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Puertos exigen que otros actores del comercio exterior también costeen proyecto de Gobierno

Operadores privados de terminales critican gravamen a carga transferida para financiar gastos de la iniciativa.

(El Mercurio) A inicios de junio ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto conocido como “Ley Corta Portuaria”, que tuvo que impulsar el Gobierno a raíz del paro portuario nacional de enero de este año. Los trabajadores se movilizaron principalmente para pedir que se les pagara media hora de colación que se les adeudaba entre 2005 y 2013.

El proyecto recoge esa demanda de los sindicatos portuarios y -en síntesis- apunta a mejorar la condiciones laborales del rubro y la institucionalidad del sector. Para financiar las acciones de la iniciativa se crea un fondo -con vigencia hasta 2018- que será administrado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el cual recibirá aportes provenientes de la aplicación de un gravamen que consiste en US$ 0,3 por cada tonelada de carga transferida por todas las empresas portuarias (concesionarias privadas de terminales estatales, puertos privados y fiscales sin operadores). Las transferencias a ese fondo serán por un máximo anual de US$ 10 millones.

La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) estimó hace unos días que el proyecto de ley recaudará en total cerca de US$ 155 millones, monto que consideran como “desmedido”.

En la Camport y al interior de puertos privados y concesionarios de terminales estatales coinciden en que las compañías portuarias no deben ser las únicas que financien la iniciativa del Ejecutivo, sino que también importadores, exportadores y todos los actores del comercio exterior que se beneficien de la estabilidad que el proyecto busca para el sector.

Consultado respecto de quiénes serían otros beneficiarios que deberían costear el proyecto, el presidente de la Camport, Jorge Marshall, comentó que “el sector comercio exterior es amplio, donde hay distintos actores. Ronald Bown (presidente de Asoex) fue a la comisión de Hacienda en calidad de uno de los actores”.

Ejecutivos de firmas portuarias admitieron estar preocupados por el gravamen a la carga que contempla el proyecto y señalaron que algunos terminales tienen muy bajas rentabilidades. Por ello, añadieron, deberían traspasar a sus clientes el mayor costo de sus operaciones producto de la iniciativa del Gobierno.

Las fuentes reconocieron que las empresas portuarias están alineadas con la postura de pedirle al Gobierno que se incluya a más sectores en el financiamiento. Esta acciones las está liderando la Camport, indicaron.

Marshall admitió que “hemos encontrado buena disposición en el Gobierno para escuchar nuestros argumentos”. El presidente de la Cámara Marítima y Portuaria señaló que ya entregaron antecedentes a la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y han mantenido conversaciones con asesores del Ministerio de Hacienda.

Otro de los puntos que critica la Camport es la injerencia “indebida de la ley en la organización de la faena portuaria y en la fijación de horarios de los turnos, lo que es altamente inconveniente. Incluso, podría llegarse a interpretar que esta ley consagraría turnos efectivos de siete horas, a diferencia del resto de los trabajadores del país”, comentó la entidad en un comunicado público hace unos días.

En otro aspecto, Jorge Marshall añadió que deben existir políticas de capacitación y certificación como “elemento básico para la operación” del rubro. Señaló que hoy existe una política de “habilitación” para el trabajo portuario con otro enfoque.

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