros.
Esta nueva ley de rentas será un punto de partida, dice Valenzuela, pues hará que las regiones recauden el 5% del total nacional en 2015, para luego ir creciendo un punto porcentual al año hasta llegar al 10% en 2020.
Cambio de competencias
La torta de recursos que crearía la ley propuesta sería administrada con autonomía por los gobiernos regionales, por los consejos regionales elegidos y presididos por los intendentes, también elegidos (o presidentes del gobierno regional). Esta ley debiera ingresar simultáneamente con la de elección de intendentes, sugiere la comisión.
Respecto de la estructura administrativa, se plantea un traslado de competencias desde el nivel central en áreas que son críticas e importantes para el desarrollo, y para ello se propone crear tres divisiones dependientes del Gobierno Regional: Desarrollo social y cultural; infraestructura y transporte, y fomento productivo e innovación.
Al trabajo del gobierno regional se sumarían los consejos metropolitanos en las macrozonas urbanas, integrados por los alcaldes, para decidir sobre proyectos de desarrollo de las grandes ciudades como Valparaíso y Concepción, entre otras.
En Calama
El de julio se realizará el próximo plenario de la comisión, que ya ha sesionado en otras zonas. Gradualidad en traspaso de servicios públicos
Como medidas de descentralización administrativa, se plantea llevar desde el nivel central a los gobiernos regionales la dependencia de varios servicios públicos y programas.
En 2015, serían Corfo, Sercotec, Sernatur e Indap, que operarían con direcciones regionales.
En 2016, Sence, Fosis, Injuv, Instituto Nacional de Deportes, Sernam, Senama, Min. de Cultura y Min. de Deportes.
En 2017, las direcciones regionales de Arquitectura, Obras Portuarias, Vialidad, Obras Públicas, Serviu y Transportes.
En paralelo, se contempla crear sistemas de incentivos para formar y atraer capital humano a las comunas y regiones; fortalecer las universidades locales y crear una red de centros de pensamiento estratégico territorial.