(La Tercera) Es su primera entrevista desde que dejó la gerencia general de HidroAysén, en abril de 2010. Sin embargo, para Hernán Salazar, el primer ejecutivo que lideró la fase inicial del emblemático proyecto rechazado el martes por el Comité de Ministros -integrado por los titulares de Energía, Salud, Medio Ambiente, Minería y Agricultura-, sigue siendo bueno para Chile.
“Lo fue en la década del 50 y sigue siéndolo, aunque se haya suspendido, porque pone en evidencia lo doloroso que será no tener los recursos hidroeléctricos”, afirma.
Dice que la decisión de los ministros es política y no técnica, e incluso compara el hecho con lo ocurrido en el gobierno de Sebastián Piñera cuando un llamado telefónico detuvo la construcción de la central a carbón Barrancones, de GDF Suez.
Por eso, opina que la solución al tema es que el Estado se modernice y se articule una Agencia de Energía Eléctrica independiente del vaivén político y que establezca políticas de largo plazo.
¿Qué opina de la decisión del comité interministerial?
En el tema energético, Chile ha tocado fondo. Tenemos una arquitectura institucional que no corresponde con las aspiraciones que tenemos como miembros de la Ocde. Me parece que le hace mal a la institución de la Presidencia de la República decidir qué central se hace, dónde y cómo. Vimos lo que le pasó al (ex) Presidente Piñera; ahora vemos cómo la Presidenta Bachelet ejerce la misma facultad. Me parece, para parafrasear con la coyuntura del mundial, que es poco prudente, porque es como que el presidente del club quiera entrar a jugar a la cancha y decida qué jugador juega o no, cuando el entrenador lo podría hacer mejor.
Las funciones del presidente pueden resguardarse mucho mejor fuera de la cancha.
¿Lo del martes es una intervención directa como el caso Barrancones?
Sí. Pienso que para los efectos tácitos, el resultado es el mismo. Las motivaciones a lo mejor no son las mismas, porque cada proyecto es distinto. Incluso la región donde se instalan tiene comunidades y necesidades diferentes. Pero, en la práctica, es poco prudente que la institución de la Presidenta de la República se vea afectada por este tipo de decisiones.
El Comité de Ministros opina que el proyecto fue mal hecho, que está mal concebido ¿Qué piensa usted?
En HidroAysén se trabajó con siete universidades, 170 doctores magísteres en todas las ciencias de la tierra y con expertos en el sistema de evaluación ambiental. Ninguna de esas asesorías se adjudicaron al más barato; se adjudicó siempre a la mejor metodología, a la mejor plantilla académica y currículum. Por lo tanto, no me cabe duda que los estudios tuvieron un tratamiento adecuado de acuerdo a las condiciones legales de la época. Ahora, cuando pasan seis años obviamente que la línea de base cambia y si se mira hoy el proyecto, por supuesto que no es el mismo. La naturaleza es muy dinámica y va cambiando. Además, el proyecto fue sometido a un escrutinio muy profundo, amplio, y todas las preguntas se respondieron.
¿Cuál es el trasfondo entonces?
Evidentemente hay un cuestionamiento de la sociedad que es de tipo sociopolítico al proyecto, por tanto, saquemos la cuestión científica del razonamiento. Es mucho mejor sincerar las cosas y decir que el proyecto HidroAysén no gusta, porque a lo mejor concentra mucho una cuota de mercado entre Endesa y Colbún, que son actores importantes, y acentúa la concentración, por ejemplo. Es mucho más honesto decir derechamente que eso es lo que pasa y así saber a qué atenerse (…) Me acuerdo cuando ingresamos el estudio ambiental, a los 10 días hábiles, con sus 10.000 páginas, 64 tomos, dos años de trabajo y 170 especialistas, todos del mayor nivel y hubo una declaración del Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que el estudio no estaba a la altura.
Hay que sacar las conclusiones. ¿Qué podría venir después de eso? Ahí se dio la primera señal.
¿El argumento de los ministros es que fue una decisión técnica?
Un Comité de Ministros, por naturaleza, decide políticamente. Por lo tanto, su decisión fue política.
Cuando dice que en seis años la línea de base cambia ¿Atribuye ese cambio a la demora del proyecto?
No. Soy un convencido de que, en general, la insaciabilidad del escrutinio es inversamente proporcional a la voluntad política respecto de la iniciativa. La mecánica de nuestro sistema de evaluación ambiental intenta tomar una decisión respecto de una foto instantánea de lo que está sucediendo en el medio que será intervenido, pero lo que ocurre es que en la práctica el medio sigue cambiando y los estudios no lo consideran. ¿Cómo han conseguido esto en otros países? Cuando el proyecto se autoriza y entra en ejecución, el titular ha arriesgado mucho y ha puesto capital en juego y mientras más avanza el proyecto, la disposición a remediar o reparar cualquier daño es mayor que cuando no ha comenzado. Es la lógica, por ejemplo, en Canadá, que ambientalmente tiene mucho que enseñarnos.
¿Qué pasa en Chile?
Lo que está ocurriendo es que nuestra institucionalidad nos quedó chica; es urgente que el Estado evolucione. Tenemos que pensar de qué manera podemos crear un Estado moderno con instituciones inclusivas, como es la Agencia Nacional de Energía, que sean capaces de incorporar el largo plazo y de entender las preocupaciones de la comunidad, de los ambientalistas y de la academia. También las preocupaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (…). Hoy los tres poderes del Estado están tensionándose entre ellos. De hecho, la decisión del Comité de Ministros va en contra de una situación que había sesionado la Corte Suprema. También vemos que se emite una Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto (RCA) y luego se revoca.
En su administración se hizo un gesto al rebajar la capacidad de inundación del proyecto. ¿Se debió haber dado más señales?
En la fase en que estaba hasta abril de 2010 tenía alternativas.