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Director del SEA: “Los proyectos de inversión, antes de su tramitación, deben resolver el tema de su relación con sus comunidades”

Uno de sus ejes será perfeccionar la evaluación de proyectos, buscando otorgar seguridad jurídica y técnica tanto a titulares de proyectos como a comunidades. No obstante, insiste en la “responsabilidad” que tienen las empresas en su relación con sus vecinos.

(Pulso) Uno de los principales objetivos de Jorge Troncoso Contreras, director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), es ayudar a evitar la judicialización, que en el último tiempo han enfrentado una serie de proyectos de inversión. Pero más importante que eso, es dar certeza jurídica a las compañías que buscan sacar adelante iniciativas, las que muchas veces no van en línea con las comunidades cercanas.

Por eso, en ésta, su primera entrevista, el directivo hace un llamado a las compañías para que, antes de presentar un proyecto al SEA sociabilicen la iniciativa con quienes van a ser sus vecinos. Con esto, explica, se minimiza una eventual judicialización.

Ingeniero industrial de la U. de Atacama y magister en Geografía de la U. de Chile, antes de llegar al SEA Jorge Troncoso estuvo al otro lado de la vereda. Hasta su nombramiento se desempeñaba como gerente en la empresa de consultoría en ingeniería AMEC Internacional (Chile). Pero antes, entre 2002 y 2006, fue jefe del Departamento de Control de la Contaminación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Y durante seis años, entre 1994 y 2000, fue director regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente en la Región de Atacama.

Uno de los principales ejes de su gestión será la implementación operativa del nuevo reglamento del SEIA, que entró en vigencia a fines del año pasado. En este sentido, Troncoso insiste que durante su administración buscará “perfeccionar la evaluación de proyectos, otorgando seguridad jurídica y técnica tanto a titulares de proyectos como a comunidades y gobiernos locales”.

A su juicio, ¿por qué con el nuevo reglamento han entrado a trámite menos proyectos?

-El reglamento anterior era menos riguroso que el actual, tanto en declaraciones como en estudios. El actual reglamento es más claro y avanza en contenidos, lo cual es positivo para los inversionistas ya que orienta respecto de los análisis que es pertinente realizar. La  idea es que los ingresos sean más complejos, por eso vimos una verdadera explosión de proyectos el último día de vigencia del reglamento anterior, y luego que la curva de ingreso bajara de manera notable los días siguientes con el nuevo reglamento. En todo caso, creo que la curva de ingreso se va a normalizar.

¿Considera que se ha confundido el rol del SEA, pidiéndole que entregue certidumbre a los proyectos de inversión?

-Debemos dejar claro que el rol del servicio es administrar una herramienta que el Estado tiene para gestionar ambientalmente los proyectos. Nosotros tenemos que dar garantías de que el sistema opera de acuerdo a la ley. En ese contexto, nuestro rol es dar garantías de que el proceso se desarrollará en un marco técnico y jurídico apropiado.

¿Se tiende a creer que el SEA puede resolver las trabas de los proyectos?

-El servicio no es la panacea ni el remedio universal que resuelve todos los problemas ambientales del país. Somos la herramienta encargada de incorporar la dimensión ambiental en los proyectos de inversión privados y públicos (…). Pero tampoco somos un mediador ni un buzón de la evaluación ambiental.

Ustedes tienen la facultad de derribar proyectos en etapa temprana. ¿Van a utilizar con mayor frecuencia este recurso?

-Sí, haremos un uso efectivo de este recurso. No queremos transitar entre procesos de evaluación extensos, que ocupan muchos recursos, que demoran años y que en definitiva no cumplen las normativas. Si notamos carencias de información, no dudaremos en terminar la tramitación de proyectos y se lo haremos presente a los titulares.

¿Considera que ha faltado decisión para terminar con proyectos de inversión que no pasan los estándares mínimos?

-Yo creo que ha habido timidez en usar esa facultad, y eso nos ha acarreado un sinnúmero de problemas en los cuales estamos enfrascados hoy en día.

¿Esta sería la génesis de la judicialización?

-Esta puede ser una de las causas que explican, probablemente, las situaciones o problemas de este tipo. No es la única, pero creo que es relevante. O sea, en vez de enfrentar procesos largos y tortuosos, es mejor paralizar la tramitación de los proyectos que carezcan de información esencial para evaluar. Luego, le señalamos de manera temprana al titular que falta información y, por lo tanto, nos evitamos un conjunto de problemas ambos. Tras esto, ellos incorporarán la información faltante a un nuevo proceso.

Pero por muy buena que sea la calidad de la evaluación, siempre está la posibilidad del recurso de protección.

-Cualquier persona tiene la facultad de recurrir a los tribunales, están en su legítimo derecho. Lo que sí tenemos que garantizar es que por nuestra parte los procesos se desarrollen de la mejor forma para que los permisos ambientales cumplan las normas. También debe existir coordinación entre los organismos regionales. Por ejemplo, es impresentable que un seremi tenga una opinión distinta de lo que han opinado las instituciones que dependen de esa organización regional.

¿Cuál es el principal problema de los proyectos de inversión que se presentan a la evaluación del SEA?

-Las empresas deben entender que los proyectos de inversión son, en general, iniciativas que van a una región, que van a una localidad y que son un vecino más. Cuando yo me compro una casa, veo el transporte, cuáles serán mis vecinos, la calidad de la casa y luego de que me convenzo hago la inversión. Creo que los titulares de los proyectos, definitivamente, deben tomar la responsabilidad que les cabe en su relacionamiento con las comunidades a donde llegan.

¿Qué es lo que falta?

-Cuando tengo una gran iniciativa de inversión tengo que insertarme en la comunidad, y de alguna manera obtener la aprobación de ellos. De algún modo tengo que relacionarme, pero previo al ingreso del Estudio de Impacto Ambiental al sistema, no después.

Pero hay una fase de participación, que se denomina Proceso de Participación Ciudadana.

-Si bien hay una fase de participación, el estudio no soluciona los problemas entre las empresas y las comunidades.

La semana pasada tuvieron la conferencia internacional de evaluación ambiental en Chile  (IAIA), ¿que concluyeron?

-Aún cuando nuestro sistema tiene errores, creo que estamos en un muy bien pie con los otros sistemas en Latinoamérica y estamos cerca de países del hemisferio norte. Lo que concluyen todos los expertos de este tipo a nivel mundial, es que los proyectos de inversión, antes de su tramitación, deben resolver el tema de su relación con sus comunidades.

Muchas empresas esperan la promulgación de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para tener más certidumbre jurídica. ¿Qué hará el gobierno actual, realizará modificaciones?

-No es mi competencia esa respuesta, es propio del Ministerio de Medio Ambiente, pero en mi opinión personal considero que la EAE es algo relevante para nuestro país. Es una herramienta previa a la evaluación ambiental y que ahora el Estado de Chile carece. Esta estrategia evalúa las políticas, planes y programas y son previas a que lleguen los proyectos. Acá se pueden definir políticas energéticas o de transportes, por ejemplo. Yo puedo elaborar un proyecto que se enmarque en esa orientación. Acá avanzaremos como país.

Empresas y consultoras dicen que fue una mala idea participar y validar el Convenio 169 sobre pueblos originarios.

-Esto es parte de que nuestro país ingresara a la OCDE, es uno de los compromisos que se adquirieron y debemos asumirlo así. Yo creo que estamos en un proceso de ajuste, lo cual tenderá a normalizarse.

¿Considera que a las empresas les ha costado tomarle el pulso al Convenio 169, a pesar de que ustedes ahora pueden ayudar a los titulares?

-La consulta está regulada y nosotros hemos abierto procesos de consulta. Creo que la participación indígena no es un proceso sencillo ni fácil, no hay una metodología ni estándar; es caso a caso. Por eso los enfoques son complejos y hay que contar con el consentimiento de estas comunidades. Es un proceso nuevo (…). Creo que es el precio de estar a la vanguardia, hemos tenido complicaciones, pero también se ha avanzado.

El gobierno señaló que en la administración anterior se privilegiaron los plazos de tramitación  y se perdió el enfoque.

-Consideramos que anteriormente se estresó a nuestro sistema de evaluación; tenemos plazos establecidos en la ley y reglamentos, eso es conocido. Yo no voy a estresar al sistema ni a nuestros profesionales para pedirles que ocupen menos plazos de los que hay en la ley.

Se crítica que las RCA eran demasiado rígidas, ¿harán algo al respecto?

-Lo hemos notado. Hay cambios que no son de consideración de los proyectos que no modifican impactos, eso lo trabajaremos, está contemplado, ya que hay que entender que los proyectos son entidades vivas que pueden tener cambios. Ahora, lo que está pasando es que en nuestras oficinas nos estamos llenando de solicitudes de pertinencia por cambios menores.

¿Influye en esto las sanciones contra Bocamina y Ventanas?

-Claro que influyó que se levantaran procesos de sanción contra estos titulares. Por eso creemos que tenemos que analizar ciertos cambios a las resoluciones. No podemos pedir un EIA a un proyecto porque éste cambió una puerta o una ventana. Claramente tenemos un tema pendiente en ese ámbito.

Tras de la notificación del Comité de Ministros, de dejar nula la resolución de los ministros de Piñera, ¿cuál es el siguiente paso en el caso HidroAysén?

-Estamos reanalizando cada uno de los recursos que fueron presentados, tal como lo ha señalado el ministro. Resolveremos todas y cada una de las reclamaciones por HidroAysén en el plazo que establece la ley.

Tras los 60 días establecidos por el ministro, ¿se entiende que hay una presión?

-El ministro lo ha planteado, el SEIA ahora tiene el gran desafío de volver al cause institucional, esa es la única meta que tenemos. Y volver no sólo en materia de llevar adelante la tramitación de los proyectos, sino con lo que tiene que ver con los recursos administrativos que fueron presentados al Comité de Ministros, como es el caso de HidroAysén.

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