(La Tercera) El anuncio de la Presidenta Michelle Bachelet de incluir en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público y modificar el Código de Aguas inquietó a agricultores, eléctricas y mineras. Esto no debería haber sido una sorpresa, dice el delegado presidencial para el recurso hídrico, Reinaldo Ruiz: todo está en el programa de gobierno.
Ruiz, economista, ex director de Odepa y subsecretario de Agricultura en el primer gobierno de Bachelet asumió el 28 de marzo, en estos días se ha formado la convicción de que el país tiene suficientes recursos hídricos para satisfacer su demanda, pero están “mal distribuidos y mal gestionados”.
Explica que “la misión que me encargó la Presidenta es hacer un informe y propuestas, que básicamente tiene tres componentes: medidas para enfrentar la sequía y asegurar que esto no vuelva a ocurrir, segundo, revisar la institucionalidad y tercero, proponer medidas para el ordenamiento jurídico”.
Lo primero, dice es enfrentar la emergencia con planes específicos, aunque algunas de esas medidas pueden tener efecto en el mediano y largo plazo. Y apunta a la seriedad del problema de falta de agua para consumo humano. “Nunca en la historia, creo yo, habíamos tenido tantas familias en Chile abastecidas por camiones aljibe, estamos hablando de 400 mil personas en el país, incluso en lugares tan impensados como Ancud. El costo para el Estado es de US$ 6 millones a US$ 7 millones mensuales”, dice.
Menciona el Aconcagua, intervenido con un decreto de escasez hídrica del Ministerio de Obras Públicas para asegurar el consumo de Valparaíso. Fuera de los decretos, que duran seis meses, “tenemos muy pocos instrumentos como Estado para intervenir”.
Y cambiar eso requiere que quede establecido en la Constitución que el agua es un bien nacional de uso público: como el Código de Aguas dice que se puede disponer de los derechos de agua que se otorgan, “uno se hace dueño de ese derecho y eso queda amparado por el artículo de la Constitución que regula el derecho de propiedad (…). Así queda claro que nadie puede tener propiedad privada del agua”.
Ruiz asegura que no están “en contra de las eléctricas, los agricultores o las sanitarias, estamos contra los especuladores que han abusado de un derecho que se les concedió gratuitamente. Además, es bien difícil entender que el Estado pueda otorgar esto a perpetuidad. Tiene que haber causales que signifiquen la extinción de los derechos. Y hoy no las hay”.
¿Piensa expropiar los derechos existentes? “Nunca he hablado de expropiar o nacionalizar el agua, ni nada por el estilo. Estos son derechos concedidos por el Estado y el Estado tiene todo el derecho a pedir que se los restituyan. Y eso hoy no se puede. No estamos expropiando ni nacionalizando, porque es devolver algo que siempre le perteneció a la nación toda”.
Enemigo único: la especulación
Ruiz asegura que quienes hacen un uso adecuado de los derechos que se les otorgaron pueden estar tranquilos. El problema, dice, es que el sistema “se ha prestado para abusos y especulaciones, gente que solicita derechos de agua para un determinado propósito, los recibe pero no los inscribe en el registro para evitar el pago de patentes, y los guarda”. Eso limita la posibilidad de que otros puedan dar un uso productivo a esos recursos. “No corresponde que el Estado te haya dado gratuitamente un derecho, que puedas venderlo y obtener ganancias”, aunque desde el punto de vista legal sea impecable.
Sobre si afectará esta decisión a las eléctricas, Ruiz prefiere no hablar de un sector en particular: “Nos interesa que en Chile haya generación hidroeléctrica. Aquí todo el mundo tiene que tener la seguridad de que si están actuando bien, no van a tener problemas. Hay un solo enemigo: los especuladores”.