Deficiencias presupuestarias, de infraestructura y de personal al interior de la Superintendencia de Medioambiente están afectando la capacidad de la institución para poder sancionar las infracciones a la normativa vigente. Así lo señaló el titular del organismo fiscalizador, Cristián Franz.
En una presentación ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la autoridad informó que de 1.300 casos denunciados que pasaron el test de admisibilidad, 137 siguieron a la etapa de solicitud de actividad de fiscalización. De dicha suma, puntualizó, 83 fueron absorbidos por la unidad de fiscalización efectivamente y solo 27 terminaron con procedimientos sancionatorios.
Para Franz, “esto muestra que en materia de denuncias hay, sin dudas, un trabajo muy importante que hacer, porque una institución como esta, que debe estar al servicio de la ciudadanía, tiene que tener una capacidad de respuesta mucho mayor. Tiene que tener más recursos para responder a esa demanda ciudadana de fiscalización y de control de aquellas actividades que sienten o consideran que vulneran sus derechos en materia medioambiental”.
Añadió que cuando la Superintendencia efectúa la programación de sus actividades de fiscalización, lo hace pensando tanto en sus propios recursos como en el de los 15 organismos sectoriales que tienen competencia en esta área. Ejemplificó que el presupuesto global de todas las instituciones destinado para fiscalizar las resoluciones de calificación ambiental (unas 15.0000) es de $2.000 millones, mientras que los montos reservados para verificar el cumplimiento de las normas de calidad en todo el país, en 2014, ascienden a $50 millones.
Asimismo, comentó a la Comisión de Medio Ambiente que la Superintendencia tiene cerca de 100 empleados en todo Chile, siendo solo tres regiones las favorecidas con una planta mayor a diez personas. En el resto de las regiones, precisó, sólo hay un funcionario que carece de oficina propia y de otros elementos fundamentales para efectuar las tareas de fiscalización. Afirmó que algunos estudios indican que se debe cuadruplicar los recursos, tanto en materia técnica como humana, “para realizar una gestión decente”.
Adelantó, además, que por encargo de la Presidenta Michelle Bachelet, se llevará a cabo un fortalecimiento institucional que pasará tanto por una reestructuración interna, como por la ejecución de un plan de reforzamiento presupuestario, de personal y de infraestructura, a partir de 2015.
“La buena noticia es que nuestro Gobierno está comprometido en consolidar esta institución y eso significa, en primer término, poder consolidar la presencia regional de la Superintendencia. Hoy no tenemos oficinas regionales salvo en tres y el programa de la Presidenta es llevarla, dentro de los cuatro años de Gobierno, a las 15 regiones”, subrayó.
Asimismo, explicó que impulsará un plan estratégico 2014-2018, destinado a fortalecer la coordinación con los organismos colaboradores a través de lo que se ha llamado “la red nacional de fiscalización ambiental”.