Villarino: “Efecto de reforma tributaria sería menor si se solucionan problemas de competitividad”

Nos gustaría que se pusiera el mismo énfasis, la misma intensidad en la agenda de competitividad del país que en la agenda legislativa, señala el ejecutivo.

(El Mercurio) Es la cara visible del sector productivo que más dinero aporta al fisco y al PIB del país. Joaquín Villarino Herrera, presidente del Consejo Minero, el club de las grandes compañías extractivas que juntas suman el producto interno de cualquier economía del G-7, sale a la palestra pública para “destributarizar” el debate. A su juicio, hay problemas urgentes que a las grandes mineras les pesan tanto o más: la energía, el agua, la productividad.

Por eso valora la propuesta minera, que presentaron esta semana el ex Presidente Ricardo Lagos, académicos y empresarios. “Es una muy buena iniciativa, que se suma con altos grados de coincidencia a propuestas como la que desde el Consejo Minero hicimos llegar al Gobierno en su momento, denominada Minería 2020: Competitividad y Desarrollo. Ya hay material suficiente como aporte al Gobierno para que lidere los cambios indispensables que se requieren para que la minería pueda retomar el ritmo de crecimiento que hemos perdido por falta de competitividad, incertidumbres y obstáculos de diversa naturaleza, y se aproveche todo su potencial para contribuir al desarrollo sustentable del país”.

Sobre el rechazo a HidroAysén, señala que era una “muerte anunciada” y contra lo que muchos actores sostienen, afirma que tener una resolución de impacto ambiental (RCA) hoy “sí garantiza mucho, pero no todo”.

El problema, acota, es que se han judicializado los proyectos. Distingue, eso sí, los casos auténticos -“donde hay personas que sienten que los proyectos afectan sus derechos y recurren a la justicia”- de aquellos en que lo que hay “es un aprovechamiento de temores de la gente, que son exacerbados con desinformación, y se utilizan determinados vacíos legales para poner en jaque a algunos proyectos”.

Ante este escenario, afirma que las empresas deben estar abiertas a un mayor y mejor diálogo y, por otro lado, las comunidades deben ser realistas con sus demandas y “comprender que las industrias no pueden reemplazar al Estado en la satisfacción de necesidades de salud, de educación, de infraestructura, y que el Estado asuma su rol articulador con liderazgo político, lo que se echó de menos en proyectos como Barrancones, Castilla e HidroAysén”.

-¿Hubo déficit político en el gobierno de Piñera ante este reacomodo social?

“Creo que le faltó coraje para sacrificar capital político. Le tocó enfrentar este nuevo escenario social, ante el cual no demostró mucha pericia. Pero hay que ser justos: también fallamos desde el mundo empresarial”.

-¿Y cree que la Presidenta Bachelet usará su capital político para impulsar medidas pro crecimiento y proinversión aunque sean impopulares?

“Si hay algo en que no hay dudas es que la Presidenta tiene capital político. Como todo capital, hay que invertirlo asumiendo riesgos si se quiere un buen retorno… eso habrá que verlo”.

-La agenda legislativa del Gobierno, que incluye reforma tributaria, cambios en materia de agua, energía… ¿ha condicionado las inversiones mineras?

“En el sector minero, por ahora, la agenda legislativa no ha hecho repensar la inversión, lo que ha hecho y hace repensar el desarrollo de nuevos proyectos es la falta de competitividad del país. En minería, de ser el primero del curso pasó a ser uno del montón: de la cartera de inversiones de más US$ 65 mil millones, hoy tiene en ejecuciónUS$ 25 mil millones y tenemos US$ 40 mil millones en evaluación”.

-¿Qué explica la pérdida de competitividad?

“Tenemos costos energéticos que duplican a nuestros países competidores; una grave escasez de recursos hídricos; enfrentamos brechas entre productividad y remuneraciones; contamos con yacimientos de peores leyes, y existe incertidumbre jurídica en la aprobación de permisos. Si antes los proyectos se aprobaban en tres años, ahora se aprueban en seis, y eso tiene un costo financiero altísimo”.

-Con la reforma tributaria y un país menos competitivo, ¿pueden irse empresas mineras de Chile?

“Muy por el contrario a lo que afirman muchos sectores políticos, la reforma tributaria sí afecta a la minería. Pero la reforma tributaria por sí misma no hace que una compañía minera de nivel mundial decida si invierte o no invierte. Decide con un conjunto de elementos, y ese conjunto hoy es en varios aspectos menos bueno que el de nuestros competidores. Si le sumas la reforma tributaria, hace que la situación sea menos atractiva. Por eso, nos gustaría que se pusiera el mismo énfasis, la misma intensidad en la agenda de competitividad del país que en la reforma tributaria. Si se solucionan los problemas de competitividad, el efecto de la reforma tributaria sería menor”.

-¿Si no se avanza en competitividad, dejamos de ser líderes mundiales?

“Obvio. El Fraser Intitute indica que en cuatro años hemos bajado del 4 {+o} puesto al 17. En producción, las cosas pueden cambiar y nuestro liderazgo se puede ver amenazado.

“En el caso de Chile, ese liderazgo también se puede ver afectado si no se cuida Codelco. Es la principal minera de cobre del mundo, que produce un tercio del cobre del país y hoy tiene un desafío gigantesco, financiar sus proyectos estructurales. Requiere de un financiamiento seguro y pensado en el largo plazo; Codelco juega en las grandes ligas, no puede gestionarse sino con los mismos criterios de las grandes mineras del mundo. Si se perjudica a Codelco, el principal perjudicado es Chile”.

-¿Cómo afecta el fin del DL 600 a la minería?

“Afecta a todo el país y no solo a la minería. El DL 600 no es una norma de carácter tributario, es un estatuto de inversión extranjera que tiene solo dos disposiciones de carácter tributario y que es utilizado por inversionistas extranjeros, especialmente la minería, probablemente porque es una inversión de más largo plazo. Además, su derogación no significa ni un peso más de recaudación… no se ha dado ningún argumento serio para derogarlo”.

-Hacienda argumenta que no se usa…

“Sí se usa. La inversión minera mayoritariamente se ha realizado vía DL 600. Un país que legítimamente se puede plantear cambios profundos tiene que, respecto de algunas actividades, otorgar estabilidad, porque los montos involucrados son altísimos, los períodos de recuperación son largos y porque los proyectos trascienden los gobiernos.

-¿Les afecta la norma para regular el uso del multi-RUT en procesos de negociación colectiva?

“Si hay una industria que no juega con los Rut, es la minería. Cada yacimiento es una realidad distinta, con leyes de mineral distintas, costos diversos, distintas forma de explotación: una subterránea, la otra a rajo abierto. Como está redactado el proyecto, podría interpretarse que pueden negociar conjuntamente sindicatos de distintas faenas con un mismo controlador y dirección laboral común, aunque sean, en la realidad, empresas realmente diversas”.

-¿Eso puede obligar a negociar colectivamente a Chuquicamata con El Teniente o El Salvador?

“Entiendo que en el caso de Codelco, por ley, cada una de las divisiones son empresas distintas. Eso nos da la razón”.

“Cambiar el estatuto jurídico del agua no soluciona el problema hídrico del país”

La Presidenta Michelle Bachelet anunció una reforma para darle al agua rango constitucional de bien nacional de uso público. Un cambio que a juicio de Joaquín Villarino no cambiará la situación de la población que, por ejemplo, no tiene acceso al agua por la sequía o falta de infraestructura. “La señora que recibe el agua en aljibe o el problema del pequeño agricultor de la Tercera Región no va a cambiar si se le otorga rango constitucional al carácter de bien nacional de uso público del agua”, enfatiza.

Agrega que la legislación actual ya considera el agua como bien nacional de uso público y garantiza que las personas son prioritarias en el consumo del agua.

A su juicio, el verdadero origen de la escasez hídrica son la sequía más grande la historia de Chile, la falta de rigurosidad en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas y la falta de adecuada fiscalización en su explotación, además de la falta de inversión, innovación y eficiencia.

“Por eso, quien crea que con cambiar el estatuto jurídico del agua va a solucionar el problema hídrico del país, no conoce lo que pasa en Chile, le falta calle, campo y cerro”, acota.

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