(El Mercurio) Los 23 días de paro que vivió el puerto de San Antonio en enero pasado -que fue apoyado por otros terminales- generaron una alta preocupación en el país no solo por el impacto económico, sino también por el daño a su imagen y el efecto en la competitividad comercial. Ello, además del debate que surgió por las «nombradas», sistema relacionado con los trabajadores que piden las concesionarias de terminales a las federaciones sindicales para diversas faenas. Las secuelas de ese conflicto aún no terminan, pues el Gobierno debe gestionar el proyecto de ley -que no tramitó la administración anterior- para resolver compensaciones a los trabajadores del rubro ligadas al pago retroactivo de colaciones del lapso 2005-2013.
En A. Latina los puertos chilenos lideran la conflictividad vinculada a paros. Entre 2010 y fines de enero de 2014, los terminales locales concentraron 46% de los días de huelgas del rubro a nivel regional, registrando un total de 143 jornadas, equivalente a unos 4,7 meses. Así lo revela un documento de la Cepal que investigó las paralizaciones en 12 países de la zona.
El análisis detectó que en dicho lapso se registraron 312 días -casi un año- de huelgas portuarias en la región. Argentina ocupa el segundo puesto en cuanto a paralizaciones de este sector, con 15% de las jornadas. Luego está Perú (12%), Panamá (8%) y Brasil (5%), entre otros.
El 76% de las motivaciones de las huelgas en América Latina estuvo ligado a conflictos salariales o demandas por mejoras de condicionales laborales. El 10% fue por oposición a la tercerización de operaciones y el 7% surgió en respuesta a privatizaciones, entre otras causas.
El investigador especialista en Puertos y Logística de la Cepal, Octavio Doerr, comentó que los recientes paros del sector recordaron la importancia estratégica de los puertos para Chile. Por ello, señaló que «el diagnóstico y la discusión acerca del desarrollo del factor laboral, el modelo de relaciones en los puertos y el diseño de soluciones, debería incluir a todos los interesados, los trabajadores, el gobierno, la industria, exportadores, importadores». Ello, para asegurar el futuro desempeño portuario.
Consultada sobre el impacto de estos paros en la imagen y productividad de Chile, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, manifestó que «son situaciones que no siempre dependen del gobierno, pero desde que asumimos hemos conversado con todos los actores involucrados, trabajadores y empresarios, para ver cómo mejoramos las relaciones laborales en un sector muy importante para el desarrollo y crecimiento del país».
Mañana viernes el Ministerio del Trabajo y Previsión Social prevé dar a conocer el cronograma de trabajo para resolver la compensación pendiente -comprometida por el gobierno de Sebastián Piñera- en torno al pago retroactivo de colaciones del periodo 2005-2013 que reclamaron los trabajadores portuarios en el último paro que terminó a fines de enero pasado. Su costo rondaría los US$ 28 millones.
La titular de esa cartera, Javiera Blanco, añadió que «lo que nos interesa es avanzar en la solución de los temas de fondo y lograr acuerdos que permitan generar certeza jurídica y social a todas las partes sobre el funcionamiento de la actividad portuaria del país. Pero sí hemos tomado el compromiso de cumplir lo que la anterior gestión prometió y no cumplió, que es compensar el bono de colación».