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Así se gestó el acuerdo transversal de la propuesta minera

Entre los principales consensos estuvo el reformar el Sistema de Evaluación Ambiental y dar un financiamiento plurianual a Codelco.

(El Mercurio) Todo partió por una serie de llamadas de Álvaro García. A sugerencia del ex Presidente Ricardo Lagos, el ex ministro de Economía contactó, en junio de 2013, a distintos actores para hacer un trabajo conjunto que aportase a las políticas públicas de Chile. García constató, con sorpresa, que había mucha recepción y ninguno de los 13 convocados se restó de participar en un trabajo que los congregó, mes a mes, durante un año, y que se plasmó en el documento “Minería y Desarrollo Sostenible de Chile. Hacia una visión compartida”.

Un jueves de cada mes -solo se suspendió para el 14 de noviembre de 2013, previo a la primera vuelta presidencial- desde las 17:00 horas en adelante, el grupo se reunió en la sede de la Fundación Democracia y Desarrollo, en Providencia. Los encuentros se prolongaban fácilmente por tres horas.

Allí discutieron los principales temas que preocupan a la industria minera, el sector que más aporta al PIB y que genera seis de cada diez dólares exportados por el país. Siempre se contó con un alto quórum, “pese a que era un grupo que viaja mucho”, destacó el anfitrión de las reuniones, Ricardo Lagos.

Los convocados resaltan la actitud abierta que prevaleció, sobre todo en un ambiente político como el actual donde hay más disensos que consensos. “De una u otra forma todos estábamos conscientes de que hay ciertos ámbitos de la vida chilena en los cuales es esencial tener una mirada de largo plazo en torno a principios y valores comunes. El virtuosismo detrás de esto es que es viable buscar consensos entre personas distintas, sin desdecirse de los principios de cada uno”, resaltó el ex Presidente en una reunión con “El Mercurio”, en la que se detalló la gestación de la propuesta minera.

Además del ex Presidente Lagos, en esta cita participaron el ex director de Codelco, Jorge Bande; los ex ministros de Economía Álvaro García y Juan Andrés Fontaine, y el empresario y proveedor minero Rolando Carmona. Ellos junto a los empresarios Jean Paul Luksic y Bernardo Larraín, el académico Patricio Meller, el representante de los trabajadores en el directorio de Codelco, Raimundo Espinoza; el ex director de la Conama, Gianni López, el dirigente del Consejo de Pueblos Atacameños, Rolando Humire; la integrante de la ONG de derechos indígenas, Nancy Yáñez, y la ambientalista Sara Larraín, participaron en la elaboración de esta propuesta.

García explica que la instancia operó con algunas reglas. La primera: ser “un grupo privado con aspiración pública”. Además, mantener en reserva la conformación del grupo y el contenido de las conversaciones.

Una tercera definición fue operar bajo la lógica de que “nada está convenido hasta que todo lo estuviera”, una práctica extendida en el mundo diplomático cuando se negocian temas peliagudos.

Además, acordaron enfocarse en los acuerdos y no en los temas que despertaran disensos entre ellos.

¿Qué viene ahora? Este jueves en la mañana Lagos conversó con el ministro de Energía, Máximo Pacheco, y le envió por e-mail el texto. La titular de Minería, Aurora Williams, lo conoció también el miércoles en La Moneda.

La idea es que otros secretarios de Estado que están involucrados en las materias tratadas -como Medio Ambiente, Hacienda y Economía- conozcan la propuesta, así como centros de estudios, partidos, parlamentarios y organizaciones sociales.

Consensos: proveedores y reforma al SEA

El tema donde hubo más acuerdo fue en crear “cadenas de valor”; esto es, desarrollar una industria de proveedores tan potente como la de países mineros como Canadá y Australia.

Rolando Carmona, presidente de Drillco Tools y representante de la industria proveedora, hace ver que en Chile hay unas cinco mil compañías de este tipo -70% de ellas empresas pequeñas-, donde el 40% de su mano de obra es técnico-profesional. Ahí es clave salir al exterior y exportar servicios mineros al resto de los países mineros de América Latina y el mundo.

En la reforma al Sistema de Evaluación de Ambiental (SEA), especialmente sobre el acotar el rol del Comité de Ministros, “no hubo ninguna voz de disenso”, señaló Álvaro García.

Lagos explicó que en este punto hubo dos temas clave. El primero es que debería haber un sistema de evaluación más general basados en principios, más que un conjunto de exigencias. “Hay proyectos en los cuales se hacen 1.500 exigencias, ¿qué cuerpo (del Estado) es capaz de medir esas 1.500 exigencias?”, ejemplificó.

El ex Presidente dijo que también hubo acuerdo pleno en que se debe “evitar la judicialización” de los proyectos de inversión. En ese sentido, Fontaine aclaró que esta reforma al sistema ambiental es extensiva y necesaria para el resto de los sectores productivos.

También hubo concordancia en que un porcentaje de los ingresos públicos generados por los proyectos del sector queden en las regiones mineras, para que financien obras de infraestructura o desarrollo social en las comunidades o zonas donde se emplacen.

Debate sobre privados en Codelco y reforma tributaria

A nivel de disensos, Codelco y el sistema tributario fueron los aspectos más controvertidos.

En Codelco, aclara Bande, las reflexiones sobre el gobierno corporativo, la necesidad de capitalizar a la estatal y de que este financiamiento sea plurianual fueron previos a los últimos acontecimientos en la compañía, como la salida de Thomas Keller de la presidencia ejecutiva. El aspecto más polémico referido a Codelco fue el eventual ingreso de privados a su propiedad. Se discutió, pero no hubo acuerdo al respecto. “Pero está puesto en clave en el documento”, dijo Fontaine entre risas.

Tampoco hubo consenso sobre los impuestos y el efecto de la reforma tributaria en la industria.

El tema impositivo tuvo una dificultad adicional en el debate: las cifras. No hay datos comparables en igual fecha para determinar la carga tributaria efectiva que paga la minería en Chile comparada con otros países. Por eso, señaló Fontaine, se acordó sugerir que Chile suscriba el acuerdo EITI (Extractive Industry Transparency Iniciative) por el cual los gobiernos deben detallar licencias, recaudación y distribución territorial de los impuestos.

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