(EFE / AméricaEconomía) La falta de un marco normativo fuerte y la débil institucionalidad de Honduras para regular la minería han derivado en conflictos en municipios hondureños con alta concentración de licencias mineras, alertó hoy un estudio regional.
El informe, denominado el «Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012», fue presentado este martes en Tegucigalpa por economistas del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y la organización no gubernamental Ibis.
En los últimos años, la actividad minera en Honduras «ha ocasionado una serie de conflictos entre el Estado, las compañías mineras y las comunidades» donde se desarrollan los proyectos mineros, subraya el estudio.
Para prevenir o solucionar esos conflictos es necesario que el Estado hondureño cuente con «un marco normativo fuerte (leyes y reglamentos claros y precisos» y con un aparato institucional con la capacidad y voluntad de aplicarlo», destaca el documento.
No obstante, Honduras tiene también «una fuerte debilidad institucional» que ocasiona que la actividad minera «carezca de una debida regulación», señaló el director del Icefi, Jonathan Menkos.
Esa debilidad institucional se manifiesta en «la poca operatividad» del Ministerio hondureño de Recursos Naturales, Ambiente y Minas y la falta de personal calificado, agregó.
«Pese a que la minería goza de muchos privilegios e incentivos para su instalación, desafortunadamente lo que tenemos es una industria que genera más conflictos que posibilidades de desarrollo», subrayó el economista.
En Honduras existen actualmente 72 licencias vigentes para la exploración y explotación minera y hay 102 solicitudes para la autorización de nuevas licencias, según datos del Ministerio de Recursos Naturales, Ambiente y Minas.
Menkos indicó también que Honduras «esta urgido» de realizar una discusión de su modelo de desarrollo, ya que cuenta con altos niveles de pobreza y muy poca gobernabilidad democrática.
La pobreza es un flagelo que afecta a más del 65 % de los 8,5 millones de hondureños, que además sufren los efectos de otros problemas graves como la violencia, que a diario deja un promedio de quince muertos, según cifras oficiales.
Ante el aumento de los conflictos, el economista del Icefi Hugo Noé Pino, dijo que también «es urgente» la generación de «un debate amplio e incluyente» sobre el tema.
Además, considera que se debe iniciar «un proceso de reformas legales e institucionales» con el fin de que el Estado de Honduras regule la actividad minera, que, dijo, «es una industria muy conflictiva».
En cuanto a la contribución de la minería al Producto Interno Bruto (PIB), en Honduras representa el 1,25 %, señala el informe del Icefi.
En Honduras operan American Pacific, subsidiaria de la compañía belga Nyrstar; Minerales de Occidente (MINOSA), de la canadiense Aura Mineral; Cerros del Sur, de la estadounidense Mayan Gold, y Five Star Mining, de la italiana Goldlake Group.
Además está Eurocanteras, también de la compañía Goldlake Investments, con sede en Londres y socios privados italianos, según la Asociación Nacional de Minería Metálica del país centroamericano.