(El Mercurio) Ocho invitados entre centros de estudios, abogados y economistas llegaron ayer a exponer sus aportes e inquietudes respecto al proyecto de ley de reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara Alta.
Luego que la ronda de la tarde partiera con la intervención del abogado Juan Manuel Baraona (ver recuadro), el economista senior del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), Luis Felipe Lagos, expuso cerca de 35 minutos.
A su juicio, el principal problema de la reforma tributaria es el cambio de base retirada a base atribuida, lo que calificó como un experimento. «No existe un país donde se tribute sobre base atribuida», sostuvo.
«Sabemos que los efectos de subir las tasas al 35% van a ser dañinos a la inversión y el ahorro, pero si usted le suma que cambia el régimen de base retirada a base atribuida, es tirarse a una piscina, no sabemos cuáles son los efectos y pueden ser mucho mayores sobre inversión, sobre empleo y sobre el crecimiento», agregó.
En este sentido, dijo que el sistema actual a base de retiros diferencia entre utilidades reinvertidas y el consumo, y el FUT es solo un registro contable de eso. Advirtió que cambiar el sistema y pasar a uno que grava la inversión y el ahorro lleva a un menor retorno de esta y, por consiguiente, la inversión debiera caer. El segundo inconveniente del proyecto a su juicio es la tasa de impuesto del 35%, lo que dejaría a Chile como el tercer país con tasas más altas respecto a los países ricos, tras Japón y EE.UU., dijo Lagos.
Por su parte, el economista y presidente de Espacio Público, Eduardo Engel, discrepó de lo anterior e indicó que no está claro que el FUT haya tenido un rol importante en las altas tasas de crecimiento posteriores a 1986, porque hubo muchas reformas en el período y, además, al menos parte del boom de la inversión y el ahorro de la segunda mitad de los 80 fue cíclica.
Engel planteó que hay distintas formas de terminar con el FUT y ninguna de ellas es mejor que la otra porque tienen distintos efectos. Enunció tres, la primera de ellas, mantener la propuesta del proyecto de reforma tributaria cuya ventaja es la equidad horizontal, en el sentido de que las rentas del capital pagan igual que las rentas del trabajo. La desventaja es que no tiene incentivos para la reinversión de utilidades.
Una segunda opción sería desintegrar, donde las empresas y las personas pagaran impuestos por separado, por ejemplo las corporaciones tributando con una tasa de 30% y la distribución de dividendos un 10%, con una tasa marginal máxima para el impuesto a las personas de 35%, y un esquema diferenciado para las pequeñas empresas.
Una tercera opción es parecida al esquema actual: mantiene el sistema integrado; sube el impuesto de 1ª categoría de 20% a 35%; la tasa marginal máxima del impuesto a las personas baja de 40% a 35% y no es necesario pasar a tributación por base devengada.
El economista indicó que con la reforma propuesta la carga tributaria subiría de 19%, en que se ha mantenido por casi 30 años, al 22%, aun por debajo de la carga de países con ingresos similares. Agregó que el esquema actual implica una mala distribución del ingreso porque los sectores altos contribuyen poco con el pago de impuestos.
Abogados critican la complejidad del sistema de renta atribuida y plantean diferencias por su constitucionalidad
El abogado Juan Manuel Baraona se mostró partidario de mantener el sistema actual, con un régimen donde los propietarios de las empresas paguen sus impuestos cuando retiren las utilidades, y establecer una tasa corporativa diferenciada, que podría partir con un 5% para las pequeñas empresas, luego una tasa intermedia, y para las compañías más grandes un 30%.
Según sus estimaciones, con su propuesta, la recaudación podría ser la misma considerada en el proyecto de ley e incluso más alta.
A su juicio, el proyecto de reforma tributaria que se discute en el Congreso presenta problemas de constitucionalidad respecto de la renta atribuida, por cuanto una retención (como la del 10%) supone que haya un impuesto, pero este impuesto no se ha producido si todavía no hay un reparto de las utilidades o dividendos. Es más, hay muchas empresas cuyas juntas de accionistas pueden decidir no repartir las utilidades.
En el mismo tema, los académicos del Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile Gonzalo Polanco, Javier Jaque y Juan Pablo Cabello señalaron que existe consenso en la alta complejidad del sistema de rentas atribuidas que contempla el proyecto, por lo que indicaron que se debe estudiar la necesidad de desintegrar el sistema.
Este cambio significaría que el impuesto de primera categoría por las utilidades de las empresas deje de ser crédito contra el global complementario, con lo cual se incentivaría la reinversión de las utilidades. Hizo presente que el problema de las rentas atribuidas es que atenta contra un principio básico que es la «simplicidad» del sistema tributario, lo que, a su vez, conlleva un ahorro en recursos para fiscalización y da mayores facilidades a los contribuyentes para cumplir.
En la misma línea, el abogado de la Fundación Jaime Guzmán, Sergio Illanes, dijo que «la reforma es un mal diseño que, por razones políticas, anticipa tributación vulnerando todos los principios de la propia Ley de la Renta y generando un bicho exótico, a la manera de una renta presumida».
Una visión distinta planteó el abogado Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional, quien dijo no encontrar ningún viso de inconstitucionalidad en el proyecto.
Argumentó que la Constitución del país establece en su artículo 19 número 20 cuáles son los márgenes a que debe limitarse el legislador tributario y, al mismo tiempo, las garantías del contribuyente. Bajo estos parámetros, Zapata sostuvo que la Constitución es un «marco» que puede aceptar diversos tipos de sistemas tributarios, por lo que el legislador puede elegir la política más adecuada que estime para el bien común.
Más en lo específico, discrepó de las afirmaciones de que el establecer rentas atribuidas sería inconstitucional por atentar contra los derechos de propiedad y de asociación. Recalcó que el concepto «renta» tiene un sentido muy amplio y equivale a la expresión «acrecimiento patrimonial», tal como lo señaló el TC en un reciente fallo, lo que permite que cada país «dibuje» con mucha amplitud la base imponible y el hecho gravado.
Horizontal ve riesgo de nueva elusión
Bajo la perspectiva del centro de estudios Horizontal, aprobar una reforma de esta envergadura, sin cierto consenso ni debate real, puede tener peores efectos que la reforma en sí misma, debido a que la incertidumbre es una de las principales variables que afectan a la inversión.
El economista Fernando Medina enfatizó en que no es posible asegurar que esta reforma no tendrá impacto en la inversión. «Si bien es difícil cuantificar el efecto, lo más probable es que afecte la inversión, ya que impacta al ahorro y en Chile el mayor porcentaje de ahorro es el que hacen las empresas», precisó. Además, «no hay ninguna alternativa para sustituir la eliminación del FUT y el pasar de renta retirada a renta devengada», añadió.
Medina advirtió además sobre los riesgos de la complejidad del cambio: «Esto de pasar a renta atribuida, no necesariamente implica que los malos usos del FUT van a terminar, debido a que el sistema es muy complejo de implementar y probablemente se van a abrir espacios nuevos a la elusión». De ahí que su propuesta apunte a corregir el actual sistema tributario en vez de crear uno «tan novedoso», cerrando los actuales espacios de elusión. Una forma, dijo, es permitir a las empresas diferir el pago de impuestos, pero no de manera eterna como hasta ahora, sino estableciendo plazos y cobrando interés por la utilización de este beneficio.
Cenda critica no tocar a mineras
Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda), respaldó la reforma, pero dijo que es perfeccionable. En ese marco, criticó que se haya dejado afuera el royalty minero. Parece que las grandes mineras gozan de una «influencia considerable» y la reforma «no les toca un pelo», dijo. Agregó que se favorecen, además, de la depreciación instantánea y del fin del FUT. Pidió, además, no reducir tasas del tramo más alto.