(La Segunda) Declaraciones de los empresarios Daniel Yarur y Wolf von Appen, de miembros del directorio de las «sociedades cascadas» Pampa Calichera y Potasios de Chile, y de Timothy Purcell, vinculado al fondo de inversión Linzor Total Return, incluye la última orden de investigar anexada a la carpeta de investigación del caso.
Se trata de diligencias instruidas originalmente por el fiscal de la zona Oriente, Felipe Díaz, quien tuvo en sus manos las indagatorias hasta fines del año pasado, pero que luego complementó con nuevos requerimientos el fiscal que actualmente lleva la causa, el jefe de Delitos Complejos de la zona Centro Norte, José Morales. Todo a raíz de las solicitudes del abogado querellante, Mauricio Daza.
Yarur y Von Appen frente a la Bridec
Tanto Daniel Yarur (empresario y ex superintendente de Valores y Seguros en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle) como Wolf von Appen (del holding Ultramar) fueron interrogados por la Bridec en su calidad de miembros (ex, en el caso de Yarur) del directorio de la empresa Soquimich. Los testimonios fueron entregados voluntariamente en octubre del año pasado y duraron 25 minutos cada uno.
Ambos contestan prácticamente lo mismo: que no tienen vinculación con las sociedades cascadas accionistas de Soquimich que figuran realizando las operaciones de compra-venta cuestionadas, por lo que no saben nada de esos temas, que el valor de las acciones se define por el mercado y que si alguna vez poseyeron papeles de SQM, se deshicieron de ellas.
Timothy Purcell fue interrogado en su calidad de fundador de Linzor Capital, empresa que al momento de las operaciones cuestionadas era dueña de Linzor Total Return, el fondo que compró 5 millones de acciones de SQM, que mantenía en su poder la cascada Global Mining y que, en el mismo día 29 de marzo de 2011, vendió a un precio superior a la también cascada Oro Blanco.
Dijo que producto de conversaciones con Canio Corbo y Tomás Hurtado, su compañía Linzor Capital, decidió tener participación en la sociedad HC S.A. que ellos dos tenían y que después le cambiaron el nombre a Linzor Asset Management, de la cual dependía Linzor Total Return.
Los administradores eran, dijo, Canio Corbo y Tomás Hurtado.
Sobre las ventas cruzadas en las que Linzor actuó, Purcell sostuvo que no tuvo conocimiento ni injerencia, y que se enteró de ellas por los diarios. Tras ello, en abril de 2012, aceleraron la decisión de terminar las relaciones societarias antes mencionadas, vendieron el área y además exigieron que Corbo y Purcell no volvieran a ocupar el nombre Linzor.
Fiscalía Nacional negó antecedentes al SII
En enero de este año, el Servicio de Impuestos Internos solicitó oficialmente al Ministerio Público los antecedentes relativos al caso para analizar posibles delitos tributarios. La petición fue dirigida al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, quien una semana después contestó -a través de su jefe de gabinete, Ian Badiola- que el artículo invocado no lo facultaba para pedir antecedentes a un órgano autónomo como es el Ministerio Público. En todo caso, puso en conocimiento del SII que entregaría una copia de la solicitud a la Fiscalía Centro Norte, para los fines que ella estimara pertinentes. A los pocos días, la Unidad de Delitos Complejos de esa repartición remitió, al organismo fiscalizador, sin más trámite, los datos requeridos.
¿Por qué no se incluyó renuncia en Oro Blanco?
La semana pasada, La Segunda informó sobre las complicadas reuniones de directorio de Oro Blanco -una de las sociedades Cascada- y la decisión del ex director Francisco Gutiérrez -hermano del abogado de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez- de pegar con scotch su carta de luego que la administración de la compañía no la incluyera en el libro de actas.
Según trascendió, dicha carta no se insertó porque se consideró que en ella el director revelaba aspectos de negocio que no son públicos.
En la compañía echan mano a la Ley de Sociedades Anónimas, que dice que los directores están obligados a guardar reserva respecto de los negocios de la sociedad y de la información social que tengan acceso en razón de su cargo y que no haya sido divulgada oficialmente por la compañía, y que si un director estima que un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene derecho a estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes, derecho que debe ejercerse velando por la obligación de reserva.